Opinión

Democracia proscrita en Ecuador

En acto ilícito e inconstitucional el Consejo Nacional Electoral, presionado por la Contraloría, suspendió al partido Fuerza Compromiso Social, que apoya al expresidente Correa, mientras la justicia ratificaba su condena

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julio 29, 2020
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Democracia proscrita en Ecuador
El Tribunal ratificó la sentencia de Rafael Correa a tiempo para tener sentencia ejecutoriada antes de septiembre, mes en que deben inscribirse los candidatos para las elecciones de febrero de 2021. Foto: Twitter

En abril de este año irregular, inaudito que nos ha tocado vivir, la justicia en Ecuador, condenó a ocho años de prisión al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, lo cual ha sido ratificado por un tribunal de apelación en la tercera semana de julio, en un esfuerzo por llegar a tener sentencia ejecutoriada, antes del mes de septiembre, fecha en la que deben inscribirse los candidatos para las elecciones fijadas para febrero de 2021.

Este proceso penal, que se lo realiza de forma expedita, aunque en la Corte Nacional existen más de 2000 causas represadas, se lo hace cuando el país hermano, sufre la peor crisis de esta pandemia incesante. Se trata de un caso grotesco, en el cual se acusa al expresidente Correa de ser parte de una trama de corrupción relacionada con una serie de sobornos. De acuerdo con el ente acusador, el partido del exmandatario, Alianza País recibía financiación por parte de diversas empresas, entre ellas Odebrecht, aunque esta ni siquiera fue incluida en el proceso, y a cambio, el gobierno le adjudicaba contratos multimillonarios.

Esta acusación, sin pruebas ni fundamentos, ha sido orquestada desde el despacho del presidente Moreno, quien usó al presidente Correa y su proyecto político para ascender a la presidencia del país vecino y una vez instalado en el despacho presidencial traicionó el legado de diez años de reformas sociales estructurales para venderse a los intereses de Washington y sus aliados de siempre, es, como el propio expresidente lo manifiesta una “mamarrachada”.

Sin embargo, aquello, solo fue una parte de un plan sistemático de Estado para eliminar del panorama político ecuatoriano el proyecto correista, puesto que de forma simultánea a la actuación de la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia, el Contralor General del Estado, sin tener competencia para ello,  presionaba a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que elimine el registro electoral de  los movimientos políticos: “Justicia Social”, “Juntos Podemos”, “Libertad es Pueblo” y “Fuerza Compromiso Social, este último, que realizó una alianza desde el 2019 con el Movimiento de la Revolución Ciudadana, al que de forma sistemática le han impedido tener su propio casillero. La presión del Contralor General dio como resultado que el 19 de julio, el Consejo Nacional Electoral suspenda a Compromiso Social y los otros tres movimientos y les concedió 10 días para que presenten nuevos descargos para justificar su existencia.

Es importante recalcar, que a partir de la alianza con la Revolución Ciudadana, el Movimiento Compromiso Social, tuvo un crecimiento importante de votantes y se convirtió en la primera fuerza política, amenazando con ello, el proyecto de Moreno. Es quizá por ello que de forma inconstitucional el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), decidió la suspensión de la organización política denominada ahora Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana.

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El Movimiento Compromiso Social, tuvo un crecimiento importante de votantes y se convirtió en la primera fuerza política, amenazando con ello, el proyecto de Moreno

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 De acuerdo con dos de sus miembros, Luis Molina O y Virgilio Hernández E, “El martes 10 de marzo de 2020, cuando el Ecuador ya estaba sumido en una grave crisis sanitaria y económica, nuevamente la Contraloría General del Estado emitió el Informe Borrador con el que se pretendía retirar el Registro Electoral otorgado en agosto de 2016 al Movimiento Compromiso Social, que le permitió participar en las elecciones de 2017, 2018 y 2019”.

Sin el Registro Electoral, este movimiento político, no podría participar en las elecciones futuras en Ecuador, hecho que beneficia a los detractores del exmandatario Rafael Correa. Según la evidencia presentada por Molina y Hernández, el intento por eliminar el movimiento político cercano al expresidente se comenzó a gestar “con la lectura del borrador del Informe DNAI-AI-0147-2020, Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en el informe DNA1-0053-2019 aprobado por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2019”.

Este examen, a su vez, se dio por un supuesto incumplimiento al informe DNA1-0053-2019, aprobado por la Contraloría General del Estado, en el que se recomendó al Pleno del Consejo Nacional Electoral que: “Realizaran acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los Movimientos Nacionales “Justicia Social”, “Podemos”, “Libertad es Pueblo” y “Fuerza Compromiso Social”, con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica”.”

Sin embargo, Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana no fue notificado por la Contraloría General sobre los exámenes antes mencionados “con lo que se violentó lo dispuesto por la Constitución de la República en el artículo 76, numeral 7, en concordancia con el artículo 31, numeral 37, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que de forma expresa obligan a cumplir con las garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa”.

Por otra parte, la Contraloría General del Estado, a pesar de su claro sesgo político, no se pronunció en su primer informe sobre la eliminación del movimiento político; le recomendó al CNE que se debe vigilar la situación legal de los movimientos mencionados anteriormente, lo que fue cumplido por el Consejo Electoral. A pesar de ello, la Contraloría General insiste en la eliminación y para ello sanciona con una multa de USD 7800 y la destitución de tres de los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral; luego de lo cual, la mayoría del organismo electoral modifica su criterio y procede a sancionar al movimiento político con la suspensión, figura inexistente en el ley electoral y de partidos, llamada Código de la Democrcia.

Este acto ilícito, inconstitucional, amenaza gravemente el ejercicio democrático en Ecuador y es un ejemplo de las malas prácticas que desde gobiernos afines a la línea trazada por Washington deterioran los derechos políticos de quienes no concuerdan con el modelo neoliberal y capitalista que ha afectado nuestros países.

 

 

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