La exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, involucrada en el escándalo y entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es la única que no ha logrado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, la estrategia de su abogado ha sido tomado con cautela mientras otros nombres involucrados ya fueron condenados como es el caso del exsubdirector Sneyder Pinilla.
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A Sandra Ortiz la defiende el experimentado jurista Oswaldo Medina Posada, quien tiene más de 17 años de experiencia en litigios y representación jurídica ante diversas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.
El penalista, además, es fundador del Estudio Jurídico Oswaldo Medina, ubicado en Bogotá, y se especializa en áreas como derecho penal, disciplinario, contratación estatal, derecho deportivo y representación judicial de extranjeros, incluyendo casos de extradición.
Medina, quien ha dicho en repetidas ocasiones que ni él ni su cliente están chantajeando al ente acusador para que Sandra Ortíz reciba beneficios jurídicos, tiene una nutrida hoja de vida y ha ganado varios casos con personajes de renombre en diferentes ámbitos como el deporte y la política.
Por ejemplo, Medina representó al futbolista colombiano Santiago Arias en una demanda contra su exagente, a quien acusaba de apropiarse indebidamente de una comisión de su contrato. Gracias a la defensa de Medina, Arias ganó el caso, logrando recuperar el dinero y limpiar su situación contractual. Este caso fue destacado por su impacto en el ámbito jurídico deportivo en Colombia.
Su experticia hizo que la exfuncionaria del Gobierno nacional, acusada de ser intermediaria en la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name, lo eligiera para ayudarla a limpiar su nombre.
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Por ahora, los resultados no han sido los esperados: la Fiscalía de Luz Adriana Camargo le cerró la puerta a un acuerdo al considerar que la información entregada por la boyacense es “confusa, contradictoria, y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, precisó la institución en un comunicado el pasado 29 de abril.
No obstante, tanto la exconsejera Sandra Ortiz como su abogado, Oswaldo Medina, insisten en que no existen garantías plenas para la defensa de la exfuncionaria. Aun así, reiteran su compromiso absoluto con que se conozca toda la verdad detrás de este escándalo de gran escala que sacude a la opinión pública.
Mientras tanto, Medina busca revertir la percepción que sostiene la Fiscalía, en especial la fiscal María Cristina Patiño, quien ha señalado públicamente que Ortiz no genera confianza y la ha calificado como una persona “errática”. Para enfrentar este escenario, el reconocido jurista apelará a su vasta experiencia, como lo demostró en el caso del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stível Vásquez Gómez.
En octubre de 2024, este proceso cobró relevancia nacional cuando la audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada tras la renuncia de Medina, luego de que el mandatario le revocara el poder a último momento. Aunque ya no representó al alcalde en la diligencia, el caso reflejó la confianza que líderes políticos depositan en su criterio jurídico en momentos de alta tensión.
Además, Medina se ha posicionado como un referente en la defensa de funcionarios públicos —alcaldes, gobernadores y contratistas— frente a acusaciones por delitos contra la administración pública y el patrimonio del Estado.
Por ahora, Sandra Ortíz no tiene de otra que confiar en la experiencia de su defensa y contar todo lo que sabe. Precisamente, en la mañana de este viernes 2 de mayo compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración. A su llegada, reiteró que no tiene garantías y amenazó a los implicados en este caso: “Vengo a hablar con la verdad”, dijo a la prensa.
El nuevo testimonio de Ortiz fue escuchado por la magistrada Cristina Lombana, quien lidera la investigación no solo contra la exconsejera para las regiones, sino también contra otros funcionarios, como Armando Benedetti. Con el proceso judicial en curso y sin un principio de oportunidad aprobado, el rol del abogado Oswaldo Medina será decisivo en la estrategia de defensa. Mientras tanto, el país sigue atento a cada paso de este caso, uno de los escándalos de corrupción más sonados del llamado Gobierno del Cambio.
