El presidente oficializa los nombramientos de algunas funcionarias para atender asuntos cruciales, tales como la cultura, la educación y la atención y cuidado de los niños y niñas.
Miremos un breve contexto. Durante las últimas dos décadas, paralelamente a la agudización de la crisis generada por el neoliberalismo, emergieron y se fortalecieron organizaciones, partidos y gobiernos de ultraderecha, que intentan captar el respaldo de importantes sectores de la población.
Sus promotores actuales reivindican el colonialismo en todas sus expresiones, la supremacía racial, las estructuras patriarcales, la xenofobia y la homofobia, la guerra, el odio a la diversidad, la acumulación de la riqueza y la concentración del ingreso. Todo ello sobre la base de preservar una supuesta uniformidad entre poblaciones diversas.
Al respecto, adquiere una gran relevancia la llamada batalla cultural. Es parte de su estrategia. Ya no se trata solo de desacreditar al Estado y lo público y de glorificar lo privado, como se hacía en los ochentas y los noventas, cuando se impuso el pensamiento único.
Ahora se trata de revertir los derechos sociales y políticos adquiridos durante luchas de décadas. Pero también de atentar contra las reivindicaciones de sectores específicos: la lucha de las mujeres por la vida y la igualdad, contra la violencia de género, por los derechos reproductivos; las luchas identitarias de minorías étnicas y sexuales.
Se trata también de pasar al ataque y emprender la contraofensiva, sin ninguna contemplación. De dar la batalla en el campo de la cultura, allí donde la izquierda y los sectores democráticos han logrado una mayor influencia, introduciendo reivindicaciones de género, raciales, étnicas, para “tratar de demoler la civilización occidental y cristiana”, señala el argentino Agustín Laje, asesor de Milei e inspirador de los gobiernos de ultraderecha.
De eso se trata, en últimas, la batalla cultural. De tratar de legitimar las políticas excluyentes. De desacreditar a la izquierda y a quienes luchan por sus derechos. De generar incertidumbre, miedo y rabia, como señalaba el vocero de la Operación Júpiter, puesta en práctica en las elecciones pasadas en Colombia.
Para lograr sus objetivos, recurren al enorme desarrollo tecnológico y de las comunicaciones alcanzado en los últimos años. La llamada guerra cognitiva. La reciente detención de Fernando Cerimedo y las denuncias de sus granjas de bots, en Bolivia, son ejemplo fehaciente de los intentos de manipulación de la voluntad de la gente en varios países, pero en particular en Latinoamérica.
En este marco se entiende la batalla contra la llamada “ideología de género”, invocada como un mecanismo para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y a la existencia misma de las diversidades sexuales. Todo ello se presenta como una amenaza a la familia tradicional y al orden de la naturaleza.
Miremos el primer nombramiento mencionado. Viviane Morales, cristiana fanática reconocida, es la nueva ministra de Educación. Anuncia que el Estado intervendrá en los contenidos de los cursos, con el fin de restaurar principios y valores y desideologizar el proceso educativo. “Sacar a Marx y meter a Dios”, “Devolverles la dignidad a las aulas de clase”, señaló Abelardo cuando anunció su nombramiento.
Por supuesto, la ministra critica a fondo la educación sexual y reproductiva, con lo que se opone a derechos contemplados durante más de tres décadas. La Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, establece que la enseñanza de esos asuntos es obligatoria, tanto en colegios públicos como privados, en todos sus niveles.
La Corte Constitucional también ha intervenido al respecto. En su sentencia C-085 de 2016 confirmó que la educación sexual es componente obligatorio de la escuela. A raíz del suicidio del estudiante Sergio Urrego, discriminado por su orientación sexual, ordenó cambiar los manuales escolares represivos.
Así, la legislación colombiana recoge la normatividad internacional, desarrollada por la ONU desde la década del 90, para preservar los derechos de la mujer y de las diversidades sexuales. Se le confirió carácter institucional al concepto de “género”, para diferenciarlo del concepto biológico de sexo. Se promovieron debates sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
El término de “ideología de género” ha sido utilizado para manipular y movilizar sectores conservadores en eventos electorales. Recordemos el triunfo del NO en el plebiscito sobre el Acuerdo de paz en Colombia en el 2016. En aquella ocasión la hoy ministra tuvo un papel preponderante. Ella y sus fanáticos copartidarios insistieron en que en La Habana se había pactado una educación “homosexualizadora”.
El segundo nombramiento es el de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a cargo del cuidado de la infancia del país. Una vez posesionada, anunció que en adelante debía eliminarse el término Niña, en los documentos oficiales de la institución, por considerar que las palabras niño o niñez eran incluyentes.
Sin embargo, nuevamente se controvierte la legislación colombiana. La Ley 1098 de 2006, o Código de infancia y adolescencia, utiliza explícitamente los términos niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Criminología, “Ignorar la condición particular de las niñas invisibiliza violencias estructurales que las afectan de forma diferenciada”
“No nombrar a las niñas implica una nueva vulneración de sus derechos y corporeidad”, señala una antigua defensora delegada de infancia y mujeres.
Se trata también de un reconocimiento de los riesgos que afectan de manera desigual a niñas y niños, en un país en donde la violación de las niñas alcanza cifras elevadísimas. Por eso, no tiene sentido el argumento de que se trata de no “ideologizar”, a la niñez, “cuya única preocupación debe ser la de jugar”.
Pero la directora del ICBF también ordenó borrar un mural representativo de un colectivo de niñas denominado “Resistencia chiquita”. Se originó diez años atrás, a raíz de un caso que conmovió fuertemente a Colombia. Yuliana Samboní, una niña indígena muy pobre, que habitaba con su familia en Bogotá, fue violada y asesinada por un señor de apellidos ilustres.
Algunas de las integrantes del colectivo aparecieron en un video oficial del ICBF. “Yo creía que a todas las niñas nos iba a pasar lo que le pasó a Yuliana”, afirmó Antonia, una de estas niñas.
Por último, los conceptos de “batalla cultural” y de “ideología de género” tienen un peso adicional en Colombia. Un país donde persiste el conflicto armado que, de acuerdo con la Corte Constitucional, ha tenido un impacto desproporcionado sobre la mujer y la niñez, así como sobre los grupos étnicos diversos.
Por eso, cualquier amenaza de violencia debe tomarse en serio.
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