La prensa colombiana, tan propensa a vilipendiar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha mostrado tímida al registrar el escándalo que la semana pasada mostró el verdadero rostro de la oposición venezolana. La noticia ha sido reportada sin mayor difusión, con lo que se va invisibilizando, todo lo opuesto a lo que ocurre cuando menciona al actual gobierno de Miraflores, el cual, ya se sabe, sirve para ocultarle al país el tamaño de su propio desastre. Es una táctica usada hasta el cansancio y su fin no es otro que deformar los hechos y acomodarlos a un discurso determinado que busca resaltar aspectos negativos o positivos con el objetivo de moldear la opinión pública sobre un tema determinado.
Resulta que detrás del prefabricado señor Guaidó, detrás de la parafernalia mediática de su imagen, de su discurso, de sus tediosas y fallidas amenazas por derrocar el orden estatal venezolano, con la complicidad de la comunidad internacional, de Estados Unidos y de los intereses corporativos que se mueven a la sombra, hay una trama de corrupción, que hasta el momento parece haberse apropiado de, como mínimo, noventa mil dólares, aunque es posible que esta cifra sea muy superior. Estos recursos estaban destinados a brindar soporte a varios miembros del ejército venezolano que luego de los eventos de febrero de este año terminaron evadiéndose del país vecino. Sin embargo, parece ser que lo anterior es solo la punta del iceberg.
La noticia fue primicia en un diario en línea panameño, el Panamá Post, al cual no se puede acusar de estar en favor del presidente Nicolás Maduro, pues basta visitar su web para darse cuenta de que no es así. A pesar de ello, el periodista Orlando Avendaño, nacional de ese país, develó lo que posteriormente fue comprobado por la fiscalía venezolana e incluso por el mismo Guaidó, quien de forma eficaz se desmarcó de la actuación dudosa de gente de su confianza, una jugada típica. A pesar de ello, resulta muy sospechoso que el autoproclamado presidente interino, no estuviera enterado de los malos manejos financieros de personas que él mismo había presentado ante el gobierno colombiano como sus representantes.
Para entender el contexto, hay que repasar los acontecimientos de febrero 23 de 2019. Colombia, se presta para ser parte de un esfuerzo por parte de los actores antes señalados para desestabilizar al gobierno de Venezuela promoviendo un concierto benéfico que tiene como propósito imponer la idea de que en el país vecino hay una crisis humanitaria, debido básicamente a la línea ideológica del gobierno venezolano. Para lograr hacer esto, Juan Guaidó junto con el gobierno Duque y los demás implicados buscan ingresar de manera ilegal a Venezuela ayuda humanitaria, hecho que el gobierno de Miraflores, en todo derecho, rechaza, no solo porque la acción violaba su soberanía y sus leyes aduaneras, sino además porque aceptar la ayuda, implicaba aceptar la narrativa de crisis que de fondo tenía, y tiene el propósito de promover y validar en la opinión internacional un golpe militar o una invasión contra el país vecino. Sin duda, aquel fue un día de desmanes. Uno de ellos, por ejemplo, fue el incendio de uno de los cargamentos de ayuda. Hecho que fue, de forma eficiente e irresponsable, adjudicado, por los medios colombianos, entre otros, al gobierno bolivariano. Sin embargo, como fue expuesto después, con evidencia, por el diario New York Times fueron los mismos seguidores del señor Guaidó quienes incendiaron con un coctel molotov el cargamento de ayuda. Lo cierto es que en los hechos de ese día hay demasiadas zonas grises, que hasta el momento ninguno de los protagonistas ha esclarecido.
Otro de los incidentes de ese día, tiene que ver con la cifra de militares bolivarianos que terminaron desertando bajo la promesa y la retórica de ser héroes, por lo tanto, merecedores de beneficios económicos, conservación del rango y otros, una vez que el gobierno actual fuera derrocado gracias al afamado cerco diplomático contra el presidente Nicolás Maduro. Pero esto no sucedió y estos militares quedaron a la deriva, con todos los problemas que esto puede generar. En principio, el gobierno de Colombia, ACNUR y la organización que lidera el señor Guaidó eran responsables por la manutención de estos militares, para tal fin el último, designó a dos personas de su confianza cuya función era gestionar esa tarea, se trataba de los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, quienes también están siendo investigados por su actuación en los hechos del 23 de febrero. A ellos se les investiga por contratar delincuentes para promover actos de violencia en la frontera colombo venezolana. Sin embargo, el día 24 de febrero, de forma sorpresiva, fueron relegados de su puesto y reemplazados por Rossana Barrera y Kevin Rojas. El periodista del Panamá Post, publica en su columna copia de la carta que el propio Guaidó envió al Canciller Holmes Trujillo presentando a los dos personajes e indicando que son los representantes de su gobierno para tratar “la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio”. Fue entonces, cuando ambos personajes, miembros del partido Voluntad Popular comenzaron a malversar los fondos, para ello falsificaron gastos e inflaron cifras. Su actuación llamó la atención de las autoridades colombianas, pero no hubo respuesta inmediata. Solo cuando la actuación de ambos opositores resultó insostenible entonces las agencias de inteligencia informaron a la embajada de Guaidó, a la presidencia de Colombia y a la cancillería, pero ya para ese momento los hechos se habían consumado.
Ambos personajes, miembros del partido Voluntad Popular
comenzaron a malversar los fondos,
para ello falsificaron gastos e inflaron cifras
Ahora bien, el gobierno de Iván Duque no ha sido transparente respecto a sus acciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, como tampoco ha sido honesto con respecto a los gastos que ha realizado, a expensas de la ciudadanía, para apoyar la campaña de desprestigio y confabulación de la oposición venezolana a nivel internacional. Por otra parte, la evidencia sugiere que la trama de corrupción que involucra al señor Guaidó es mucho más compleja y extensa de lo reportado de forma timorata por los principales medios colombianos. De igual forma, lo que se ha revelado hasta ahora, es un indicio que expone la existencia de una intención, por parte de diversos actores en generar desestabilización en Venezuela por vía de la violencia y de medidas económicas restrictivas que no tienen otro fin diferente al de generar un clima que propicie y justifique una acción ilegal contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El gobierno de Colombia debe replantear su estrategia diplomática con Venezuela, la cual debe ser de solidaridad, respeto y neutralidad frente a sus procesos políticos internos, no de injerencia, no de confabulación, no de beligerancia. Es equivocado manejar las relaciones diplomáticas desde la obediencia a intereses foráneos, así como desde el desencuentro en materia ideológica. Por otra parte, el gobierno Duque debería encausar sus esfuerzos en solucionar los múltiples problemas del país en lugar de estar financiando confabuladores corruptos.
