La contraloría de Bogotá investiga presunto detrimento patrimonial por más de mil millones de pesos en las obras para recuperar la malla vial de la localidad de Puente Aranda en contratos adjudicados durante la pasada alcaldía de Claudia López.
Durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, en plena emergencia sanitaria del COVID 19, la Alcaldía Local de Puente Aranda, encabezada en ese momento por Bienvenido Martínez Segura (fungía como alcalde local encargado), adjudicó el 29 de diciembre de 2020 el contrato #319 al Consorcio Prato, conformado por las empresas Isaías Vargas con el 40 % de la participación, V&M Ingeniería S.A.S. con el 40 % y Carlos Mauricio Ordóñez con el otro 20 % de la participación por un valor de $5.000.000.000 millones, a monto agotable, precios fijos y sin formula de reajustes.
El objeto contractual fue establecer precios unitarios fijos a monto agotable destinados a las obras de conservación de la malla vial y el espacio público asociado en la Localidad de puente Aranda. El acta de inicio del contrato se firmó el 27 de enero de 2021, con un plazo de ejecución de 6 meses, lo que significa que el contrato debió terminar el 26 de julio de 2021, algo que no ocurrió. Por el contrario, el contrato tuvo una suspensión y dos prórrogas: la suspensión fue por 20 días, del 23 de julio hasta el 11 de agosto de 2021, según el contratista por afectaciones climáticas y paro nacional.
La primera de las prórrogas fue de 20 días, desde el 12 hasta el 31 de agosto de 2021, y la segunda fue por 30 días, durante todo el mes de septiembre de 2021. El contrato fue liquidado el 11 de agosto de 2023. Las obras se desarrollaron en los barrios Villa Inés, Primavera Occidental, El Remanso, Ciudad Montes segundo sector y El Jazmín.
De acuerdo con la auditoria adelantada por la Contraloría de Bogotá, que tiene a la cabeza a Juan Zuluaga Morillo, en 2024 y 2025 se encontró que el contratista realizó 30 diseños, los cuales fueron recibidos y pagados por la Alcaldía Local, pero, aunque se pagaron $161.474.498 para dichos diseños, 20 de ellos no fueron utilizados por el Consorcio.
El otro contrato fue el suscrito entre la Alcaldía Local de Puente Aranda y el Consorcio INGESEM 2022, el 6 de junio de 2022, con fecha de inicio del 8 de agosto de ese mismo año, tiempo de ejecución de 7 meses por un valor inicial de $11.588.464.545. Este Consorcio está conformado por las empresas Sain Espinosa Murcia con el 50 % de la participación, e INGESEM S.A.S, con el otro 50 % de la participación (INGESEM tiene a la cabeza a la señora Nubia Elena Granados Molano). El contrato debía terminar el 7 de marzo de 2023, sin embargo, tuvo una adición presupuestal por la suma de $1.515.759.153 millones y 3 prórrogas de 4 meses cada una.
En la auditoria, el ente de control detectó que hubo irregularidades, en el sentido de que modificaron injustificadamente los precios unitarios del contrato y se realizaron pagos superiores correspondientes a las obras de la malla vial sin un soporte técnico, económico y contractual. Lo anterior, según el contralor Juan Zuluaga, generó un presunto detrimento patrimonial por la suma de $1.278 millones. Por las irregularidades presentadas en estos dos contratos, la Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad por un monto de $1.439 millones, con el fin de encontrar a los posibles responsables.
En junio de 2022, cuando se adjudicó el contrato #263 de 2022 al Consorcio INGESEM S.A.S., para intervenir la malla vial en la Localidad de Puente Aranda, quien se encontraba al frente de la Administración Local era el señor Juan Pablo Beltrán Vargas, posesionado por la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
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