El pasado 1 de septiembre del 2024, el empresario Alberto Ríos aceptó el fracaso de su empresa Aire-E en su intento por solucionar el suministro de energía en una parte de la Costa Atlántica. Presentó la solicitud de intervención junto a su abogado Jaime Lombana, advirtiendo que la de su cliente no podía pagar la deuda del sector público que superaba $1,8 billones y que le había generado pérdidas a los inversionistas por más de $450 mil millones. La solicitud le fue hecha a la Superintendencia de Servicios Públicos en cabeza de Dagoberto Quiroga, quien pasó de la representación legal de la Colombia Humana, el partido del Presidente, a la Super.
Inicialmente, se creyó que al tomar posesión del servicio de energía para poder prestar el servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira y ante la crisis financiera el Gobierno asumiría el saneamiento de la empresa.
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Sin embargo, en la víspera de Semana Santa el Ministro de minas, el expresidente de la USO Edwin Palma, informó que el Gobierno no asumiría las deudas anteriores a la intervención del año pasado y que estas ascendían a los $ 2 billones. Para no ir muy lejos EPM, ha denunciado que Aire-E le adeuda $107 millones por concepto de energía entregada e igual sucede con otras entidades del sector eléctrico. El Ministro insistió en el evento de ‘Colombia Solar para Economías Populares’ en Barranquilla que las obligaciones fueron adquiridas por Aire-e ante de la intervención de la compañía por parte del Gobierno, por lo que deberían ser los antiguos dueños quienes asuman la deuda. El baldado de agua fría que le cayó a Alberto Ríos fue inesperado y hasta ahora no ha hecho comentario alguno.
La declaración que dio el Ministro, quien conoce bien la situación de la empresa porque fue el interventor de Aire-e y como tal ya había tenido un duro agarrón por las cifras de la compañía, mucho antes de ser nombrado en la cartera, fue contundente: la billonaria deuda con las generadoras eléctricas acumulada en los 4 años por la empresa debía ser honrada por su propietario Alberto Ríos y la sociedad que construyó para acceder al contrato en el Gobierno Duque el 1 de octubre del 2020.
En ese momento, la ministra de minas María Fernanda Suárez y el presidente Duque presentaron la solución con bombos y platillos que en su momento fue muy cuestionada por el senador Jorge Enrique Robledo, quien confrontó al Gobierno y a la Superintendente de servicios públicos Natasha Avendaño –quien actualmente es la gerente del Acueducto de Bogotá a quien le tocó el racionamiento-, era una de las funcionarias protegidas del Presidente Duque quien en la recta final del Gobierno nombró en la CREG donde duró poco porque el Consejo de Estado la tumbó.
Lo cierto es que ni Aire-E ni Afinia, la filial de EPM que se quedó con el negocio de suministro de energía de Córdoba, Bolívar y Sucre, lograron salir adelante con el propósito a pesar de las gabelas gubernamentales. Las pérdidas de la empresa paisa también son mayúsculas y el alcalde Federico Gutiérrez se refiere a este, como el peor negocio en la historia de EPM.
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