El Acuerdo Final de Paz regresa al debate político en medio de la campaña a la presidencia. Una inesperada serie de noticias viene a recordar al país su existencia, importancia y vigencia, así como que la mayor parte de su implementación efectiva, pese a los más de nueve años de su firma, sigue aún pendiente, siendo la fórmula histórica más valida de consenso hacia la solución de los problemas fundamentales del país.
Comencemos por la debacle electoral de Comunes, el partido nacido de la reincorporación política de los antiguos alzados. Buena parte de los medios y sus comentaristas se esmeraron en presentar ese hecho como la simple demostración del fracaso de unas ideas y propuestas carentes de fuerza alguna. Hasta el presidente Petro, a quien Comunes apoyó sin vacilar desde su campaña de 2018, sentenció que se trataba de una gente a la que nadie quería en Colombia.
Así paga el diablo a quien bien le sirve, dicen las señoras. El presidente debería ser el primero en reconocer que la pérdida de las diez curules parlamentarias de Comunes, otorgadas por el Acuerdo de Paz, retrata mejor que nada el incumplimiento de ese Acuerdo, en particular de su punto dos, sobre participación política. Este previó una reforma profunda del régimen electoral colombiano, que el Congreso de la República se negó rotundamente a aprobar.
Comunes no nació para hacer política en un país de mafias electorales, corrupción y compra de votos. Se le garantizó que gozaría de todos los derechos, comenzando por el de la vida de sus militantes, así como el de participar en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas. La verdad es que son nueve años de estigmas, señalamientos, acusaciones infames, amenazas de muerte y acoso permanente por buena parte de las autoridades.
La izquierda o el progresismo, que con entusiasmo se brindó para hacer posible la firma de la paz, fue la primera en apartar bien lejos al nuevo partido, con el argumento de que les restaría votos en vez de sumar. Entes oficiales como la Contraloría y la Jurisdicción Especial para la paz se echaron encima del nuevo partido, aprovechando la última etapa de su campaña electoral, para acusarlo con perversidad de falsos incumplimientos y de los peores crímenes.
Petro desmontó la estructura institucional para el cumplimiento del acuerdo, reemplazándola por una Unidad de Implementación sin dientes
Si el Acuerdo se traía a cuento, era para usarlo como guillotina contra los firmantes. El director de la UNP, sin vacilar, eliminó la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección creada por el Acuerdo, tras un terco desconocimiento de todo lo que por ese mismo Acuerdo favorecía a los firmantes. Nada raro, el propio Petro desmontó la estructura institucional para el cumplimiento del mismo, reemplazándola por una Unidad de Implementación sin ningún diente.
Curiosamente, fue Daniel Oviedo, el exótico candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia, quien sacó del ostracismo el Acuerdo al plantear como una de sus líneas rojas el cumplimiento del mismo, chocando con la posición de su propia candidata presidencial, y desde luego con Abelardo, que detesta el Acuerdo de Paz más que el mismo Uribe, y quien por querer parecerse a Bukele, cada día se acerca más a una ridícula caricatura de Trump.
El tema, del que ya nadie quería hablar, pasó entonces de nuevo al centro de la campaña. Hasta el punto de que Iván Cepeda, el candidato más probablemente ganador a la presidencia, decidió por fin pronunciarse de manera pública, dirigiendo a los firmantes de paz un video preciso, en el que se compromete con ellos y el país a hacer por fin lo que ni los gobiernos de Iván Duque ni Gustavo Petro quisieron hacer, cumplir sin excusas el Acuerdo Final de Paz 2016.
Los firmantes llevaban años quejándose de todas las formas posibles acerca del manejo voluntarioso y arbitrario con el que los magistrados de la JEP habían decidido aplicar el Acuerdo, inventándose sus propias interpretaciones, que contrariaban lo que se pactó en La Habana, lo que aprobaron las reformas constitucionales y lo que la ley y los decretos reglamentarios de la JEP crearon. Desde luego, con el ambiente creado en su contra nadie los escuchaba.
Hasta el punto de que su equipo jurídico pensó en presentar una demanda ante la Corte Constitucional en contra de las sentencias interpretativas de la JEP. Había que pensarlo bien, con el desprecio que se cernía sobre las cabezas de los firmantes, quién sabe si más bien resultara contraproducente. Para su fortuna, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, negociadores gubernamentales del Acuerdo, resolvieron por su cuenta demandar lo mismo.
Les resultaba insoportable el engendro creado. Y claro, la Corte les dio la razón. Hay que regresar al Acuerdo original. Hasta con el tema reciente del Catastro Multipropósito, manoseado de mil maneras hoy. Ese Acuerdo sigue vivo y peleando, como los firmantes, que no retomarán las armas, pero tampoco morirán como quieren matarlos.
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