A propósito de la comparecencia del expresidente Álvaro Uribe a la Comisión de la Verdad, es oportuno recordar el informe de 489 páginas elaborado en 2010 por comisión similar, creada para investigar los hechos de la sangrienta toma al Palacio de Justicia por parte del M-19. Y la preocupación surge porque, como se ha advertido, instancias como estas, con evidente sesgo, terminan validando una narrativa hábilmente manipulada por los máximos victimarios, maestros en tergiversar la historia y alterar la verdad; anclados en una retórica falaz dirigida a justificar su pasado criminal.
El informe de 2010, no investigó el financiamiento de la toma al Palacio de Justicia con dineros del narcotráfico, resultado de operaciones de tráfico de drogas y armas entre Cuba y Colombia por parte del M-19 en cabeza de Luis Francisco Otero Cifuentes alias Doctor Quijano y Gerardo Miguel Quevedo Cobo alias Pedro Pacho, mano derecha de Jaime Bateman, que operaba con los narcotraficantes Jaime Guillot Lara y John Crump, y con el apoyo de agentes cubanos, entre ellos Alberto Cabrera Berrío. Tampoco se develaron las relaciones clandestinas de dirigentes políticos, periodistas y diplomáticos que apoyaban al M-19 y que asistían bajo la contraseña: “la fiesta de Quijano” a reuniones días previos al asalto, en una residencia en el norte de Bogotá, propiedad de alias la Gorda, nada más y nada menos que con la presencia del comandante de la operación terrorista, el Dr. Quijano.
Por los hechos del Palacio de Justicia, el peso de las acciones judiciales recayó sobre los integrantes de la Fuerza Pública que con valiente arrojo arriesgaron su vida para salvar a los magistrados y empleados, someter a los terroristas y recuperar nuestra Corte Suprema de Justicia. Irónicamente en la actualidad responsables silenciosos y autores intelectuales y materiales, no solo gozan de amnistía total, pontifican a diario con extremo cinismo sobre democracia y derechos humanos.
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En la audiencia del expresidnte Uribe una de las comisionadas, que recientemente ventiló en las redes su simpatía con las ex -Farc y con Santrich, afirmando además que compartía sus “principios”
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Argumentos razonables siguen acumulando quienes cuestionan la imparcialidad de las instituciones creadas en el marco de los acuerdos de La Habana. Un episodio como el registrado durante la audiencia del expresidente Uribe, dejó al descubierto a una de las comisionadas, que recientemente ventiló en las redes su simpatía con las ex -Farc y con Santrich, afirmando además que compartía sus “principios”. ¿Cuáles principios, el de un grupo terrorista que acababa de desmovilizarse? Escribió igualmente estar de “fiesta” por el nacimiento de Los Comunes. Indiscutiblemente este insuceso ahonda la desconfianza en la Comisión de la Verdad. ¿Prevalecerá de nuevo la narrativa hábilmente manipulada por quienes ejercieron la violencia?
Son enormes los desafíos de la JEP y la Comisión de la Verdad en la tarea de examinar de manera exhaustiva la más amplia y profunda evidencia sobre el conflicto armado. Los testimonios y las investigaciones sociales y académicas son fuentes importantes de referencia, pero no suficientes; las piezas críticas de los rompecabezas están en las investigaciones judiciales, en los interrogatorios obtenidos bajo juramento y en el debido proceso, en el material probatorio que reposa en los expedientes de la Fiscalía y las Cortes, y más valioso aún, en los abundantes archivos informáticos recopilados por las autoridades en las innumerables operaciones contra los grupos terroristas. Aquí no hay narrativas, está el ADN que descifrará la verdad del conflicto.
Deberán investigarse el dossier de las Farc y la alianza establecida con el régimen venezolano para llevar a este grupo a la toma del poder; la relación mafiosa de las Farc con narcotraficantes como Leonidas Vargas en Caquetá, el negro Asprilla en Putumayo, el Loco Barrera, el cartel del norte del Valle, y los carteles mexicanos; la farcpolítica aún en absoluta impunidad; los “doce apóstoles“, ese gobierno en la clandestinidad que se conformaba en 2003 con personalidades públicas para derrocar al presidente Álvaro Uribe; el cogobierno local y regional del que hicieron parte concejales, alcaldes, gobernadores y congresistas; y claro, sin dilación alguna, la alianza paramilitar que se gestó en cuarteles militares y policiales para confrontar a la guerrilla. Pero la verdad no puede ser el resultado del contubernio ahora estructurado entre Timochenko y Mancuso para aniquilar jurídica y moralmente a quienes decidieron política y militarmente abatirlos por sus crímenes.
El informe final de la Comisión de la Verdad no puede ser otro saludo a la bandera. Con una narrativa manipulada por los victimarios o acomodada por quienes comparten sus principios. Surge entonces una oportunidad única, donde todo el Estado, la institucionalidad en su conjunto, los generales, los organismos de Seguridad y de justicia, hagan su máxima contribución en la búsqueda de la verdad. Este camino evitará que se reedite la historia con el M.19, y quizá en el futuro con ELN y las disidencias de las Farc.
Somos el único país del mundo donde los victimarios gozan de amnistía, libertad y el ejercicio pleno de sus derechos, inclusive políticos; mientras soldados y policías de la patria están en prisión o enfrentando el calvario de las investigaciones, o exiliados, tal como ocurre con el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y otros generales y oficiales de la Policía Nacional, a causa de honrar el juramento realizado, por proteger y defender los intereses supremos de la patria.
No nos descuidemos, pareciera que en la “fiesta de Quijano” y en la “fiesta de los comunes” todos bailan al mismo ritmo.
