A pesar de las manifestaciones populares en contra del extractivismo en general y del ”fracking” en particular, materializadas algunas de ellas en las consultas populares que se dieron en Colombia desde el año 2009[1], y ante los titubeos de la Corte Constitucional frente al tema; a pesar también de la promesa de que "En Colombia no se hará fracking", del presidente cuando se encontraba en campaña; con el Decreto 328 del 28 de febrero de 2020 se fijaron los lineamientos para adelantar proyectos piloto de explotación de hidrocarburos utilizando el fracturamiento hidráulico. El propósito de estas líneas, sin embargo, no es evaluar si el mandatario honra su palabra, sino analizar brevemente el contexto y las consecuencias de tal decisión.
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En primer lugar, en meses previos a la expedición del Decreto se presentaron algunos anuncios emitidos por las entidades del sector. En mayo del año anterior, el Ministerio de Minas y Energía afirmó que caían las reservas de gas natural en nuestro país y que las existentes alcanzarían para un horizonte de diez años. Al mismo tiempo, hacia mediados del 2019, Ecopetrol comunicó que con la técnica del “fracking” habría reservas de gas por treinta años, logrando producir el volumen para asegurar la autosuficiencia del combustible.
De igual forma, la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que en el país la reservas de petróleo durarían hasta 2024. Esos anuncios se reiteraron en días pasados para ambientar el Decreto de marras. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, advertía que de no tomarse medidas se tendría que aumentar las importaciones de gas. Otros personajes mencionaron la necesidad de incrementar las tarifas.
Ahora bien, si consideramos que la fractura hidráulica (fracking) es una técnica para extraer hidrocarburos de Yacimientos No Convencionales (YNC), o sea, en aquellas fuentes del subsuelo en las que tradicionalmente se hace más compleja la explotación; mediante la inyección con alta presión de grandes cantidades de agua con aditivos químicos en pozos previamente perforados; podemos entender las consecuencias ambientales de su puesta en marcha.
Respecto a las consecuencias adversas de la implementación del fracking se conoce que además de la ocupación de territorios y los efectos acústicos y paisajísticos, se presenta un uso excesivo de agua y contaminación de aguas subterráneas; así como contaminación atmosférica y emisiones de metano.
No obstante, el uso de esta técnica de extracción acarrea también otros efectos. Los riesgos de explosiones, derrumbes y escapes de gases y sustancias tóxicas no son despreciables frente a la vida y la salud de las personas que trabajan en las explotaciones o habitan en lugares cercanos de estas. Se conocen casos de cáncer, mutaciones genéticas, problemas respiratorios, desórdenes neurológicos y alergias.
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El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU ya se ha pronunciado sobre el “fracking” indicando que es una técnica que aporta al calentamiento global porque ataca los ecosistemas de vegetación, los nacimientos de agua y las áreas protegidas.
Pero esas consecuencias nefastas no son importantes cuando el objetivo se centra en las jugosas ganancias. Ecopetrol y la Occidental Petroleum Company (quienes ya han usado el “fracking” en 11 pozos perforados que producen cerca de 3.500 barriles por día en Estados Unidos), celebran con Frontera, Geopark, Equion, Gran Tierra, Mansarovar, Hocol, Chevron-Texaco, Geoproduction, Canacol, Exxonmobil, ConocoPhillips, Drummond, el espaldarazo que el presidente Duque ha dado a sus proyectos de explotación mediante fractura hidráulica en territorio colombiano.
El Decreto establece un diálogo y consulta con comunidades, después de otorgarse el permiso a una empresa para hacer la exploración de YNC (yacimientos no convencionales), un saludo a la bandera. El mensaje que se envía a la población que se ha pronunciado en contra de tal práctica es tóxico: ¡Aquí triunfó el extractivismo! ¡La soberanía reside en el dólar!
[1] Carmen del Darién (2009); Piedras y Tauramena (2013); Cabrera, Cajamarca, Pijao, Arbeláez, Jesús María, Córdoba, El Peñón, Granada, La Macarena, Une, Cumaral (2017); Fusagasugá (2018).
