En Usme, al sur de Bogotá, hay una quebrada que parece tragarse los proyectos públicos. Se llama La Hoya del Ramo. Allí, entre barro, maleza y estructuras oxidadas, se levanta —o intenta levantarse— un puente que desde hace más de una década es promesa, titular, maqueta y contrato, pero nunca realidad.
Todo comenzó en 2013, cuando Gustavo Petro era alcalde y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), bajo la dirección del ingeniero William Camargo Triana, presentó los primeros estudios y diseños para construir un puente vehicular en el sector de Danubio Azul. La idea era sencilla: conectar siete barrios y mejorar la movilidad de más de 74 mil personas. Pero el entusiasmo se evaporó pronto. No hubo contratos, no hubo obra, y el proyecto quedó archivado entre los papeles de la administración.
Cuatro años más tarde, en 2017, el gobierno de Enrique Peñalosa desempolvó el expediente. La abogada Yaneth Rocío Mantilla Barón, entonces directora del IDU, actualizó los estudios, hizo nuevas contrataciones y prometió que, esta vez sí, los vecinos de La Hoya del Ramo verían el puente. No lo vieron. El cauce siguió igual: sin paso, sin solución, con la comunidad sorteando cada invierno como podía.
La historia volvió a repetirse en 2022, durante la administración de Claudia López. El nuevo director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, retomó los estudios —otra vez— y firmó el contrato 1705 del 30 de noviembre con la empresa Construcciones Civiles JFM S.A.S., representada legalmente por José Fredy Mayorga. Valor total: 3.871 millones de pesos.
El contrato inició el 15 de junio de 2023. Se asignó además una interventoría por 1.715 millones. La obra debía durar 13 meses, más una prórroga de tres, con cuatro meses de preconstrucción. En teoría, el puente debía estar listo el 13 de diciembre de 2024. En la práctica, no se avanzó ni un centímetro.
El IDU entregó a la contratista un anticipo del 20 % —unos 7.740 millones de pesos— y, aun así, la obra se abandonó. El 24 de diciembre de 2024, el IDU tomó posesión del proyecto tras constatar el abandono total por parte de Construcciones Civiles JFM S.A.S. Desde entonces, la entidad inició dos procesos sancionatorios: una multa y una cláusula penal, ambos en firme.
Cuando la administración de Carlos Fernando Galán recibió el proyecto, el nuevo director del IDU, Orlando Molano, encontró un panorama desolador: avance del 0 % y un retraso de más del 17 % en el plan de trabajo. “Ni los estudios se habían implementado, ni el plan arqueológico, ni el personal obligatorio estaba vinculado”, reconoció después.
Por esos incumplimientos, el IDU impuso una multa de 193.564.625 pesos, ejecutoriada el 25 de octubre de 2024. También aplicó la cláusula penal, por 1.001.580.797 pesos, ejecutoriada el 16 de julio de 2025. Actualmente, los contratos de obra e interventoría están en proceso de liquidación.
El 18 de septiembre de 2025, el IDU volvió a empezar —otra vez—. Adjudicó un nuevo contrato al Consorcio Ramo, conformado por Luis Alfonso Maestre Brochero (50 %), M&D Emaús Construcciones S.A.S. (40 %) y M&D Construcciones S.A.S. (10 %), para terminar la construcción del puente. Valor del nuevo contrato: 4.925 millones de pesos. La interventoría, aún en proceso de adjudicación, se estima en 2.617 millones.
El problema, sin embargo, no se resuelve con nuevas firmas. En la administración de Claudia López, la obra apenas alcanzó un avance del 23,93 % antes de paralizarse. La estructura incompleta se deterioró con el invierno. Las bases, corroídas por la humedad, amenazan con venirse abajo. Los vecinos —más de 75 mil personas— han tenido que improvisar caminos, cruzar sobre tablas, arriesgarse cada día.
Los habitantes de los barrios Danubio Azul, Arrayanes, La Fiscala, Porvenir, la Paz y Diana Turbay conocen de memoria el fracaso. También los estudiantes de los colegios Fe y Alegría, La Salle, Simonelli y Paulo Freire, que cruzan la quebrada para ir a clase. Doce años esperando un puente que siempre está por empezar.
Doce años de estudios, contratos, promesas, sanciones, multas y reinicios. Doce años en los que la quebrada La Hoya del Ramo sigue siendo la misma frontera de siempre: una herida abierta en el mapa de una ciudad que olvida su periferia.
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