Dentro de los múltiples anuncios de corrupción mencionados en el libro de la “Verdad”, presentado por el gobierno de Abelardo De la Espriella, está el capítulo relacionado con el mundo del trabajo, que es el número 40 en la página 52.
Antes de entrar en detalle frente a eso, hay que hacer una aclaración importante y necesaria, que tiene que ver también con el mundo del trabajo, y es la afirmación de Abelardo De la Espriella sobre que el gobierno Petro creó una nómina paralela de cerca de 900.000 contratistas bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.
Al respecto, no es cierto que sea un asunto del gobierno anterior. Es una histórica práctica neoliberal que se viene realizando desde la época de César Gaviria en 1990, la cual convino en vincular trabajadores no directamente a las plantas de personal para, de esa manera, no reconocerle los plenos derechos laborales y el derecho de asociación sindical y, adicionalmente, hacer trampa en el manejo presupuestal diciendo que son gastos de inversión y no gastos de funcionamiento, aplicando la teoría neoliberal impuesta por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, de hacer creer de que eso es inversión.
Pero habrá que decirle al señor Abelardo que esta situación, el señor José Manuel Restrepo la conoce a plenitud, porque en el periodo de Iván Duque, del cual fue ministro, también hubo más de 900.000 contratos de prestación de servicios. Por lo cual no se entiende su molestia y solo entonces se entiende como una forma de engañar, para señalar responsabilidad que este gobierno arrastra por los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro.
Pero si tanto le molesta, sea entonces esta la oportunidad para que adquiera un compromiso con el país y con los trabajadores de que esos contratistas de prestación de servicios deben ser formalizados, vinculándolos a las plantas de personal y reconociéndoles todos los derechos laborales y sindicales.
Ahora, en el capítulo del libro respectivo al mundo del trabajo ya mencionado, donde se indica que en la reglamentación por decreto de la Ley 2466 del 2025, es decir, la reforma laboral, el gobierno expidió decretos que según el informe el Congreso no aprobó, y por tal no podían expedirse, tales como el Decreto 234 sobre la negociación colectiva multinivel en el sector privado, el Decreto 720 de medidas preventivas en las acciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, y el Decreto 581 sobre restricción sobre tercerización e intermediación laboral ilegal.
Estos decretos los expide el gobierno con base en su potestad reglamentaria que le otorga la Constitución y la ley.
El Decreto 234 establece la negociación colectiva en el sector privado, que es un decreto espejo del Decreto 243 de 2024 sobre negociación colectiva multinivel en el sector público; es decir, el gobierno quiso extender ese derecho que tienen los sindicatos en el sector público al sector privado, y en eso tiene toda la competencia para hacerlo.
Las medidas preventivas en los procesos de inspección, vigilancia y control establecidos en el Decreto 720 hacen parte de las atribuciones y las competencias del gobierno para que los empresarios no estén violando la ley, en términos de los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores en sus puestos de trabajo y, por tal, la autoridad laboral tenga medidas prontas y oportunas, para que sean eficaces en la garantía de dichos derechos, potestad que tiene también el presidente.
Y en el Decreto 581 frente al uso abusivo del empresariado para la intermediación y la tercerización laboral ilegal, encaminada a que empleos misionales y permanentes en las empresas no sean prestados por terceros y, por tal motivo, existe la obligación de que la empresa los contrate directamente. Con este decreto se le pone restricciones a ese uso abusivo de la tercerización laboral, con lo cual desmejoran las condiciones de los trabajadores y les impiden su derecho de asociación y negociación colectiva. Esta es una competencia reglamentaria del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República.
No tiene entonces razón alguna el libro de la “Verdad” de querer hacer aparecer como una acción corrupta del gobierno el hacer uso de la reglamentación de dichos derechos por la vía de los decretos, encaminados todos a proteger los derechos de los trabajadores, en materia del derecho de asociación, de negociación y sus derechos laborales, tal como, entre otros, a tener que a igual trabajo, igual salario.
Queda al descubierto que el caso 40 mencionado en este libro de la “Verdad” está es encaminado a que, derogando dichos decretos, se pueda mantener sobre los vacíos de la ley la violación de los derechos de los trabajadores, permitiéndole al empresario seguir sobreexplotándolos. Esa es la molestia del gobierno del tigre que con los decretos del gobierno de Petro se les acaba la violadera de la ley que necesitan sus empresarios patrocinadores, para mantener en esclavitud a los trabajadores.
En medio de la publicación del libro de la “Verdad”, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, atendiendo a sus patrocinadores empresariales, le ha solicitado a la ministra de Trabajo, la doctora Natalia López, que derogue el Decreto 234, según ella porque se crearían supersindicatos, como si ello fuera un delito; y adicionalmente el representante a la Cámara, también del Centro Democrático, el señor Daniel Briceño, está solicitando que se derogue el decreto con el cual se reglamentó el pago de la seguridad social para los trabajadores de plataformas digitales, en particular los repartidores, aduciendo que con eso se incrementan los costos empresariales por el pago de la seguridad social. Quiere el señor Briceño que no se le reconozcan los derechos a estos trabajadores y por tal motivo los mantengan en el trabajo esclavo como era hasta el momento de la expedición de la reforma laboral Ley 2466 del 2025, que fue un avance para estos y muchos otros trabajadores.
Lo que hay entonces, tanto en el libro como en las manifestaciones y solicitudes de la senadora y el representante del Centro Democrático, es quitarle los derechos a los trabajadores para seguir llenando de privilegios sobre la base del trabajo esclavo a los empresarios del país.
Les molestan los derechos y que los trabajadores tengan mejores ingresos. Nos quieren volver al pasado.
Los trabajadores y los sectores populares sabrán entender y, por tal, defender los derechos que este gobierno de Abelardo, neoliberal y proempresarial, les quiere quitar y arrebatar a los trabajadores y trabajadoras de Colombia.
Postdata: el próximo 11 y 12 de septiembre se realizará en Bogotá un gran encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas para coordinar un plan de acción que dé respuesta a las medidas antiderechos del gobierno abelardista.
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