Del gobierno del bien común al del bien particular

Del gobierno del bien común al del bien particular

De cómo los colombianos pasamos de la res públicus (república) a la res privatus

Por: Hernán Jaime Ulloa Venegas
marzo 01, 2018
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Del gobierno del bien común al del bien particular
Foto: El Tiempo

En una época no muy lejana los estados regidos por el capitalismo a través de sus gobernantes mantenían un manejo mixto de su economía, por un lado, los servicios esenciales, referidos a la vida, la salud y la seguridad, además de otras actividades económicas eran administradas exclusivamente por el estado, y por el otro, actividades industriales, comerciales , financieras eran manejadas, algunas por particulares y el estado y otras solo por particulares, las fronteras estaban bien definidas para proteger  la industria nacional.

Entonces veíamos cómo el Estado con sus empresas se dedicaba a la salud, las pensiones, el servicio de agua y alcantarillado, las comunicaciones, la construcción de carreteras, la energía eléctrica, el servicio de recolección de basuras, la banca y la minería, incluyendo la explotación del petróleo y en alto porcentaje el servicio de transporte, al igual que le dio funciones a la Policía Nacional de darle seguridad a sus ciudadanos y a las Fuerzas Militares el cuidado de las fronteras.

En esa época la corrupción era menor. Sin embargo, a los malos manejos de las empresas estatales (bienes públicos), que parecían no tener dolientes, se unió que los políticos del orden nacional y regional se repartían su manejo colocando personas, en algunos casos inescrupulosas en su manejo, o incapaces e improvisadores, o los dos al tiempo, lo que las hacia inoperantes y deficitarias.

Facilitando la entrada en escena del capitalismo salvaje (globalización) que arrasó con lo público, para darle entrada a los grandes capitales a través de inversiones extranjeras y, las empresas de todos, se van convirtiendo en empresas de pocos con los mecanismos de privatizaciones, incrementando de manera descarada y exagerada la corrupción en todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Hace varios cientos de años en el Palacio de Los Rectores en Dubrovnik-Croacia o Palacio de Gobierno, en una de las puertas de acceso a los rectores o gobernantes, en talla en piedra y para recordarles siempre tiene esta inscripción “Obliti privator publicacvrate”, “Olvidar los asuntos privados y cuidar el bien público”.

Los rectores o gobernantes no podían salir del palacio durante el tiempo que estuvieran al frente de esta responsabilidad y sólo debían servir al interés común.

Desde la década de los años 90, o sea desde hace 27 años, los colombianos hemos asistido a la gran venta de garaje de las empresas del estado más productivas, donde no solo se han enriquecido los compradores-inversionistas, sino también la clase política, incluidos integrantes de la justicia en toda su estructura.

Pero no se han conformado con los negociados en las ventas de estas empresas estatales, sino que la deuda externa se ha incrementado exageradamente, sin que se haya solucionado el problema de la pobreza extrema.

Da tristeza ver un parlamento que en lugar de legislar para el bienestar de todos lo hagan para sus intereses privados, particulares y en los demás temas se ausenten del claustro legislativo.

Hay temas muy preocupantes como el de la seguridad de los ciudadanos, que por Constitución Política le corresponde garantizarla al Estado, y éste cada vez más se la traslada a los particulares a través de la vigilancia privada, que en un comienzo no era obligatorio contratarla, pero de manera sospechosa se incrementó a tal nivel la inseguridad, que la volvieron de contratación obligatoria en todos los conjuntos de propiedad horizontal, centros comerciales, entre otros, y si vemos quienes son dueños de estas empresas, en la mayoría de los casos oficiales de la Policía y el Ejercito.

Otro de los muchos casos, se dio el año pasado cuando el Ministerio de Trabajo que tiene funciones de inspección, vigilancia y control  en la aplicaciones de las normas laborales, de seguridad social, riesgos profesionales y salud ocupacional, le traslado esta responsabilidad a unas pocas empresas para que inspeccionen y certifiquen que los inmuebles de propiedad horizontal cumplen con todos las normas de salud ocupacional con sus trabajadores y no sabemos de quien son estas empresas.

Estos dos simples ejemplos de cómo se traslada a los particulares funciones propias del Estado, costándole al ciudadano común un incremento monetario grande en las cuotas de administración, sumado a los impuestos directos e indirectos que tinemos que pagar.

Estos casos donde se crean empresas y luego con leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones entre otros actos, les trasladan responsabilidades estatales  y con carácter obligatorio a los ciudadanos,  es otro tipo de corrupción, fuera de los dos casos anteriores tenemos la revisión tecnomecánica, la certificación de ascensores, etc…, o reducen el presupuesto de la universidad pública para obligar a los jóvenes a pagar sus estudios en centros educativos privados.

Por eso es importante recalcar lo que dijo el papa Francisco “Si te gusta el dinero no te dediques a la política”, y el expresidente Mujica “En la alta política no se debe entrar para hacer negocios sino para comprometerse” y no olvidar “ Obliti privator publicacvrate”.

El pueblo tiene la palabra en las próximas elecciones

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