Al frente de la Unidad Nacional de protección llegó un duro militante de Defensores de la patria, el tolimense Didier Blanco, cuya llegada al cargo fue polémica por sus antecedentes por sus expresiones radicales contra la izquierda, que no disimuló en las redes sociales llamándolos “zurdos de mierda”. Intentó fallidamente llegar a la Cámara en las listas de Salvación Nacional, liderada por el senador Enrique Gómez Martínez.
A pesar de las críticas que levantó su nombramiento el Presidente sostuvo el nombramiento y lo hizo público en su visita a Ibagué antes de posesionarse.
Crédito@ noticiaselbochinche
Después de un mes en el cargo, las primeras medidas que toma Blanco están dirigidas a desmontar esquemas de seguridad, y precisamente empezó por los favorecidos con la protección por el gobierno Petro. Quienes eran copartidarios del anterior director de la UNP Augusto Rodríguez quien está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la deficiente protección del candidato presidencial Miguel Uribe, que derivó en su asesinato.
Los primeros 20 funcionarios que quedaron como ciudadanos del común
Entre la primera lista de funcionaros a quienes se le retiro el esquema de protección aparecen ministros del gobierno Petro como Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Edwin Palma, Mary Luz Herrán, Guillermo Jaramillo, Rosa Villavicencio y funcionarios de nivel alto como Carlos Carrillo, Daniel Quintero –quien fue superintendente de salud menos de 6 meses- y la exdirectiva de Ecopetrol Ángela María Robledo.
El esquema básico y más común suele constar de un vehículo blindado, dos agentes de protección y un chaleco antibalas, operando en coordinación con la Policía Nacional y la UNP, con un valor aproximado de $ 45 millones.
Armando Benedetti tuvo esquema de protección que cambió en varias oportunidades, que se vio cuando llegó a Bogotá de visita mientras se desempeñaba como embajador en Caracas, y luego como Ministro del interior, con protección ampliada a su familia, tanto en Bogotá como en Barranquilla, y se la mantuvieron aun estando fuera del gobierno. Igual que a Antonio Sanguino, Edwin Palma y los demás ministros, contaban con una camioneta blindada, dos escoltas y chaleco antibalas, generando un gasto mensual estimado entre 40 y 45 millones de pesos. La condición de líder sindical de la USO de Palma, le aseguró protección desde el 2018.
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En cuanto a Otty Patiño, obtuvo protección a mediados de agosto de 2021 como líder social, tras un fallo de la Corte Constitucional al interponer una tutela por amenazas, lo que obligó a la UNP a restablecerle un vehículo blindado y escoltas. El esquema se le fortaleció cuando fue nombrado Comisionado de paz en el gobierno Petro, una protección robusta cuyo costo se calcula en 480 millones anuales.
La ex esposa de Gustavo Petro, la activista política Mary Luz Herrán, logró la protección mediante tutela en octubre de 2025 tras denunciar un atentado con armas de fuego en febrero de 2023 en el departamento del Magdalena. La mayoría de influencers del Pacto Histórico, también perdieron su esquema de seguridad. Igual ocurrió con el exembajador en Chile, Sebastián Guanumen.
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