Las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y antigua asesora de Verónica Alcocer, volvieron a sacudir el escenario político colombiano.
En entrevista con Vicky Dávila para SEMANA, publicada el 10 de octubre pasado, Ferrer señaló a la ex primera dama de tener influencia en nueve entidades estatales y lanzó acusaciones sobre presuntos movimientos de dinero, tráfico de drogas y armas en viajes oficiales a Venezuela. Los señalamientos provocaron reacciones de figuras de distintos sectores políticos, entre ellas Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.
El relato de Ferrer no se limitó a los nombramientos y las cuotas burocráticas. La exasesora mencionó a personas cercanas a Alcocer, entre ellas su primo Mario Fernández Alcocer, el empresario catalán Manel Grau y el senador Agmeth Escaf. Sus declaraciones abrieron un nuevo frente de controversia sobre el alcance de la influencia que habría tenido el círculo de la entonces primera dama durante el gobierno de Petro.
Nueve entidades y acusaciones que escalaron
Al preguntarle por las entidades en las que Alcocer habría tenido influencia, Ferrer enumeró ProColombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la subdirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo de Adaptación y el Icetex. “Como mínimo, tenía muchas fichas puestas”, afirmó en la entrevista.
Ferrer también aseguró que Mario Fernández Alcocer y Agmeth Escaf habrían intervenido en asuntos relacionados con el ICBF y ProColombia. Según su versión, en esta última entidad Carmen Caballero habría sufrido presiones de Fernández Alcocer, Escaf y Grau. Son señalamientos de la exfuncionaria y no equivalen, por sí mismos, a hechos judicialmente probados.
La acusación más grave se relacionó con un viaje a Venezuela del 31 de enero de 2023. Ferrer sostuvo que Grau le contó que de ese recorrido habrían regresado con 2,5 millones de dólares, que presuntamente se destinarían a la campaña de Mario Fernández Alcocer.
También mencionó supuestas fotografías de Alcocer descendiendo de una aeronave con maletas grises y sugirió que en esos viajes se habría transportado droga. Además, acusó al entorno de la ex primera dama de tener vínculos con tráfico de armas.
Ferrer también relató un supuesto episodio de agresión contra Angie Rodríguez, quien llegó a dirigir el Dapre durante el gobierno de Petro. Según la exasesora, Alcocer la habría zarandeado tras su nombramiento y se habrían borrado grabaciones de seguridad. Estas afirmaciones también requieren verificación independiente.
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Petro, Cabal y De la Espriella entran en escena
Las reacciones mostraron dos posiciones enfrentadas. María Fernanda Cabal calificó de “gravísimas” las denuncias y escribió en X que “el entorno de Petro es crimen organizado puro”. La exsenadora pidió establecer quiénes se habrían beneficiado de los presuntos movimientos de dinero, drogas y armas.
Abelardo de la Espriella, por su parte, anunció una investigación exhaustiva en la Fuerza Aeroespacial Colombiana para esclarecer el posible uso de aeronaves oficiales.
También solicitó a la Fiscalía, la Corte Suprema, la Procuraduría y las autoridades estadounidenses que examinaran la información. Dijo que, si se comprueba la participación de miembros de la Fuerza Aérea, deberán responder ante las autoridades.
En el caso de Petro, volvió a circular un mensaje que publicó el 1 de febrero de 2023, cuando Alcocer viajó a Venezuela. En esa publicación, el entonces presidente sostuvo que ella había ido con un funcionario de MinCultura a conocer el sistema venezolano de orquestas de música clásica.
Por su parte, Agmeth Escaf rechazó los señalamientos en su contra y afirmó que ya estaban en curso una demanda civil y una denuncia penal por injuria y calumnia contra Ferrer. Hasta ahora, las declaraciones de la exasesora deben entenderse como acusaciones que requieren investigación y corroboración, no como responsabilidades establecidas judicialmente.
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