Gracias al indigesto caldo de cultivo causado por el coronavirus y la caída de la producción y precios del petróleo, los programas de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales beneficiados por las regalías, tendrán que ajustarse a las circunstancias.
TLCs, como el leonino “tratado de libre comercio” firmado con los Estados Unidos, en la práctica pulverizados por Trump, con su lema “America primero”, tendrán que ser revisados buscando la ‘seguridad alimentaria’ mediante la reactivación de la alicaída producción agrícola tradicional y orgánica enfocada a cultivos de consumo cotidiano como el maíz y arroz, de los que nos volvimos importadores, las hortalizas y frutas, y no sólo la centrada en cultivos agroindustriales como la palma africana y la caña de azúcar.
También proteger los empleos generados por la industria manufacturera nacional en textiles, el calzado, metalmecánica, etc, afectados por la invasión de productos legales y de contrabando subsidiados en sus países de origen.
La pandemia desnudó el error cometido por la mayoría de países catequizados por el neoliberalismo, al privatizar la salud y desmontar la red pública, que además de mantener centros de salud y hospitales públicos, hacía énfasis en educación sobre hábitos y consumos saludables para prevenir enfermedades, acompañadas de campañas masivas de vacunación.
En Colombia, con la Ley 100, entregaron la mayoría del presupuesto de la salud a las EPSs privadas, que por mantener jugosas ganancias ignoran la prevención y prestan deficiente servicio.
Gran parte de la red de IPSs, representada en hospitales públicos, continúa como botín burocrático de grupos políticos que subcontratan a médicos y paramédicos con bajos salarios y sin prestaciones sociales, y conforman mafias para hacer chanchullos con la compra de drogas, equipos hospitalarios y otros insumos.
Las descaradas alzas en las tarifas de servicios públicos privatizados, también desenmascaró la falacia “de regulación de tarifas por el mercado”, y la avaricia de propietarios de estas empresas, quienes en época de emergencia y disminución del consumo subieron tarifas, al igual que los dueños de los bancos amarrando créditos avalados por el gobierno nacional, y que funcionarios de entidades nacionales, mas algunos gobernadores y alcaldes corruptos, quienes amparados en la declaratoria de emergencia económica, liberándolos de hacer licitaciones, aprovecharon las multimillonarias compras de mercados, para ganar jugosas comisiones, gracias a sobrecostos negociados bajo mesa con propietarios de los almacenes.
Las comunidades deberán tener más garantías frente a los abusos de empresas de servicios públicos, y en Popayán, en cuanto a la empresa de aseo criticada por las exageradas tarifas, hay que considerar la creación de la empresa municipal propuesta por la actual administración, y en la debería implementarse el reciclaje y métodos ambientalmente sostenibles que además garanticen trabajo digno a trabajadores y recicladores.
Sin duda que los planes de desarrollo, en momentos en que la mayoría de municipios tratan de ajustar a 10 o 15 años los Planes de Ordenamiento Territorial, no podrán ser los mismos que tenían esbozados y discutidos con las comunidades antes de la cuarentena que alteró la vida cotidiana y económica de la sociedad, generando la quiebra y debilitación de numerosas empresas de distinto tamaño, pequeños negocios familiares, potenciando el desempleo y poniendo a borde de indigencia a rebuscadores callejeros cotidianos.
El Plan de Desarrollo Departamental también tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias de municipios y subregiones.
Mientras fraguan soluciones innovadoras a la crisis, el impulso a proyectos relacionados con la salud, las obras públicas iniciadas y paralizadas, y el apoyo a programas productivos urbanos y rurales, deberían ser prioritarios para reactivar la economía, aplicando protocolos para controlar el pandemónium.
La educación es otro cuento.
