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En el Externado: El martes de esta semana estuvimos, con los super-expertos de cada área, analizando las iniciativas que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo trae en su muy buena idea de llevar al Congreso una ley de anti-trámites. Gracias a ellas y ellos. Indispensable para todos los interesados repasar las conclusiones:
Siguiendo en la idea, “trámite” es el apodo peyorativo con que nos referimos a una regulación que se hace obligatoria y que obliga al destinatario a obtener un permiso, visto bueno, validación o pre-requisito para ejercer un derecho o adelantar una actividad.
Ese apodo hace que se piense que se trata de una “vuelta” y con ello se finge que es un asunto de menor monta y que no merece gran atención.
Error. En muchísimas oportunidades se trata de filas obligatorias, secuencias complicadas, vistos buenos sucesivos, pagos, cumplimiento de pre-requisitos y otras, que hacen a la actividad víctima imposible o financieramente inviable o, lo que es casi lo mismo, costosa.
En términos empresariales las consecuencias son nefastas: (i) Se crean barreras de acceso, que impiden que algún o más oferentes ingresen al mercado para traernos las ventajas de la competencia; (ii) Nos hacemos, como Nación, más costosos, con lo que perdemos competitividad a nivel internacional; (iii) Hacemos que todos, usuarios y consumidores, paguemos los sobre costos; (iv) Se generan las condiciones propicias para que aparezcan los “tramitadores” y los corruptos; y (v) Todo ello afecta la eficiencia del aparato productivo y el recaudo de impuestos.
Desde la óptica social produce inequidades horribles: (i) Es usual que esos trámites acompañen programas de beneficios para los más favorecidos, de manera hace que las buenas ideas no lleguen, lleguen tarde o mal; (ii) En la medida que los costos no son igual de significativos para las personas de menores ingresos, afectan más a los más pobres; (iii) Quienes no tienen los contactos o las influencias, no logran entender la operatividad de la tramitología; (iv) Es frecuente que en las zonas dispersas la capacidad de los corruptos se incremente por ausencia de vías alternas para lograr la pendejada que se pide como paso para un derecho.
En esa vía, es urgente que con los programas que ahora, por decisión del Presidente, liderará nuestro vicepresidente José Manuel Restrepo y en todas las iniciativas, estos trámites se vean con toda la seriedad que su gravedad implica.
Un primer paso es reconocer que se trata claramente de formas de intervención del Estado en la Economía y que, acorde con ello, se les aplique los criterios correspondientes. Así, solo se justifican cuando con ellos se protege un derecho constitucionalmente relevante que, sin esa traba, no se protegería. Y, una vez claro eso, debe restringirse a lo absolutamente necesario para asegurar que se protege ese otro derecho, con la menor restricción imaginable a la libertad, a la libre empresa o la libre competencia. Eso debe, obvio, ir de la mano con que su adopción debe verificarse por la Superintendencia de Industria y Comercio en Abogacía de la Competencia.
En ese contexto, siempre se tratará de procedimientos sustanciales sujetos a control judicial en el contencioso administrativo y a acciones populares a iniciativa de los ciudadanos y de la Defensoría del Pueblo.
En paralelo, nos urge retomar la necesidad de contar con una adecuada institucionalidad para la eficiencia regulatoria y de trámites. Acorde con las obligaciones que Colombia tiene en su condición de miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precisamos que el DNP y la Función Pública sean garantes de que cada regulación y cada trámite que se imponga cumplan los estándares que describí, antes de que se hagan obligatorios. Adicionalmente, que se valide periódicamente si siguen siendo necesarios y útiles.
Y, para corregir lo que pésimo que traemos, debemos comenzar por un “borrón y cuenta nueva”. Para eso, lo que hicimos durante la administración de Presidente Pastrana con los reglamentos técnicos es un muy bien precedente. La Superintendencia de Industria y Comercio expidió un Reglamento de Reglamentos que contenía los parámetros que esas normas debían tener y se concedió a los sectores un plazo para justificar los que sí cumplían, con la advertencia que los que no se validaran quedarían automáticamente derogados. ¡Funcionó muy bien! En esa línea, con el liderazgo del Vicepresidente, DNP y la Función Pública, bien se puede hacer lo mismo para todos los trámites que nos causan tantos dolores de cabeza.
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