El Pacto Histórico (PH), la coalición que llevó al presidente Gustavo Petro al poder, se enfrenta a una crisis legal de proporciones monumentales que amenaza con dinamitar su estrategia de lista unificada de cara a las próximas elecciones legislativas. El dilema no es meramente administrativo, sino un profundo enredo jurídico derivado de una fusión fallida y de una restricción legal nacida de su propio triunfo en 2022.
El "callejón sin salida" del CNE y los 1,5 millones de votos. El epicentro del conflicto radica en la relación entre el PH y Colombia Humana (CH), el partido del jefe de Estado.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueó la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico, al considerar que la colectividad del presidente no cumplió con el requisito estatutario de alcanzar un quorum de tres cuartas partes de sus afiliados para autorizar la unión, una exigencia calificada de “logísticamente inviable”.
A pesar de la separación formal, cerca de 60 afiliados de Colombia Humana participaron en la consulta interna del Pacto Histórico, aportando más de 1,5 millones de votos decisivos para configurar la lista única. Este hecho ha generado una dificultad legal que pone en riesgo la viabilidad de la lista.
Riesgo de inclusión (doble militancia): si el Pacto Histórico incluye a estos candidatos, se activan los mecanismos de la Ley 1475 de 2011. La jurisprudencia del CNE y del Consejo de Estado es concluyente: ser miembro de un partido y presentarse por otro constituye doble militancia, con la consecuencia directa de la nulidad de la inscripción o de la elección misma.
Riesgo de exclusión (sanción financiera): si el Pacto Histórico excluye a los candidatos de Colombia Humana para esquivar la nulidad, incurriría en un incumplimiento del mandato de la consulta (Ley 1475 de 2011). La sanción por desobedecer el resultado de la consulta es severa: pérdida de la reposición de votos, sanciones financieras y la obligación de asumir los costes del proceso de consulta.
La restricción agravada: prohibición constitucional de coalición. El elemento que eleva la crisis a una dimensión institucional es una prohibición que emerge paradójicamente del éxito electoral del PH.
En las elecciones al Senado de 2022, el Pacto Histórico se consolidó como la lista más votada, alcanzando el 16,95% de los votos válidos. La legislación colombiana establece un límite constitucional del 15% para que los partidos puedan inscribir listas bajo la figura de coalición.
Conclusión legal: al superar el umbral del 15%, el Pacto Histórico está, desde el punto de vista jurídico, impedido para inscribir una lista como coalición en las próximas elecciones al Congreso. El triunfador de 2022 no puede repetir la fórmula que lo hizo exitoso.
Litigio inevitable y precedente jurídico. La conjunción de estos factores crea un escenario de altísima complejidad y litigio inevitable. El problema es un callejón sin salida práctico con alta probabilidad de disputa judicial:
Inclusión = Nulidad.
Exclusión = Sanciones financieras.
No hay salida en limpio.
La decisión final del Pacto Histórico y la posterior respuesta del CNE no solo afectarán al partido de Gobierno, sino que establecerán un precedente crucial sobre la rigurosidad y las consecuencias políticas de la estricta legislación electoral en Colombia.
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