El fracaso de la ministra de Trabajo
Opinión

El fracaso de la ministra de Trabajo

Falló la ministra de Trabajo al convocar el tribunal de arbitramento sin importar los compromisos del Estado con gobiernos como los de EE. UU. y Canadá y con organizaciones como la OIT

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octubre 03, 2017
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 “…los contratos colectivos serían en general, sin el derecho
de huelga, nada más que una mendicidad colectiva"
Tribunal Federal del Trabajo alemán BAG 10 de junio de 1980

 

Mañana a las 3 de la tarde, en el Tribunal Superior de Bogotá, tendrá lugar el momento clave de un juicio que debe despertar todo el interés del movimiento sindical colombiano. El sindicato de pilotos Avianca - Acdac, responderá la demanda con la que esa empresa busca declarar ilegal su huelga. Con esa demanda se pone de presente, no solo un importante debate constitucional e internacional sobre este derecho humano fundamental, sino también la existencia aún del principio marxista de la lucha de clases. Para algunos, idea pasada de moda.

Por un lado, Germán Efromovich, un polémico y cuestionado empresario, socio mayoritario de la compañía que al parecer ha decidido extinguir a la organización sindical. Pero hay otra agenda en la que encuentra gran apoyo de los empresarios del país: extinguir el derecho de huelga. Y ya encontraron en la ministra del Trabajo una aliada. En la otra esquina están los 800 pilotos agremiados en Acdac, que no se atrevían a hacer una huelga desde hace 23 años, cosa entendible, este es un país donde hacer una huelga es algo exótico porque, aunque debería tener protección del Estado, no la tiene.

Al sindicato Acdac se le agotó la paciencia después de varios lustros tratando de terminar por las buenas y con negociación la discriminación antisindical que sufre a manos de los dueños de Avianca. Varias decisiones del Ministerio del Trabajo y acciones de tutela le habían dado la razón. Incluso, la Corte Constitucional también se las dio recientemente en la sentencia T-069 de 2015 que ordenó a la aerolínea igualar derechos entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, algo que debería ser regla para todas las empresas colombianas en pleno siglo XXI, pero no lo es, nos toca a los trabajadores pelearlo, lucharlo todo el tiempo y caso a caso.

Pero no bastó que el máximo tribunal del país así lo ordenara, el poderoso empresario no se siente obligado a obedecer las sentencias judiciales de los jueces colombianos y los valientes pilotos no tuvieron otro camino que la huelga. Huelga que ya completa 15 días y en la que el gobierno demostró fracasar al no ser capaz de ponerlos de acuerdo, es decir, fracasó su política de diálogo social.

Y fracasó la ministra de Trabajo porque en lugar de ponerse del lado más débil de la relación laboral, se puso del lado del empresario. En una abierta contradicción constitucional y legal y sin importar los compromisos del Estado con gobiernos como los de EE. UU.  y Canadá y con organizaciones como la OIT, expidió una resolución para convocar un tribunal de arbitramento, que el gobierno afirma debe ser obligatorio, con el propósito de conjurar la huelga, pero por fortuna para todos los trabajadores del país no lo consiguió. Los pilotos se mantuvieron en su legítimo movimiento.

La huelga es por esencia una acción, un mecanismo de defensa de un derecho que está en el centro de la democracia, que es el de asociación, pero además de un conjunto de libertades, las sindicales; de ahí su importancia y la pertinencia de su análisis para vigorizar de esa manera el Estado Social de Derecho.

Esa acción de la huelga es al mismo tiempo un derecho y se encuentra en crisis, en principio por el deterioro y la precarización del trabajo, pero además por el interés cada vez menor de ubicar los derechos de los trabajadores en el centro del debate de la sociedad que, paradójicamente, depende de aquellos para generar riqueza, para desarrollar las fuerzas productivas, entre muchos otros valores.

Para algunos sectores de la sociedad, la resistencia al ejercicio y la ampliación del derecho de huelga proviene de un entendimiento estrecho de la democracia y de la ciudadanía social, y por ello se sigue viendo como un obstáculo su ejercicio y no como una oportunidad de fortalecer las relaciones del trabajo, que tienen un impacto positivo en la vida social, como garantizar mayor igualdad, promover la equidad y ser un mecanismo idóneo para el debate de los límites del derecho de la propiedad privada en el Estado Social de Derecho.

 

 David Barguil, gran populista,
sale a proponer la penalización al derecho de huelga,
como si estuviéramos en una dictadura o en estado de excepción

 

Y por ello es que el debate que ha surgido en el país en torno a la huelga de los pilotos de Avianca es trascendental. La opinión pública, manipulada por los poderosos medios de comunicación, rápidamente cuenta con políticos como David Barguil, gran populista, que sale a proponer la penalización al derecho de huelga, como si estuviéramos en una dictadura o en estado de excepción. En vez de proponer la regulación del cuasimonopolio de una empresa como Avianca, propone cancelar derechos a los trabajadores, y, sobre todo, un derecho humano como la huelga.

Por eso hoy en día se hace urgente que el Congreso se ocupe del artículo 56 de la Constitución, pero también del 4, del 53 y del 93. No se trata de legislar sobre el derecho de huelga para restringirlo sino para garantizarlo, conforme a los principios que inspiraron la Carta Constitucional y el derecho internacional del trabajo. Es un tema que debería incluirse en la ley de garantías para las organizaciones sociales producto de los acuerdos de La Habana. Acaso, ¿Qué mayor garantía para los trabajadores que el derecho de huelga? Valdría la pena desempolvar el proyecto que logró construir la exministra Clara López y que sirva de punto de partida.

No sabemos en qué va a terminar esta huelga. Haremos desde el sindicalismo todo para que sea un éxito. Pero sobre todo deseamos un acuerdo, no solo sobre el contenido de las peticiones de los pilotos sino sobre el retiro de la demanda. Ojalá la sensatez de alguien aparezca y ayude a superar este conflicto que al igual que más de 500 conflictos laborales colectivos del país, esperan tener respuesta oportuna y rápida con intervención asertiva del Estado.

Por lo pronto esperamos que ni el gobierno facilite la llegada de esquiroles a Avianca, ni que la rama judicial se deje manipular ni presionar de los med

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