Hay una curiosa hipocresía en el debate colombiano sobre la soberanía. Algunos parecen descubrirla ahora que Colombia decide acercarse militarmente a Estados Unidos, pero durante años fueron mucho menos exigentes cuando organizaciones armadas y estructuras narcotraficantes fueron ocupando territorios donde debería mandar el Estado.
La soberanía parece importar cuando el desafío viene de afuera. Cuando se erosiona desde adentro, el discurso cambia.
Colombia es jurídicamente soberana sobre todo su territorio. Eso nadie lo discute. Pero una cosa es lo que establece la Constitución y otra lo que ocurre en el terreno.
Hay regiones donde grupos armados imponen reglas, cobran rentas, reclutan jóvenes, controlan economías ilegales, restringen la movilidad de la población y disputan al Estado su autoridad.
No son repúblicas independientes desde el punto de vista jurídico. Pero en algunos lugares funcionan como republiquetas de facto.
Entonces vale la pena hacerse una pregunta incómoda:
¿Por qué preocupa tanto que un aliado ayude a Colombia a recuperar capacidades militares, pero preocupa mucho menos que organizaciones narcotraficantes hayan adquirido capacidad para disputarle al Estado el control de territorios?
Por eso defiendo el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas.
No porque Estados Unidos sea nuestro salvador. No lo es. Washington tiene sus propios intereses estratégicos y geopolíticos. Pero Colombia también tiene los suyos.
Y uno de ellos debería estar por encima de cualquier consideración partidista: recuperar la capacidad del Estado para ejercer autoridad sobre todo el territorio nacional.
Colombia llega a esta nueva etapa después de años en los que sus Fuerzas Militares han tenido que enfrentar el deterioro de capacidades esenciales. Inteligencia, comunicaciones, movilidad, logística, tecnología, vigilancia y poder aéreo no se recuperan de un día para otro.
Cuestan dinero.
Requieren entrenamiento.
Necesitan mantenimiento.
Y toman años.
El narcotráfico no está dispuesto a esperar.
Mientras Colombia reconstruye sus capacidades, las organizaciones criminales siguen acumulando dinero, hombres, armas, información y control territorial. La expansión de los grupos armados durante los últimos años y el crecimiento de las economías ilegales muestran que el problema no desapareció por sentarse a negociar con quienes ejercen la violencia.
La llamada Paz Total no logró contener esa expansión. El Estado necesitaba negociar, sí, pero también necesitaba conservar la capacidad de imponer la ley cuando la negociación no produjera resultados.
Hoy tenemos que recuperar ese equilibrio.
Por eso el Escudo de las Américas puede ser importante.
El anuncio realizado por Pete Hegseth no habla simplemente de cooperación diplomática. Estados Unidos anunció que Colombia se incorporará a la coalición y que el nuevo gobierno solicitó colaboración para operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.
Eso significa acceso a capacidades que Colombia necesita: inteligencia, vigilancia, tecnología, movilidad, información operacional, interoperabilidad y medios para enfrentar las estructuras que sostienen el narcotráfico.
No se trata de reemplazar a las Fuerzas Militares colombianas.
Se trata de darles una ventaja mientras Colombia reconstruye las capacidades que necesita para actuar por sí misma.
Hace unos años escribí Subvirtiendo el Estado desde la legitimidad, como prólogo de mi libro Disidente, alrededor de una preocupación que sigue vigente: el conflicto colombiano dejó de ser exclusivamente militar. La disputa también estaba en el territorio, la población y la gobernabilidad.
Hoy esa realidad es todavía más evidente.
El narcotráfico no se derrota únicamente con soldados. Hay que recuperar territorio y permanecer en él. Hay que llevar justicia, educación, infraestructura, empleo y oportunidades. Hay que impedir que el Estado aparezca solamente cuando llega la Fuerza Pública.
Pero para que todo eso sea posible, primero debe existir seguridad.
Por eso no comparto la idea de que aceptar cooperación militar extranjera equivale automáticamente a entregar la soberanía.
Cooperar no es obedecer.
Colombia debe establecer las condiciones de la cooperación, conservar la decisión sobre sus intereses nacionales y mantener el control político y jurídico sobre el empleo de la fuerza en su territorio.
Esa es la soberanía que debemos defender.
Pero también debemos defender la capacidad para ejercerla.
Porque aquí aparece la contradicción de quienes hoy se rasgan las vestiduras por la soberanía.
¿Dónde estaba esa preocupación cuando crecían las economías ilegales?
¿Dónde estaba cuando los grupos armados ampliaban su presencia territorial?
¿Dónde estaba cuando comunidades enteras quedaban sometidas a reglas impuestas por actores ilegales?
¿Dónde estaba cuando el Estado perdía capacidad para llegar, permanecer y gobernar?
La soberanía no puede ser una palabra que se utiliza contra Estados Unidos y se olvida frente a los poderes criminales que delinquen dentro de Colombia.
Un Estado que no controla efectivamente todo su territorio conserva soberanía jurídica, pero tiene una soberanía debilitada en la realidad.
Por eso el Escudo de las Américas no debe mirarse únicamente como una amenaza a nuestra soberanía.
Puede convertirse, si Colombia conserva su autonomía de decisión, en una herramienta para recuperar la capacidad de ejercerla.
No se trata de escoger entre Colombia y Estados Unidos.
Se trata de escoger entre un Estado que recupera capacidades para defender su territorio y un Estado que permite que otros poderes continúen disputándoselo.
No es hora de patriotismos de micrófono.
La soberanía no consiste en estar solos. Consiste en poder decidir, actuar y hacer cumplir la ley en nuestro territorio.
Colombia necesita volver a tener esa capacidad.
Y si una alianza estratégica puede ayudarnos a recuperarla mientras reconstruimos nuestras propias Fuerzas Militares, rechazarla para exhibir una soberanía de pancarta sería confundir independencia con aislamiento.
La soberanía no se proclama. Se ejerce.
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