Los señalamientos de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer llevaron al abogado Ricardo Gaviria Ramírez, encargado de la defensa de la exprimera dama a tomar medidas. Según Ferrer, Alcocer estaría relacionada con presunto tráfico de dinero, movilización de estupefacientes al extranjero e injerencia en entidades estatales como el ICBF, ProColombia, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena y el Icetex.
Ante estas afirmaciones, Gaviria solicitó a la Fiscalía, mediante derechos de petición, información sobre posibles procesos contra su representada. La petición busca conocer los datos de las actuaciones, los expedientes y los detalles relacionados con los presuntos delitos. La información oficial permitirá establecer el alcance de eventuales investigaciones y su estado.
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Gaviria es egresado de la Universidad de Caldas y cuenta con una especialización en Derecho Penal de la Empresa. La defensa de Alcocer no sería su primer caso de alto perfil ni de la familia del expresidente Gustavo Petro. El abogado también representó a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y lo asesoró durante la búsqueda de un posible preacuerdo con la Fiscalía.
Otro proceso relevante en su trayectoria es el de los 13 estudiantes de la Universidad Nacional, señalados por delitos como rebelión, terrorismo y concierto para delinquir. En ese caso, Gaviria cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por los fiscales y señaló presuntas irregularidades en las capturas de los acusados.
El penalista es socio fundador y director general y jurídico de Derecho Penal & Empresa, firma creada hace más de 12 años. Entre los clientes empresariales que reporta haber defendido figuran Bancolombia, Bavaria, del grupo AB InBev, Postobón, Siemens Healthcare, Renault Sofasa, Fecoljuegos, Colbet, WPlay y Atlético Nacional, entre otros.
Fuera del ámbito corporativo, Gaviria participó en el caso conocido como Las Marionetas, una investigación por corrupción relacionada con la contratación pública. El fallecido exsenador liberal Mario Castaño confesó haber articulado una red que direccionaba contratos a cambio de sobornos de entre el 10 % y el 15 % del valor de las obras.
Las estimaciones del desfalco al erario superaron los 60.000 millones de pesos. Los recursos comprometidos estaban destinados a proyectos sociales, vías y escenarios deportivos, incluidas canchas sintéticas. En ese proceso, Gaviria defendió a Diego Fernando González, exalcalde de Aguadas, Caldas, quien fuera capturado en agosto 2022 por su presunta vinculación con la red liderada por Mario Castaño.
En una primera instancia, la defensa consiguió que un juzgado de Bogotá sustituyera la detención intramural de González por prisión domiciliaria. Y en agosto de 2025 un juez ordenó su libertad por vencimiento de términos, al superar el tiempo máximo estipulado sin que se iniciara formalmente el juicio en su contra, aunque sigue vinculado al proceso judicial.
Ahora, Gaviria enfrenta el reto de defender los derechos y el buen nombre de Verónica Alcocer, quien fuera la esposa de Gustavo Petro durante su presidencia (su divorcio se oficializó en agosto de 2026), frente a los señalamientos de Ferrer. Su actuación también estará orientada a establecer qué información existe en la Fiscalía sobre el caso y cuáles son las eventuales implicaciones judiciales para su clienta. El desarrollo del asunto dependerá de las actuaciones oficiales y de las decisiones de las autoridades competentes.
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