A través de Alejandro Carranza Cepeda, su abogado de confianza, el presidente Gustavo Petro Urrego le pidió a la Fiscalía el pasado 15 de octubre que le reconociera su calidad de “víctima” dentro de un proceso en curso contra el fiscal Mario Andrés Burgos, el mismo funcionario que llevó a juicio a su hizo Nicolás.
Según el jefe del Estado, el proceso seguido a su vástago no busca en realidad probar que éste pudo haberse enriquecido ilícitamente al quedarse con dineros que iban para su campaña, sino que está dirigido a deslegitimar, de mala fe, su ejercicio como mandatario y a restarle margen de gobernabilidad.
Para demostrarlo, resaltó el tono y el contenido de las preguntas formuladas por el fiscal Burgos, actual delegado ante tribunal superior, durante la indagaría a Nicolás. En su opinión, el funcionario no buscaba establecer el origen y el destino final de los dineros, sino que pretendía exclusivamente saber si el ahora presidente de la República estaba enterado o no.
Petro y su abogado llegaban así a la conclusión de que el fiscal Burgos pretendía pasar por encima del fuero presidencial e invadir órbitas de la Corte Suprema de Justicia, la única que puede investigar penalmente al primer mandatario.
El enfoque de su solicitud, parcialmente acogida por la Fiscalía, llevaba otras cargas de profundidad. Hacía una reconstrucción cronológica para demostrar que la captura de Nicolás Petro y de su exesposa -y ahora testigo en su contra- hacían parte de un libreto, de un “plan instrumentalizado” del que habría hecho parte la actual aspirante presidencial Vicky Dávila.
La cronología comenzaba recordando que en su edición de los días 2 y 3 de marzo la Revista Semana, bajo la dirección de Dávila, publicó un explosivo informe basado en declaraciones de Dayssuris Vásquez, exesposa de Nicolás. El mismo día que comenzó a circular la edición el fiscal Álvaro Barahona, fiscal de Barranquilla, consiguió el allanamiento de detención de Petro y de Vásquez.
A la luz de las normas de procedimiento penal, era materialmente imposible que los hechos se dieran con esa rapidez y que fueran asimilados prácticamente como una “flagrancia”, cuando en realidad de tenía que haber dispuesto con tiempo un plan de trabajo meticuloso y riguroso. “(Algo así) es materialmente imposible como reacción espontánea a la nota periodística, lo que revela coordinación previa y artificio procesal”, señaló el material de la solicitud.
Con la misma velocidad, el caso quedó bajo supervisión de la Vicefiscal Martha Mancera, “pese a señalamientos de vínculos con redes de narcotráfico y denuncias de presión política para mantenerla en el cargo a cambio de modular la investigación contra Nicolás Petro”.
Para presidente y litigante Vicky Dávila, ya sin el sigilo profesional del periodista, sino como precandidata presidencial, “reactivó las filtraciones y manipulaciones probatorias junto con Dayssuris Vásquez, incumpliendo esta última el principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía”.
El cedazo de la Fiscalía
Patricia del Socorro Hernández Zambrano, fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, solo acogió las razones expuestas sobre la presunta conducta sesgada del fiscal Burgos a quien ella investiga.
De seis hitos señalados por el presidente y su abogado únicamente aceptó como pertinente para su actuación el que fue expuesto en la solicitud en los siguientes términos: “Durante el interrogatorio en el Bunker, Burgos formuló a Nicolás Petro preguntas relacionadas directamente con el presidente de la República. (…) Este hecho prueba que el proceso se concibió como un medio para afectar la dignidad y estabilidad institucional del presidente, induciendo en error a la opinión pública y construyendo un juicio paralelo carente de competencia institucional”.
La conclusión que sustenta la decisión de permitir al presidente como “interviniente especial” en el proceso es que el interrogatorio de Nicolás Petro no fue un acto legítimo de búsqueda de la verdad, sino instrumento de presión indebida contra el presidente Gustavo Petro, dirigido por un fiscal sin competencia y filtrado selectivamente a un medio de comunicación que actuó como “brazo político”.
“Este despacho -concluyó la fiscal- considera que se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”.
Inicialmente e abogado Carranza había pedido que su cliente fuera admitido como “víctima con enfoque diferencial”, pero la fiscal consideró que el presidente no necesita de ese reconocimiento porque está protegido por un fuero especial que lo hace diferente a otros ciudadanos que sí podrían quedar en situación de vulnerabilidad en casos similares.
El fiscal Burgos, investigador de Nicolás Petro y ahora investigado por presuntas irregularidades en su actuación, no se ha pronunciado todavía.
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