En los últimos meses, el Ministerio de Ambiente y de Agricultura, han publicado Decretos y Resoluciones determinando el uso que se le puede dar a los suelos, decisiones arbitrarias que determinan la vocación productiva y social de las regiones de Colombia, sin considerar los planes de ordenamiento territorial —POT—, a cargo de los gobiernos locales. Además, las ZPPA, APPA, y Reservas Temporales no se han desarrollado teniendo en cuenta los procesos legales de consulta ciudadana y la revisión de comentarios no ha sido tenidos en cuenta, tal como lo afirman los ministerios. Por ejemplo, en el caso de las reservas temporales, existen más de 400 comentarios que no se han revisado a fondo.
Otra de las grandes problemáticas que no se ha tenido en cuenta desde la visión centralizada de las entidades nacionales, son las actividades en contra del ordenamiento legal, cuando vulneran normas de índole territorial y establecidas por norma Constitucional. A pesar de las alarmantes cifras, la batalla del Gobierno parece estar en contra de la formalidad más que contra la ilegalidad. Según datos de la UPRA, la misma entidad que impulsa las desconcertantes APPA, más del 54% de los predios rurales son informales, generando inseguridad jurídica y limitando el acceso de la inversión. Además, esto hace que el 86% de la población rural esté en condición de informalidad laboral, perpetuando la pobreza y la falta de oportunidades en los territorios.
El Gobierno justificaba las normativas ambientales con el argumento de la seguridad alimentaria, pero solo se está creando un panorama hostil para la población rural, donde está el pequeño y mediano campesino al acumular tierras improductivas. La manera de tener seguridad alimentaria en Colombia es fomentando las actividades productivas en las tierras, incentivando la tenencia legal de los terrenos para que llegue el empleo formal que permita la libre competencia y la participación en los mercados internacionales.
Todo parece indicar que las famosas ZPPA, APPA y Reservas Temporales, van a agudizar el conflicto de las tierras, al perseguir la actividad formal y dejándole libre el camino a la ilegalidad, limitado la autonomía de los gobiernos locales y delimitado la productividad que se puede desarrollar en una región.
Estamos desperdiciando zonas que generan regalías y empleo en las regiones del país para disminuir la brecha de desigualdad. Por ejemplo, según la UPRA, de los 39,2 millones de hectáreas de la frontera agrícola solo el 19% está cultivado, es decir, que hay más de 32 millones de hectáreas sin uso productivo.
Sumado a esto, el 28% de esta zona está condicionado a restricciones ambientales, étnicas y de gestión de riesgo, ahuyentando a las empresas que quieren desarrollar proyectos. Las resoluciones que adelanta el Gobierno Nacional, solo dan una imagen de inseguridad jurídica donde las empresas no saben bajo qué reglas están entrando a los negocios. Estas medidas ambientales, que quieren limitar actividades y sectores productivos, asfixia al productor local y a las empresas que han invertido o tienen intenciones de hacerlo. Colombia no va a contar con una diversificación productiva para participar en los mercados globales y empezar a crecer desde sus regiones.
Colombia cuenta con una riqueza enorme en recursos naturales por la diversidad de sus topografías, si supiéramos manejarlos como Argentina o Brasil también presentaríamos crecimientos en la economía y una disminución de la pobreza. Uno de los mayores pecados que hemos cometido como país ha sido desperdiciar nuestras riquezas naturales. Colombia tiene todo el potencial para posicionarse en el mercado mundial y ser una de las economías más fuertes de América Latina; pero el país cuenta con numerosas y rigurosas regulaciones que desincentivan la inversión y la producción, pues generan enormes obstáculos para las empresas y productores rurales.
Las resoluciones ambientales violan el derecho de la propiedad privada y fortalecen un círculo vicioso de exceso de normativas que solo incrementan la pobreza rural y estancan a una nación llena de oportunidades. Debería existir una participación real para las comunidades y gobiernos locales, donde puedan proponer modelos que generen progreso e innovación de los territorios.
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