Si para que algo haga escándalo e interese a los medios de comunicación tiene que presentarse bajo el nombre de 'carrusel', así tocaría referirse a la situación de la Justicia en Colombia.
Suficiente razón sería el reciente dato de que de los procesos penales solo el 5 % terminan en sentencia. Sin embargo, eso sería apenas la punta del iceberg:
De esos 5 % un buen porcentaje —y cada vez mayor— recibe la casa por cárcel o presentaciones, o brazaletes, como diferentes formas de sanción extramuros; esto porque el sistema penitenciario es tan insuficiente que el hacinamiento llega en algunos establecimientos a recibir seis personas donde la instalación es para una, lo que a su turno ha obligado a proponer leyes que permiten pagar las sanciones sin prisión, ampliándose ese beneficio a medida que se satura aún más la capacidad carcelera.
Pero en cambio ese hacinamiento se debe a que entre ese 95 % de procesos en curso un inmenso número, indeterminado pero que debe ser del orden de por lo menos la mitad, corresponde a individuos que son encerrados 'preventivamente' sin sentencia, incluso sin iniciar el juicio y solo con la acusación de la Fiscalía avalada por un juez de garantías.
Y eso agravado con que el sistema está representado o es conocido solo en lo que manejan los medios de comunicación; y en efecto lo 'manejan' porque no es que solo lo presentan, sino que actúan como investigadores, fiscales y jueces, sometiendo la Administración de Justicia a lo que ellos deciden.
El complemento de este problema es que se cree simultáneamente que con más mecanismos de control y mayor eficiencia de los sistemas represivos se reduce la delincuencia. El resultado es que se aumenta el número de detenciones o sea la cantidad de procesos y de sindicados que desbordan aún más tanto el sistema judicial como el carcelario. Hoy hay una acumulación de procesos de uno por cada siete colombianos mayores de edad (cerca de dos millones), de encarcelados y/o sentenciados uno por cada cincuenta, y esto se aumenta a un ritmo de más de treinta nuevas capturas diarias.
A todo esto debe adicionarse las fallas o errores judiciales. En Estados Unidos acaban de reconocer un error en el juicio a un colombiano sentenciado gracias a un falso testimonio a 25 años de prisión por un homicidio que no cometió. Aquí se ha vuelto el testimonio la columna vertebral de las pruebas —sobre todo y hay que destacarlo, la de los grandes procesos mediáticos—, al mismo tiempo que se reconoce que existe algo como el cartel de los falsos testimonios.
Ejemplos son aquellos donde aparecen 'estrellas' como Popeye, que son capaces de decir cualquier despropósito, sea en los tribunales o a la prensa, y con ello desencadenan juicios mediáticos a veces contra 'chivos expiatorios', a veces como catalizador de odios contra figuras con las cuales esos medios no simpatizan.
Aquí valen algunas ilustraciones:
Está por supuesto el caso de Sigifredo López a quien se acusó de ser una especie de Mata Hari varón, convirtiéndolo dos veces en prisionero, primero del secuestro y después de esa torpeza de la justicia colombiana. Su fundación para contrarrestar esa tendencia debería merecer más apoyo y más reconocimiento.
Respecto a situaciones falladas pero incomprensibles está el caso de Santofimio, condenado como 'determinador' de la muerte de Galán por ser su oposición política y por tener relaciones con Pablo Escobar varios años antes de que tal crimen se cometiera, pero sin ninguna prueba que corrobore algo más concreto o alguna actuación diferente de esa alegada motivación.
Y respecto a la validez de las declaraciones de las estrellas vale la pena oír la última intervención de Popeye (en Telenoche) donde al tiempo que declara ser 'el registro histórico del Cartel de Medellín', relata como sirvió de intermediario para los negocios de droga entre Pablo Escobar, Gabriel García Márquez y los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Y esto es en la Rama de la Justicia que por su naturaleza tiene una atención preferencial. Sobra pensar lo que sucede en los pleitos administrativos o civiles, donde la ineficiencia remplaza a la injusticia y cualquier solución se demora años. Se salva en algo, por lo menos en cuanto a la demora en sus pronunciamientos y la acumulación o retardo en los procesos, la Justicia Laboral.
A todo lo anterior debe agregarse que el desarrollo de la tutela en forma diferente de como fue concebida —es decir, ya no como instrumento excepcional, solo para controlar la arbitrariedad de las autoridades, y solo para cuando estaban de por medio verdaderos derechos fundamentales—, creó una administración de justicia paralela que al tiempo que sustituye a la ordinaria, se convierte en Justicia arbitraria por no cumplir los requisitos usuales de los procesos judiciales.
