Desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero y el gobierno de Donald Trump ha aumentado la presión en Cuba, el gobierno de Ortega-Murillo ha estado operando bajo una mayor paranoia.
Ha entregado el 10 % del país a empresas chinas que controlan más de un millón de hectáreas a través de concesiones mineras a 22 empresas en 84 lotes incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, sentenció el domingo Daniel Ortega, visiblemente debilitado y sentado la mayor parte del tiempo durante la conmemoración de 47 años de revolución sandinista. Las elecciones previstas para noviembre del año entrante, ya no se realizarán y en su lugar, seguirá trabajando con el Parlamento que él controla para, según dice, “poner un muro” a los partidos políticos que pretendan llegar al poder por vía electoral.
🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf
— DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026
A pesar de que Ortega controla los poderes del Estado de Nicaragua y el proceso electoral, teme porque todavía no ha logrado desmontar totalmente a la oposición, y aún la de su propio partido, tal es que el año pasado siguió arrestando varios expartidarios. Por eso sus palabras han sido vistas no como fortaleza, sino como temor.
Aunque en la práctica el anuncio no modifica una realidad conocida por las nicaragüenses. marcada por sucesivos fraudes desde 2008, sí supone la verbalización de lo conocido. Las elecciones presidenciales de 2021 ya fueron el mejor ejemplo de un sistema sin competencia: Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, encarcelaron a todos los precandidatos opositores con posibilidades reales de disputarles el poder a través de las urnas y se adjudicaron el 75,92 % de los votos.
Un proceso de concentración de poder
Durante años, Nicaragua transitó un proceso gradual de concentración de poder. Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y, desde entonces, modificó las reglas del sistema político para garantizar su permanencia. Primero eliminó los límites a la reelección; luego subordinó al Poder Judicial, al Legislativo, a las fuerzas de seguridad y al sistema electoral; finalmente, encarceló o expulsó a sus principales adversarios políticos antes de las elecciones.
Más aún, después de desterrar a todos los opositores, los inhabilitó de por vida para aspirar a cargos públicos al declararlos traidores a la patria y atribuirles otros delitos políticos, dejando solo a partidos que ellos controlan.
Juan Sebastián Chamorro, uno de los siete aspirantes presidenciales encarcelados por el régimen antes de las elecciones de 2021, sostiene que la aspiración de Ortega es transformar Nicaragua en un sistema de partido único, inspirado en modelos como el de China.
Desde el exilio, Chamorro se ha convertido en una de las voces más visibles de la oposición democrática. Después del anuncio de Ortega de eliminar definitivamente las elecciones, afirmó que el mandatario "se ha quitado una máscara más", porque ya no intenta ocultar que su objetivo es consolidar una dictadura familiar sin mecanismos de alternancia en el poder.
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Sin embargo, más que el liderazgo individual de Chamorro, lo que parece preocupar al régimen es la posibilidad de que las distintas fuerzas opositoras logren reunificarse alrededor de una figura de consenso. Diversas encuestas realizadas antes de la represión de 2021 mostraban que cualquier candidato único de la oposición tenía posibilidades de derrotar electoralmente al Frente Sandinista, debido al creciente desgaste del Gobierno tras las protestas de 2018 y la crisis económica y migratoria que vive el país. Ortega conoce ese riesgo.
Los temores de Ortega y Murillo
Ortega y Murillo temen, evidentemente, que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que la disidencia se manifieste y amenace su control del poder. En lugar de organizar unas elecciones fraudulentas, han optado por eliminar por completo la competencia electoral, eso es vox populi.
Con el paso de los años, Nicaragua se ha alzado como una dictadura olvidada en la región, donde a diferencia de presiones y sanciones recurrentes en naciones como Cuba o Venezuela, Ortega ha podido avanzar prácticamente sin reparos en su proyecto de poder unificado.
En términos prácticos, Nicaragua se asemeja hoy más a un sistema de partido hegemónico que a una democracia electoral. La novedad es que Ortega ahora está dispuesto a admitirlo públicamente.
La oposición nicaragüense enfrenta una paradoja: nunca había contado con un rechazo tan amplio hacia el Gobierno en determinados sectores, pero tampoco había estado tan debilitada en su organización.
Además de Chamorro, otros dirigentes como Félix Maradiaga, Juan Diego Barberena, Cristiana Chamorro y diversos movimientos del exilio continúan denunciando internacionalmente la deriva autoritaria del régimen. Aunque permanecen dispersos fuera del país, siguen siendo referentes para amplios sectores de la diáspora nicaragüense y mantienen contactos con gobiernos y organismos internacionales que desconocen la legitimidad del sistema político impuesto por Ortega.
Estados Unidos también tiene voz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el anuncio como una nueva demostración del miedo del régimen a la voluntad popular y advirtió que Washington no permanecerá indiferente frente a la eliminación definitiva de los procesos electorales. Organizaciones de derechos humanos también señalaron que Nicaragua deja de simular una competencia democrática para consolidar un modelo de partido único semejante al de otras dictaduras contemporáneas.
En realidad, el mayor adversario de Ortega no parece ser Juan Sebastián Chamorro ni ningún otro dirigente en particular. Lo que verdaderamente teme el régimen es el voto libre. Si las elecciones fueran competitivas, con observación internacional, partidos legalmente inscritos y candidatos sin persecución judicial, la oposición tendría la posibilidad de capitalizar el profundo descontento acumulado durante años de represión. Por eso, la decisión de eliminar las elecciones constituye una admisión implícita de que Ortega ya no confía en ganar mediante las urnas y prefiere garantizar su permanencia en el poder suprimiendo el mecanismo democrático que podría poner fin a su gobierno.
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