Colombia está en emergencia. Hay familias que perdieron sus casas, comunidades que necesitan reconstruirse y miles de niños que todavía no pueden volver a sus colegios. Hay urgencias que no dan espera. Pero el gobierno tiene otra preocupación: combatir al fantasma woke.
No es una metáfora. En las últimas semanas la ahora exministra de Educación, Viviane Morales, afirmó que una supuesta agenda woke internacional habría entrado sigilosamente en las aulas colombianas, especialmente a través de la educación sexual integral. Sin embargo, no precisó quién la dirige, qué organizaciones la componen ni qué contenidos concretos constituyen el supuesto adoctrinamiento.
Viviane Morales hizo de esa denuncia una de sus principales banderas antes de renunciar al cargo. Ahora el gobierno la reemplaza por Ilva Myriam Hoyos, cuya trayectoria pública está ligada desde hace años a algunas de las discusiones más controvertidas sobre aborto, anticoncepción, educación sexual, género y familia. No podemos atribuirle a una ministra que acaba de llegar decisiones que todavía no ha tomado. Pero su nombramiento sí permite preguntarnos si la batalla que Morales abrió era una posición personal o si hace parte de una orientación que el gobierno pretende mantener.
Y esa es la pregunta que importa porque mientras hay escuelas por reconstruir, estudiantes que necesitan regresar a los salones y familias que esperan respuestas del Estado, el gobierno parece decidido a mantener abierto otro frente: revisar qué puede enseñarse sobre sexualidad, género, diversidad y derechos en la educación pública.
Pero ¿qué es exactamente aquello que el gobierno llama woke? Si esa supuesta agenda justifica intervenir en la educación, debería ser posible definirla con precisión: señalar dónde está, quién la diseñó y qué programa o contenido constituye el supuesto adoctrinamiento.
La dificultad es que woke se ha convertido en un comodín capaz de meter en el mismo saco el feminismo, la educación sexual, el antirracismo, los derechos de las personas LGBTIQ+, las políticas de inclusión y los derechos reproductivos: asuntos distintos, con historias y debates propios, convertidos en un solo enemigo.
Ahí está el problema: cuando una palabra pretende nombrarlo todo, borra las diferencias entre problemas reales, derechos conquistados y desacuerdos políticos. Lo que podría ser una conversación necesaria se convierte en una pelea contra un fantasma: un enemigo tan amplio que puede incluir cualquier cosa, pero tan impreciso que nadie está obligado a decir con claridad qué quiere combatir.
Por eso la pregunta no es sólo qué es la agenda woke, sino para qué necesita el gobierno combatirla con el argumento es desideologizar la educación. Las escuelas no son espacios desprovistos de valores: toda educación transmite una idea de sociedad, de ciudadanía y de convivencia. Una educación pública democrática no se desideologiza sustituyendo una visión del mundo por otra, sino haciendo explícitos sus principios y sometiéndolos al debate público.
Si se cuestiona la educación sexual porque es woke, ¿qué educación sexual se ofrecerá? Si se retira el enfoque de género, ¿cómo se enseñará a reconocer la violencia o la discriminación? Si se habla de recuperar “los valores”, ¿quién decide cuáles son y qué ocurre con quienes no los comparten?
Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar: se habla de sacar la ideología de las aulas mientras se abre la puerta a una mayor presencia de organizaciones religiosas en la educación pública. ¿Eso es desideologizar? ¿O simplemente cambiar una visión del mundo por otra?
No se trata de defender todo lo que pueda esconderse detrás de la palabra woke. Las políticas públicas pueden discutirse, revisarse y cambiarse. Pero los derechos no deberían convertirse en el daño colateral de una batalla cultural.
Los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, la protección frente a la discriminación, el reconocimiento de distintas formas de familia y los derechos de las personas LGBTIQ+ no aparecieron por concesión de ningún gobierno. Fueron arrancados al silencio después de décadas de luchas sociales, debates jurídicos y transformaciones culturales. Cada uno nació de una disputa concreta, de vidas que exigieron ser reconocidas y de personas que se negaron a seguir aceptando la desigualdad como destino.
Por eso resulta preocupante que se presente como “ideología” aquello que, para millones de personas, significó algo mucho más elemental: poder vivir sin esconderse, formar una familia, decidir sobre el propio cuerpo, estudiar y trabajar sin ser discriminadas, y caminar por la vida con un poco más de libertad y dignidad.
Más preocupante aún es que esta revisión se nos intente presentar como una defensa de la libertad de las familias para educar a sus hijos de acuerdo con los valores tradicionales. La frase suena bien hasta que uno hace la pregunta incómoda: ¿de cuáles familias estamos hablando?
Porque las familias colombianas no piensan todas igual, no creen todas lo mismo ni quieren educar a sus hijos de acuerdo con los mismos valores. Hay familias religiosas y no religiosas, familias tradicionales y familias diversas, familias que quieren hablar de sexualidad con sus hijos y otras que prefieren hacerlo de otra manera o simplemente, no hacerlo.
El Estado puede garantizar que los padres tengan voz en la educación de sus hijos. Lo que no puede hacer es convertir la idea de “valores familiares” de algunos en la definición oficial de lo que una sociedad entera debe considerar correcto.
Porque entonces la pregunta cambia: ¿estamos defendiendo la libertad de los padres para elegir o la libertad del gobierno para decidir qué valores merecen ser protegidos? Una cosa es debatir una política. Otra, utilizar el poder público para decidir qué derechos son aceptables y cuáles deben volver a discutirse cada vez que cambia el gobierno.
Mientras tanto, Colombia sigue en emergencia. Hay escuelas que necesitan ser reconstruidas, niños que necesitan volver a clases y familias que intentan recuperar una vida que cambió en cuestión de segundos.
Una emergencia también revela las prioridades de un gobierno. Por eso esta discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra de lo woke. La pregunta es más seria: ¿qué está priorizando el Estado colombiano cuando, en medio de una emergencia, dedica su capital político a librar una batalla cultural contra un enemigo que ni siquiera consigue definir?
Quizás el problema no sea que exista una agenda woke, sino que el gobierno la convierta en una prioridad mientras siguen pendientes asuntos que no pueden esperar. En momentos como este, lo que deberíamos estar construyendo es una agenda real: una agenda de funcionarios, decisiones y políticas capaces de ofrecer respuestas concretas a las comunidades afectadas.
Un derecho no es una concesión que cada gobierno pueda revisar según sus convicciones. Es una garantía que limita el poder y protege a las personas frente a las decisiones de quienes gobiernan. Por eso, cuando un gobierno modifica una ley, restringe una libertad o elimina una protección, no está haciendo un simple ajuste administrativo: está cambiando aquello que las personas pueden exigirle al Estado.
Los gobiernos pasan pero las decisiones que toman pueden quedarse durante años. Por eso, los derechos conquistados necesitan leyes, instituciones y garantías capaces de protegerlos incluso cuando cambia la orientación política del poder. Un derecho deja de estar verdaderamente protegido cuando vuelve a depender de quién gobierna, de sus convicciones o de la mayoría que lo respalda. Lo que una sociedad ha reconocido como una garantía para todos no puede convertirse otra vez en una concesión que el gobierno de turno decide si merece conservarse.
Los derechos no se protegen para que todos los gobiernos estén de acuerdo con ellos, sino precisamente para que ningún gobierno pueda disponer de ellos a su antojo.
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