El suicidio político del gobierno de Duque

A pesar de las recomendaciones que recibió el presidente sobre las objeciones a la JEP, este siguió insistiendo hasta que la torta se le volteó

Por: Felipe Solarte Nates
mayo 03, 2019
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El suicidio político del gobierno de Duque
Foto: Twitter @infopresidencia

Por hacerle caso a los fanáticos de su partido empecinados en oponerse al trámite de la ley estatutaria de la JEP, el presidente Duque, su controlador Uribe y los nostálgicos de la guerra sufrieron una estruendosa derrota al sumarse la mayoría de los senadores conservadores que apoyaban la coalición de gobierno a la lista de los  “mamados” del regreso al pasado de violencia y de los agudos enfrentamientos por el no o el sí al plebiscito, que se empecinaron en revivir los ultras del Centro Democrático durante las sesiones del Senado dilatadas con marrullas.

Faltándole tres años y 3 meses para cumplir su mandato, el presidente Duque no hizo caso de quienes le advertían sobre lo perjudicial de insistir en las objeciones a costa de valioso tiempo para el trámite de las reformas a la justicia, política y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros proyectos claves para el futuro de su gobierno. Al final, sin sacudirse de la sombra siniestra de su maquiavélico y draculesco jefe, quien teme a la verdad, fue llevado al suicidio político deshaciendo los restos de la débil coalición que lo había llevado a la presidencia.

Y es que algo positivo debe tener la JEP, no solo para los guerrilleros, pues mientras en el Senado se intentaba debilitar la unidad de la oposición (la coalición de gobierno intentó desacreditarla y boicotearla por todos los medios), 38 excongresistas, exalcaldes, expersoneros y exgobernadores vinculados en investigaciones por parapolítica (entre ellos el caucano Juan José Chaux Mosquera) acababan de pedir cupo en ella, tal como meses antes lo habían solicitado los controvertidos generales Rito Alejo del Río y el excomandante del Ejército Mario Montoya, antiguos incondicionales del expresidente Uribe. La mayoría buscan acogerse a beneficios en disminución de penas a cambio de contar la verdad.

Mientras en el Senado la votación a las objeciones presidenciales a la JEP andaba, con toda clase de leguleyadas, orquestadas por la coalición de gobierno en cabeza del Centro Democrático y del presidente del Senado (que se atrevió a denunciar la votación mayoritaria que en la Cámara las rechazó) se intentaba torpedear el proceso. Se acudió a toda clase de marrullas, recusaciones, ofertas de canonjías a los senadores indecisos y comprables.

El 23 de abril, Gloria Cecilia Orozco escribía en El Espectador:

“Esta vez los disparos contra la JEP salen de pesados tanques de guerra: en cuanto más se acerca la votación en el Senado, de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz y ante la posibilidad de que se repita la derrota sufrida en la Cámara de Representantes, más potentes son los cañones con que le apuntan para hacerla volar en pedazos, reducir su independencia al mínimo grado y tomar el control de los jirones que queden de ella. Así controlarán también la Verdad, el asunto de fondo que realmente los aterra. En ello anda empleado, casi exclusivamente, el fiscal general, cada vez más manipulador de los hechos, de los medios de comunicación que domina con sus filtraciones, y de la propia justicia que imparte su despacho porque se sabe protegido por el amo del país,(¿será el expresidente?) por el presidente de la República con sus débiles funcionarios, y por el embajador de Estados Unidos, antes su aliado en la sombra, ahora, abierto: ya no hay norma de diplomacia que importe”.

Después que el embajador (¿o virrey?) norteamericano presionó a congresistas para que aprobaran las objeciones presidenciales, quitándole la visa al representante caucano John Jairo Cárdenas, en la recta final de la votación en el Senado, el gabinete en pleno se mudó al recinto del Congreso con sus tractomulados de mermelada para atraer a los senadores y senadoras prostituibles a cambio de puestos en la administración pública y contratos para sus cargaladrillos.

Con interpretaciones acomodaticias a los códigos electorales tramitadas por magistrados amigos del gobierno, ya habían sacado a Mockus del Senado y a Ángela Borrero en la Cámara  y con la feria de recusaciones e inhabilidades, más las propuestas a los senadores sujetos a la ley de la oferta y la demanda, de Cambio Radical, la U y la ASI, buscaron debilitar las mayorías  opositoras en el Senado.

Esa es la moral acomodaticia, que esta vez, para comprar votos, sí aprueba el abuso de la mermelada, que tanto le criticaron al gobierno de Santos.

Las excusas sobre la puesta en peligro de la extradición y la defensa de la de los niños reclutados y abusados sexualmente por la guerrilla, esgrimidas para sustentar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, son publicitadas para conmover a las mayorías manipulables en sus tradiciones religiosas y prejuicios, difundiendo mentiras o verdades a medias, tal como lo hicieron durante la votación para el Plebiscito y posteriores elecciones en  las que por las redes sociales y en los discursos abundaron las noticias falsas.

No hay que olvidar que durante el sometimiento a la justicia negociado por el gobierno de Uribe con los paramilitares, sino es por la Corte Suprema de Justicia que les exigió contar la verdad acerca de sus conexiones con las fuerzas armadas, políticos y empresarios que fueron sus aliados, estos iban a recibir muchos más beneficios que los obtenidos por los desmovilizados de las Farc y que cuando en realidad empezaron a contar la verdad fueron extraditados a los Estados Unidos para que fueran juzgados solo por narcotráfico y no por los crímenes y masacres que cometieron cuando integraron los diferentes bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, formadas a partir de las Convivir que desde la gobernación de Antioquia impulsó Álvaro Uribe Vélez.

Les aterra que las JEP exija la verdad no solo a los guerrilleros. También a los altos mandos militares, políticos y empresarios que apoyaron a los grupos guerrilleros y paramilitares que cometieron masacres, violaciones, desplazamientos y otros crímenes.

Los 38 altos exfuncionarios y políticos que acaban de pedir cupo ya lo entendieron.

Y el presidente Duque, con el cóndor a sus hombros, urgiendo alimentarse con la carroña que le proporcione la guerra que le conviene, pasará a la historia por ser el gobierno más titireteado y vendido a los grandes grupos económicos, financieros, narco-terratenientes-agroindustriales y al gobierno de los Estados Unidos, que en su bicentenario de la "Independencia" ha vivido esta republiqueta bananera llamada Colombia.

Al fin, los senadores mamados de la torpeza y graznidos destemplados de las urracas del Centro Democrático decidieron devolverle el estudio de las objeciones del presidente Duque a la JEP a la Corte Constitucional, que ya le había dado el visto bueno a la ley estatutaria, mientras al mandato de Duque se le agota el tiempo implacable.

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