La prueba más fehaciente y sintomática de que el nuevo presidente piensa gobernar con los métodos arcaicos y antipopulares de sus antecesores es la pretendida reforma tributaria y pensional, ambas orientadas a beneficiar al gran capital. Las élites gobernantes no dan muestras de querer cambiar, y se empeñan en ignorar y desconocer las modificaciones que se vienen experimentando en el comportamiento político de los habitantes de países de la región, y la manera como se expresaron los colombianos el 17 de junio de 2018, que partió la historia de Colombia en dos, puesto que no existen antecedentes en la nación de un número tan elevado de votantes, rechazando la corrupción y reclamando distintos manejos económicos, políticos y sociales.
El nuevo gobierno para quedar bien con la ciudadanía anuncia respaldo a la consulta anticorrupción, pero se precipita a presentar un proyecto de ley encaminado a combatirla. No obstante, en un acto que denota improvisación, lo retiró de manera sorpresiva. Ahora bien, si el presidente Duque está verdaderamente comprometido con esta iniciativa, debe dedicar todo su esfuerzo a hacer pedagogía e impulsar la consulta, pero no va a ser así, habida cuenta que piensa presentar de nuevo el proyecto. Si esto es así, muy seguramente, todo el empeño lo va poner a impulsar su decisión. Estamos en presencia de un gobierno nuevo, utilizando métodos viejos, desgastados y mañosos.
Para un país que todos los días se polariza más y que está sumido en una profunda crisis económica, política y moral, expresada en los alarmantes índices de inseguridad y corrupción, las cuales afectan a las tres ramas del poder público, el gobierno solo atina a presentar un proyecto mediocre e insuficiente de reforma política, al Congreso de la República. Cuando digo que el proyecto de reforma política es mediocre e insuficiente, es porque Colombia necesita de una profunda transformación política, empezando por el desmonte del régimen presidencialista, por los excesivos poderes que le entrega al presidente el artículo 189 de la Constitución Política, al determinar que es jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Además de estas atribuciones, es comandante supremo de las fuerzas militares.
La reforma que propongo implicaría reforzar las pretensiones del constituyente de 1991 en las tareas de control fiscal y político al Ejecutivo. Cuando se instauró la moción de censura en su artículo 135 numeral 9 de la Constitución pensamos que iba a existir un control efectivo al Ejecutivo, pero hoy le consta al país que esta norma no ha sido llevada a la práctica, urgiendo entonces rescatar un instrumento propio del parlamentarismo, como es el derecho al veto al ejecutivo por parte de los legisladores.
Si de purificar el sistema parlamentario se trata no se puede olvidar que el país también reclama urgentemente una reforma profunda al sistema electoral, que le cierre las puertas a la injerencia del Ejecutivo y erradique de una vez por todas la compraventa de votos por ser un medio para corromper y torcer la voluntad del electorado, pues de nada sirve que prospere el cambio de sistema de gobierno si en Colombia continúa llevándose a la práctica lo que el pueblo piensa en voz baja, que “ el que escruta elige”. En consecuencia el poder electoral debe ser una rama independiente, sin injerencia del Gobierno y de los partidos gobiernistas. En otros países, por ejemplo, el poder electoral es una rama del poder público.
En el proyecto del gobierno de reforma electoral se habla de la lista cerrada, eliminar el voto preferente y se le da unos retoques cosméticos al Consejo Nacional Electoral, pero no se avanza en su composición y en su independencia.
Muchos ciudadanos estamos asqueados con la forma como se ha gobernado este país con el modelo presidencialista, afincado en la Constitución del 91, cuyos efectos son un caos institucional, por la falta de pesos y contrapesos, toda vez que las otras ramas del poder público se encuentran sometidas al Ejecutivo, por el exagerado poder concentrado en manos del presidente, el que mantiene de rodillas a los congresistas esperando lo que hoy denominan, la mermelada y algunos jueces esperando prebendas personales.
La falta de pesos y contrapesos es una de las causas de la descomunal violencia que vive el país, y el aterrador cáncer de la corrupción que invade todo el cuerpo de la nación, sin que el presidente la combata con hechos y no con palabras. El Congreso y la rama judicial están inmersas en su propia corrupción.
Los colombianos debemos exigir que en la discusión del proyecto de reforma política se aborden temas como el desmonte del régimen presidencialista, una reforma del Congreso, una auténtica separación de poderes, y el cumplimiento efectivo del estatuto de la oposición. Como este no será el primero y el último pronunciamiento que voy a hacer sobre este tema, quiero traer a colación lo dicho Norberto Bobbio:
“La constitución es responsable solo en parte de la manera en que está gobernado un país, y por lo tanto sirve poco o nada verter lágrimas sobre la constitución no aplicada o traicionada, o bien hacer reformas o retoques constitucionales con la ilusión de que bastará cambiar el traje para cambiar la índole de lo que lleva”.
No soy iluso con esta iniciativa como panacea a la crisis de que es víctima el pueblo colombiano, pues solo de ciegos y sordos sería la creencia de una reforma institucional aislada, sin reformas socioeconómicas, cambios e imaginarios en la cultura política y nueva vida institucional.
