El alcalde de Uribia y las lecciones no aprendidas

Después de una difícil situación de COVID-19 que superó en la UCI de Valledupar, Bonifacio Henríquez sigue sin darle buen ejemplo a los guajiros 

Por: Pedro Luis Rodríguez
agosto 10, 2020
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El alcalde de Uribia y las lecciones no aprendidas

Nuevamente, en una fotografía reciente, apareció sin tapabocas durante un corte de cabello y junto con dos estilistas, haciendo caso omiso de las normas básicas de distanciamiento social que las autoridades sanitarias han insistido en recomendar.

Ese mismo comportamiento le valió su propio contagio y el de su círculo cercano. De hecho, el mandatario, antes de su internación, había sido advertido de que portaba el coronavirus.

Henríquez, en vez de guardarse los catorce días de rigor, se mantuvo despachando en su casa sin siquiera usar tapabocas, expandiendo el germen entre sus subordinados y quienes acudieron a su casa.

De hecho, antes de su difícil convalecencia, se conoció otra imagen en una reunión social sin siquiera mantener distanciamiento social alguno. Estaba acompañado de secretarios de su despacho y del comandante local de policía.

Tales irresponsabilidades no fueron solo con su persona. Según señalamientos, que investigan los entes de control, también habría contratado irregularmente ayudas para la población en medio de la pandemia.

La perla es el contrato para 10.000 kits de aseo para combatir al coronavirus, por el que solamente las bolsas plásticas que lo contenían costaron 37 millones de pesos, el transporte otros 30 millones y la botella de alcohol antiséptico tenía un valor de 11.500 pesos por unidad.

Ello sin contar con la pelea judicial —en plena crisis sanitaria por el COVID-19— para nombrar al gerente del Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La titular del cargo entuteló a Henríquez y la justicia le dio razón en primera instancia, fallo que el alcalde incumplió y por el que fue declarado en desacato, en un vergonzoso episodio en el que él lanzó groseras y temerarias acusaciones contra el juez, que terminó denunciándolo penalmente.

El accidentado proceso terminó en el Tribunal Superior de Riohacha, donde fue remitido a reparto del mismo tribunal, luego de que un juez intentara usurpar —al parecer irregularmente— la segunda instancia de dicho amparo.

Como retaliación contra la funcionaria que se mantuvo en el cargo, el mandatario ordenó congelar de los recursos del hospital en las respectivas cuentas bancarias, una jugada que carece de todo sentido social en medio de una crisis sanitaria y económica, sin contar con los miles de indígenas de la etnia wayúu que cuentan solamente con ese centro médico.

Solo hasta el pasado jueves el tribunal dio luz verde a la gerente para sostenerse al frente del hospital y hasta el sábado el banco pudo desbloquear las cuentas, cosa que mantenía a los empleados sin salario desde hace varios meses. El alcalde al parecer no encuentra la forma de ensillar el potro y se le nota alejado de la realidad.

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