Texto escrito por: Aníbal Arévalo Rosero
El nombramiento de Viviane Morales en el Ministerio de Educación ha encendido las alarmas en el sector público. Su pretensión de transformar la enseñanza laica en un modelo confesional representa un retroceso de décadas en las conquistas libertarias del país. Es un retorno al oscurantismo que pretende desmantelar un modelo fundado en el pensamiento científico y en la libre elección de culto.
Imponer un dogma dentro de las aulas cercena libertades. En lugar de ofrecer un abanico amplio de corrientes de pensamiento que han moldeado la historia, se busca imponer una doctrina única. La postura de la ministra es tajante: «sacar a Marx de las instituciones y meter a Dios». Esta premisa, propia de ciertos centros privados, priva a los estudiantes de comprender los fenómenos históricos y sociales que transformaron el mundo.
Esta postura contraviene abiertamente la Constitución Política de Colombia. Aunque el término «Estado laico» no figura explícitamente en la Carta Magna, se desprende de la lectura de sus artículos 1, 13, 19 y 20, los cuales garantizan la neutralidad estatal frente a las iglesias y la pluralidad de cultos. El Preámbulo de la Constitución invoca la protección de Dios, pero de manera abstracta, sin adscribirse a un credo específico. La nación no es ni atea ni teocrática: es garante de la diversidad.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ratifica esta neutralidad a través de jurisprudencia clave:
- Sentencia C-350 de 1997: Declaró inconstitucional la consagración oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, estableciendo que los servidores e instituciones públicas no pueden realizar actos de adhesión formal a un culto particular.
- Sentencia C-570 de 2016: Determinó que el Estado no puede financiar ni instalar símbolos religiosos en bienes de uso público con fines exclusivamente cultuales.
- Sentencia T-357 de 2024: Reiteró que las escuelas públicas no pueden impartir cátedras doctrinarias ni centradas en el dogma de un credo específico.
Estos precedentes otorgan el sustento legal para frenar la imposición dogmática en el sistema educativo. El estudio analítico de los fenómenos religiosos a lo largo de la historia fomenta el pensamiento crítico. Ignorar el legado de grandes figuras y pensadores —como Mahoma, Jesús, Buda, Viracocha, Marx o Zoroastro— implica desconocer corrientes que marcaron el rumbo histórico de Oriente y Occidente.
Ninguna ideología debe ser desterrada del aula; todas merecen ser examinadas con perspectiva histórica y sin miedo al debate. La amenaza real surge cuando se impone el dogma como moral única, camuflado de valores cristianos. En la escuela conviven el creyente, el ateo, el monoteísta y el agnóstico. Que una ministra pretenda imponer su confesión evangélica a toda la nación no solo es inconstitucional, es un atropello a la pluralidad.
Finalmente, resulta contradictorio el discurso que busca erradicar la llamada «ideología de género». Este término no proviene del ámbito académico ni científico, sino que es un concepto acuñado por sectores conservadores para deslegitimar los avances sociales y las teorías de género. La escuela pública debe ser un espacio de conocimiento libre, plural y científico, no un púlpito de dogmatismo ideológico.
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