El pasado 3 de mayo de 2025, se formalizó el acuerdo sobre la creación de una zona de concentración en la región del Catatumbo – jurisdicción del municipio de Tibú – Norte de Santander, lugar que alojará a los integrantes del denominado frente 33 de las disidencias de las FARC, con el propósito de adelantar un proceso que conduzca a la reincorporación a la vida civil, de los miembros de esta estructura ilegal.
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Sin embargo, la decisión del gobierno Petro ha generado diversas opiniones sobre las implicaciones que acarreará la presencia de los disidentes, quienes desde el pasado 16 de enero del presente año, vienen librando una guerra a muerte, con el grupo armado ilegal del ELN. Lo que más preocupa a los diferentes sectores sociales es la metodología que se va a implementar para que las conversaciones y las posibles dejaciones de armas, no vuelvan a revivir el viejo fantasma de la zona de distensión del Caguán, que tanto atormentó a los colombianos.
No podemos asegurar que las condiciones y el momento histórico es distinto al que vivimos en los finales de los años noventa, cuando la realidad es tan parecida en la conjugación de tiempo pasado, y presente en lo que tiene que ver con el espiral de violencia que estamos viviendo en la actualidad. La expansión y el fortalecimiento de las distintas estructuras del crimen organizado, llámese guerrillas o paramilitares tienen unos patrones en común, y es que ambos actores armados han sabido explotar los generosos ceses bilaterales al fuego, con el que se han beneficiado gracias a las buenas intenciones de la paz total promovida por el gobierno del doctor Gustavo Petro.
Hoy 27 años después de la creación de la llamada zona de distensión del Caguán, los colombianos observamos con preocupación, la improvisación o ligerezas del actual gobierno nacional, sobre la manera como se ha venido abordando el tema de la paz con los diferentes grupos armados, todo esto nos ha llevado a experimentar un retroceso en materia de seguridad, igual o peor al que vivimos en los años noventa.
Ahora firmar un acuerdo de dejación de armas con un grupo residual, no es una victoria de la política de paz total, tal vez podría abrirse un nuevo foco de violencia, ya que la confrontación que llevan a cabo, el ELN, y las disidencias de las FARC no ofrecen un panorama esperanzador, para los habitantes de la golpeada región del Catatumbo.
También es importante conocer bajo qué marco jurídico quedarán las mujeres y hombres que se acojan a lo que bien parece una paz exprés, la cual no es una victoria del equipo negociador del gobierno, ya que más bien parece obedecer a las presiones militares que vienen ejerciendo el ELN, en contra de las disidencias.
¿Cuál será el tribunal competente, encargado de juzgar a quienes se sometan al nuevo proceso de dejación de armas? Son muchos los interrogantes que se plantean no solo los nortesantandereanos, sino los colombianos, ya que este nuevo experimento llámese zonas de concentración, no vayan a convertirse en la exigencia y el regalo más preciado para todos los grupos criminales que delinquen en el país, ya que de darse no solo estaríamos reviviendo un viejo fantasma del pasado como fue la zona de distensión del Caguán, sería evidente tener que lidiar con la interminable pesadilla de la violencia en Colombia.
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