Desde su exilio forzoso en el exterior, la abogada Constanza Turbay Cote ha librado una lucha sin tregua durante 25 años para que la justicia colombiana diga quien está detrás del atentado que cobró las vidas de sus seres queridos en una vía pública del Caquetá y para recobrar la Hacienda La Estrella, el único bien que le quedó como herencia en ese mismo departamento.
Foto: Congreso Visible
Al cabo de esos cinco lustros, y en medio de las críticas que le llueven como rayos y centellas por su posible parsimonia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya parece próxima a tomar una decisión sobre los trágicos hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2000: en breve oirá en juicio al excongresista Luis Fernando Almario como posible instigador del crimen ejecutado por la columna Teófilo forero de las Farc.
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En la disputa por La estrella la jurisdicción civil marcha aún más despacio y no aún no logra determinar la autenticidad de documentos aportados por el empresario Juan Carlos Pujana, nieto de un militar español que habría de convertirse en uno de los mejores amigos de ‘Tirofijo’ -jefe histórico de la guerrilla, para acreditarse como dueño de una importante porción del predio ocupado por la misma organización luego del asesinato de doña Inés Cote de Turbay, de su hijo Diego Turbay Cote, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, y de cinco personas que los acompañaban el día de los hechos: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.
Constanza recuerda que antes las Farc ya habían secuestrado y dejado morir ahogado en cautiverio a su hermano Rodrigo Turbay Cote en 1995, y asesinado a su tío político, el gobernador Jesús Ángel González Arias, en 1996. El exterminio del turbayismo en Caquetá duró casi una década. Ella fue la única que quedó viva porque no estaba en Caquetá ese día y tuvo que enterrar a su madre y a su hermano en Bogotá, no en Florencia como ellos hubieran querido, por el riesgo que corrían.
¿Quién envenenó a la guerrilla contra la familia, mostrándola como una supuesta auspiciadora de las autodefensas?, se pregunta a menudo. La pregunta comenzó a calar hondo en la Fiscalía, en 2011, cuando guerrilleros dijeron en video que la masacre había sido presionada por el político conservador Luis Fernando Almario Rojas, barón electoral del Caquetá, exrepresentante y hombre cercano al gobierno en la época de loa zona de distensión del Caguán.
Almario siempre lo ha negado. En 2008 la justicia ordinaria lo acusó como autor intelectual. Él se sometió a la JEP en 2020. Como no reconoció responsabilidad, su caso se convirtió en el primer juicio por 'farcpolítica' en la historia de la justicia transicional.
El dedo acusador de la JEP
Ahora hay una acusación fortalecida que señala el camino hacia un juicio. Se trata de un documento de 307 páginas radicado en mayo de 2023 y que acaba de quedar en firme.
La remozada carga argumental preparada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP sostiene que sí hubo un plan ejecutado sistemáticamente y que Almario y el Estado Mayor del Bloque Sur acordaron un crimen de lesa humanidad de persecución política entre 1993 y 2002 para borrar del mapa a 30 personas vinculadas al turbayismo, entre alcaldes, diputados, periodistas, escoltas, conductores. El mayor de esos crímenes fue la masacre de los Turbay Cote en 2000.
El jueves primero de octubre de 2026, la JEP cerró la audiencia preparatoria y decretó las pruebas del juicio adversarial. Llamó a declarar a Rodrigo Londoño 'Timochenko', a Milton de Jesús Toncel y a Fabián Ramírez, a los redactores del Informe Génesis de la Fiscalía (una relación de hechos en contexto) y a la propia Constanza Turbay como víctima.
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Al comparecer ante el magistrado Gustavo Salazar, Almario repitió una frase utilizada en otras diligencias: "Como siempre lo he manifestado, soy inocente. No puedo aceptar cargos porque no participé en ellos". Su defensa llevará 21 testimonios para probar que su ascenso electoral, con un botín de diez de las 16 alcaldías del Caquetá entre 1992 y 2009, fue resultado de los votos y no de los fusiles.
Para Constanza Turbay, que ya perdonó a las Farc en 2013 y que recibió en La Habana en 2014 el pedido de perdón de Iván Márquez, lo importante ahora es la verdad judicial. Si Almario es vencido en juicio, pagará hasta 20 años de cárcel. Si es absuelto, quizá no se sepa nunca quién fue el determinador.
La espera por la tierra
La Estrella no es una finca cualquiera. Es la hacienda ganadera de la colonización libanesa en el Caguán, en Guacamayas, San Vicente, de más de mil cabezas en su esplendor. Después de la masacre, cuando Constanza intentó vender unas reses para pagar los funerales, la Teófilo Forero le hizo saber que ya no podía entrar. La finca quedó en plena zona de despeje, arrendada por la guerrilla para pastos, conservada pero ajena.
En 2016, en la X Conferencia Guerrillera y con la firma del acuerdo de paz de la guerrilla con el gobierno Santos. Márquez le mandó un mensaje con un ahijado de la familia en el que le decía que, por orden del Secretariado, La Estrella sería el primer acto temprano de reparación. El 27 de diciembre de 2017, alias Diván hizo entrega simbólica ante la comunidad.
Sin embargo, sobrevino pleito aun inconcluso. El empresario colombo-español Juan Carlos Pujana reclamó que su padre, Martín Ignacio Pujana, había comprado parte de la hacienda a Rodrigo Turbay antes de su secuestro. Exhibió una promesa de venta de noviembre de 1993 en uno de cuyos apartes se lee: “Me obligo con el señor Pujana tanto a hacer promesa de venta como a correr las escrituras (...) El haber recibido ya cuatro cheques por 100 millones de pesos me obliga a hacer la entrega real y material”. Y luego está la supuesta firma de Rodrigo Turbay.
Pujana asegura que en 2017 también lo contactó por Facebook un delegado de las FARC para restituirle. Intentó oponerse al desalojo y anunció tutela invocando la protección al debido proceso.
Pero el expediente guarda otra pieza, aportada por los abogados de Turbay en su demanda contra la Nación por perjuicios por la toma. Es una declaración juramentada del propio Pujana el 5 de septiembre de 2005 en el Juzgado Cuarto Civil de Bogotá: “Sí conozco a la señora Constanza Turbay Cote. Teníamos vínculos financieros (...) Éramos las personas que estábamos interesados en la compra de la hacienda La Estrella (...) 1.200 millones de pesos fue el precio que se acordó inicialmente (...) Es de conocimiento que esa finca la perdió la señora Constanza Turbay, gracias a Dios ese problema no se nos vino encima porque nunca se hizo la negociación”.
Así las cosas, resultaría que en 2005 dijo que no hizo ningún negocio, pero en 2017 dice se presentó como dueño. Esa contradicción es hoy el nudo de la disputa por títulos, mientras la restitución material sigue en vilo.
Si el pasado pesa en algún sentido, hay documentos que sugieren que los Pujana fueron cercanos a las Farc.
Juan Carlos Pujana es nieto de Raimundo Pujana Echendía, nacido en 1908, y oficial del Batallón Ibaizabal de Euzko Gudaroste. Como capitán de la compañía Arratia , herido en combate en 1939 en Bilbao y exiliado en Colombia en 1948. En tierras del Huila, según lo registra un libro, trabó amistad con ‘Manuel Marulanda Vélez’, alias Tirofijo. Esa relación pesó especialmente en 2000 (el mismo año del asesinato de los Turbay Cote), cuando las Farc liberaron a su hijo Martín Ignacio Pujana Angoitia, empresario ganadero a quien habían secuestrado días antes.
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