El duro cuestionamiento de la Contraloría a Nemesio Roys en el DPS

Estos documentos de 2017 y 2018 dejan al descubierto la mala gestión de quién ahora aspira a ser gobernador de La Guajira., frente a los que Susana Correa no ha tomado medidas

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octubre 07, 2019
El duro cuestionamiento de la Contraloría a Nemesio Roys en el DPS

Informes de auditoria financiera de la Contraloría General de la República para las vigencias 2017 y 2018 critican severamente el actuar del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en varios aspectos, siendo dos de ellos los más relevantes: la ejecución de obras de infraestructura y la alimentación. Al frente de la entidad estuvo hasta el 7 de agosto de 2018 Nemesio Roys, hoy candidato a la Gobernación de La Guajira.

Roys llegó al DPS a inicios de 2016 como subdirector de proyectos. Venía de quemarse en las elecciones regionales de 2015 cuando aspiró a ser alcalde de Riohacha, donde perdió  al quedar en tercera posición y sacar menos de la mitad de la votación del vencedor.

El aspirante se metió de cabeza en esa campaña, avalado por La U y de la mano del representante por La Guajira Alfredo Deluque, que pertenece a esa misma colectividad. El congresista lidera el movimiento Nueva Guajira, el mismo que ha tratado de mantener el poder en los cargos clave del departamento en las últimas dos décadas. Sin embargo Deluque recuperó su poder regional con la ayuda del Presidente Santos. Su apoyo como Presidente de la Cámara le significó una buena mermelada burocrática, logrando en la recta final de su mandando para alguien de su grupo el cargo considerado la joya de la corona: el Departamento para la Prosperidad Social. El escogido fue Nemesio Roys.

El alfil de Deluque fue nombrado en los primeros meses de 2016 inicialmente a la subdirección de proyectos, donde tenía a cargo programas clave como Familias y Jóvenes en acción, inclusión productiva (intervención rural, emprendimiento y seguridad alimentaria), e infraestructura social y hábitat y un año después fue promovido a la dirección del DPS en reemplazo de la barranquillera Tatiana Orozco.

La gestión de Roys, quien aprovechó la entidad para engrasar la maquinaria el Grupo Nueva Guajira liderado por el representante Deluque, quedó resumida en el informe que presento su reemplazo Susana Correa cuando asumió el cargo en el gobierno De Iván Duque: “Presidente, es triste. El diagnóstico de la empresa que usted me asignó para que dirigiera es lamentable. Tengo que empezar por decir que tenemos que aceptar que es una entidad totalmente politizada, en donde no solo tenemos una nómina paralela, sino tareas paralelas. La entidad tiene 1.400 cargos de planta de los cuales hay 1.208 ocupados pero además tiene 778 contratistas, de los cuales vamos a tener que sacar algunos de ellos”.

En noviembre de 2018 el presidente Iván Duque encabezó un corte de cuentas al expresidente Santos junto a todos sus ministros, incluida la directora del DPS, Susana Correa.

La funcionaria criticó, además, que de los recursos de la entidad solo el 8% fueron invertidos en los cinco departamentos más pobres del país, algo que subió —aunque de manera insuficiente— a 18% en 2018. Paradójicamente, el departamento que el exdirector Roys aspira gobernar, La Guajira, está entre ellos y es el segundo con más pobreza monetaria, según datos del DANE.

La Guajira tiene el 70% de su territorio sin vías de acceso sin agua y con una población vulnerable en riesgo de hambre y sed, pese a un mandato de la CIDH. Poco hizo el DPS para implementar acciones que le dieran otra suerte a la población wayuu, que siguió poniendo niños muertos.

Pese a los hallazgos de la funcionaria, no se conoce que los haya denunciado formalmente ante las autoridades en lo que pareciera ser un pacto de silencio por conveniencia política. No así, la Contraloría General en caso de Edgardo Maya que en su informe de auditoría a la gestión del guajiro en el 2017 encontró  25 hallazgos administrativos “de los cuales 22 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno con incidencia fiscal […] que serían trasladados a las autoridades competentes”. Sin embargo, más allá de un plan de mejora, todavía no se conocen cuales son esas acciones disciplinarias y fiscales.

Uno de estos hallazgos, por ejemplo, ocurrió en Chimá (Córdoba), un contrato de obra vial por 2.803 millones de pesos firmado en 2015, y ejecutado entre el 30 de enero de 2017 y el 18 de septiembre de 2017, financiado totalmente por el DPS.

Dijo la Contraloría que, en este caso, hubo “deficiencias en el proceso constructivo por parte del contratista de obra, así como falta de rigor de la supervisión e interventoría durante las actividades de obra y posterior entrega del proyecto. En consecuencia se deriva recibo de obras de baja calidad, con deterioro progresivo en un corto tiempo de uso”.

Así mismo, hay evidencias de falta de planeación en las obras derivadas en un convenio interadministrativo por 11.896 millones de pesos entre el DPS y la Alcaldía de Cereté (Córdoba) para obras de infraestructura que tuvieron serios retrasos y entrega de pagos parciales sin los requisitos de obra cumplidos.

La Contraloría manifestó que el nivel de maduración de los proyectos era “bajo, lo cual representa que el municipio no contaba con estudios y y diseños requeridos para completar y determinar el análisis de viabilidad del mismo. No obstante el convenio se suscribió”.

El nuevo contralor Carlos Felipe Córdoba, quien llegó en agosto de 2018 también se ha mostrado inconforme y critico con la gestión del DPS que dejo en ese mismo mes la dirección de la influyente institución.

La Contraloría criticó en la página 160 la deficiente ejecución de recursos: de los $ 2,9 billones  de inversión para la vigencia 2018, se obligaron 2,4 billones, es decir 84,52% “lo que evidencia deficiencias en la ejecución presupuestal, no ejecutándose estrictamente las aprobaciones aprobadas”.

En el programa de infraestructura ‘Obras para la prosperidad’ quedaron 236 proyectos quedaron pendientes de ejecución en la vigencia 2018 “generando el correspondiente efecto e impacto social negativo, que conlleva no satisfacer las necesidades de infraestructura social y comunitaria de la población vulnerable”.

Igualmente, en el programa de Red de Seguridad Alimentaria (RESA), una de las más importante por su fuerte componente social, con un presupuesto de $ 65.000 millones, apenas hubo una ejecución de  1,78% de lo apropiado.

Esto, ocasionando “incumplimiento a la política pública del Estado a través de Prosperidad Social con las comunidades más afectadas por el hambre y las desnutrición en el país”. Esas, guardadas las proporciones, son las mismas comunidades que deberá atender Nemesio Roys si llega a ser el gobernador de La Guajira.

*Inorme de Auditoría Independiente DPS vigencia 2017.

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