El Bajo Cauca antioqueño es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, el despojo y la concentración histórica de la tierra. Allí, la promesa de acceso a la tierra no es un trámite administrativo: es una cuestión de supervivencia, reparación y poder. Por eso, cualquier señal de uso político de esta política pública enciende todas las alarmas.
En ese contexto, ha comenzado a generar serios cuestionamientos un caso que involucra a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la Cámara de Representantes, a una organización social vinculada a procesos de tierras y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Antioquia.
De acuerdo con registros oficiales de vinculación legislativa, Juan Carlos Polo Dorado se desempeña actualmente como Asistente I de la UTL del representante a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez, con fecha de inicio en marzo de 2024. Es decir, se trata de un funcionario activo del Congreso de la República.
De manera paralela, documentos oficiales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia certifican que Polo Dorado es presidente y representante legal de la Asociación de Víctimas del Retorno Caucasia (ASVIRECA), organización con domicilio en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.
Lo que genera inquietud es que esta asociación habría sido incluida o vinculada a procesos de acceso, trámite o eventual adjudicación de tierras ante la Agencia Nacional de Tierras, en hechos que se habrían producido entre noviembre y diciembre, periodo que actualmente se encuentra en proceso de verificación oficial mediante derechos de petición ya radicados.
El foco del debate no es menor. Un funcionario del Congreso, con vínculos políticos activos, no debería beneficiarse directa ni indirectamente de decisiones administrativas relacionadas con políticas públicas estratégicas como la adjudicación de tierras, menos aún cuando dichas decisiones se producen dentro de un entorno político cercano.
La situación adquiere mayor sensibilidad si se tiene en cuenta que la directora regional de la ANT en Antioquia es Farlin Perea, funcionaria identificada públicamente como cuota política del mismo representante a la Cámara al que pertenece la UTL involucrada. Esta coincidencia no prueba una ilegalidad, pero sí configura un escenario objetivo de posible conflicto de intereses y riesgo de tráfico de influencias, que exige máxima transparencia.
A este entramado se suma otro elemento relevante: ASVIRECA aparece referenciada en bases de datos y listados de programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), relacionados con postulaciones para la ejecución de recursos públicos en Caucasia. Aunque la inclusión en estos listados no implica asignación automática de recursos, sí amplía el mapa de relaciones con entidades del Estado.
Pero el punto más delicado surge desde el territorio. Fuentes comunitarias del Bajo Cauca advierten sobre presuntas presiones políticas en los procesos de titulación de tierras, donde la entrega estaría condicionada al respaldo electoral a determinados proyectos. Estas dinámicas se moverían alrededor de estructuras cercanas a sectores tradicionales del poder regional, particularmente del Partido Liberal, lo que ha generado sospechas de un doble juego político, más aún cuando el representante involucrado ocupó el renglón tercero de la lista cerrada del Pacto Histórico.
Esto significaría que estamos ante un patrón profundamente preocupante: el uso de la tierra —una política de reparación— como herramienta de presión política, una práctica que el país conoce demasiado bien y que ha alimentado históricamente el conflicto armado.
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