En menos de un mes, las personas del Valle del Cauca fueron testigos de cómo dos de los hospitales más importantes del departamento tiraban la toalla ante la complicada situación financiera que se ha generado a partir de las millonarias deudas que tienen con ellos las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Se trata de la Clínica Farallones de Cali y de la Clínica Palmira, las que, con velatones incluidos, cerraron respectivamente sus unidades de obstetricia y neonatología.
La clínica Palmira cerró sus servicios de UCI debido al retraso en los pagos de los proveedores que ya supera los 7 meses. Esta unidad no solo atiende a Palmira sino otros seis municipios del centro del Valle. #VocesySonidos pic.twitter.com/PhDdnS3bKY
— BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 1, 2025
Esta decisión que irremediablemente afectará a madres, a recién nacidos y a personal médico dedicado a estas especialidades se tomó en plena crisis de las EPS, entidades con las que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene una guerra casada y las que se busca transformar con la reforma a la salud, cuyo trámite sigue estancado en el Congreso. De igual manera, coincide con la salida a la luz del escándalo que daría cuenta del desvío de recursos de la salud a paraísos fiscales en el que han sido salpicados varios altos funcionarios como Jaime Ramírez Cobo o Daniela Andrade.
La respuesta de las autoridades del departamento
Las decisiones de la clínica caleña y la palmirana pusieron en alerta inmediatamente a la Gobernación del Valle del Cauca y particularmente a la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes. Ella enfatizó el hecho de que al tener estas unidades cerradas las pacientes que requieran este servicio van a tener que acudir a otras clínicas de la región, lo cual puede acarrear congestión hospitalaria, particularmente en la ciudad de Cali, a donde muy probablemente terminen llegando personas desde Palmira.
De igual manera, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha tratado de gestionar acuerdos con las EPS para que se pongan al día con los pagos correspondientes al 2024 y para renegociar los correspondientes a años anteriores con las clínicas del Valle del Cauca, esto teniendo en cuenta que a la red de salud pública y privada del departamento se le adeudan en total $ 3,5 billones.
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