Texto escrito por: Jesus David Torres Consuegra
El 31 de mayo de 2026, Colombia irá a las urnas para elegir a su próximo presidente. Dieciséis candidatos, espectros políticos encontrados, promesas de cambio y continuidad. Pero mientras el debate interno gira alrededor de nombres y coaliciones, el mundo no mira las listas de candidatos: el mundo mira a Colombia desde otro ángulo, uno que incomoda y que pocos en la campaña se atreven a nombrar con toda su crudeza.
Desde el exterior, Colombia sigue siendo, ante todo, sinónimo de cocaína. No es un prejuicio gratuito: el país es el mayor productor mundial de esa droga, y los datos lo confirman. La producción de cocaína aumentó un 53% en 2023, y aunque el gobierno de Gustavo Petro reportó cifras récord de incautaciones, los grupos armados que controlan el negocio —como el Clan del Golfo, con cerca de 10.000 combatientes e influencia en al menos 296 municipios— permanecen intactos. La llamada "Paz Total" terminó siendo, en palabras del propio gobierno, una apuesta sobre bases poco sólidas: las negociaciones con las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo fracasaron una tras otra, y Petro llegó al final de su mandato sin un solo acuerdo firmado.
Esa imagen tiene consecuencias reales. En octubre de 2025, el gobierno de Donald Trump sancionó directamente al presidente Petro, incluyéndolo en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reservada para quienes representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Poco después, Trump llegó a sugerir la posibilidad de acciones militares contra laboratorios de cocaína en territorio colombiano, generando una crisis diplomática que los medios internacionales —BBC, France 24, Telemundo— cubrieron con alarma. Colombia, que durante décadas construyó una alianza estratégica con Washington a través del Plan Colombia, vio esa relación deteriorarse al punto de la ruptura simbólica.
Pero reducir a Colombia a su conflicto armado y su narcotráfico es también una lectura incompleta y, en parte, injusta. El país logró en 2025 algo que no había conseguido desde que comenzó a medir el fenómeno sistemáticamente: bajar la pobreza multidimensional por debajo del 10%, situándola en 9,9%. Cerca de 793.000 colombianos salieron de esa condición en un solo año. Es un dato que rara vez aparece en los titulares internacionales, porque no encaja con la narrativa del caos. El mundo prefiere el drama al progreso silencioso.
Sin embargo, la corrupción sigue siendo la mancha que opaca cualquier avance. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 y cayó al puesto 99 entre 182 países, retrocediendo siete posiciones en un solo año. Esa cifra no es solo un número: es la señal que el mundo recibe sobre la calidad institucional del país, sobre si las reglas se cumplen, sobre si hay garantías reales para invertir, cooperar o confiar.
Entonces, ¿qué heredará el próximo presidente? Una Colombia que negocia su imagen en escenarios adversos: presión de Washington por las drogas, grupos armados fortalecidos, una percepción de corrupción en deterioro y, paradójicamente, avances sociales que nadie está contando. El reto del nuevo gobierno no será solo gobernar hacia adentro, sino también comunicar hacia afuera. Colombia no puede darse el lujo de seguir siendo un titular de crisis mientras ocurren dentro de sus fronteras historias que merecen otro tipo de atención. La papeleta del 31 de mayo no define solo quién llega al Palacio de Nariño. Define, en buena medida, cómo Colombia quiere ser vista por el mundo durante los próximos cuatro años.
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