La infraestructura en Colombia acaba de recibir un impacto financiero sin precedentes. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha sufrido un duro revés jurídico tras perder una demanda internacional que la obliga a pagar la suma de $3,57 billones de pesos por la terminación anticipada del contrato de la megavía Antioquia – Bolívar, a la sociedad Ruta al Mar, adjudicataria del Contrato de Concesión APP No 016 de 2015, cuyo objeto era la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de 498.49 kilómetros que conectan los departamentos Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Los beneficiarios de esta decisión son Construcciones El Cóndor, que actúa como accionista y contratista EPC (Ingeniería, Procura y Construcción) de la obra con el 50 % de participación, y su socio estratégico, la gestora británica de inversiones en infraestructura, InfraRed Infrastructure Partners, a través de dos de sus fondos.
La decisión, proferida el 30 de abril por un tribunal del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD) con sede central en Nueva York, Estados Unidos, reconoce múltiples incumplimientos contractuales por parte de la ANI en el marco del contrato de asociación público – privada (APP) firmado en octubre de 2015.
El proceso arbitral fue iniciado hace casi tres años, en junio de 2023 ante incumplimientos contractuales atribuidos por el Concesionario a la ANI, y que posteriormente incluyó la terminación anticipada del contrato que realizó el ente gubernamental. El tribunal arbitral determinó que la imposibilidad de culminar las obras obedeció a causas no imputables al concesionario, sino de factores externos, como la afectación de la estructura tarifaria y de ingresos del proyecto, causados entre otros, por la falta de aumento de las tarifas en el peaje de Carimagua, que generaron desequilibrio económico.
El laudo del CIRD detalla cinco componentes en la condena. El mayor corresponde a la liquidación del contrato por terminación anticipada, con $ 3,31 billones. Monto al que se suman $ 257.866 millones por perjuicios asociados a la no actualización de tarifas en el peaje Carimagua; $ 5.437 millones por inestabilidad en las unidades funcionales 4 y 5; $ 933 millones por insuficiencias en la estimación de compensaciones ambientales, y $1.240 millones por demoras en el reconocimiento y pago contemplado en el Decreto 050.
Además, la ANI deberá asumir las costas del arbitraje. El fallo incluye $ 9.439 millones por costos adicionales, entre honorarios de peritos y gastos legales, así como USD 575.871 por honorarios y gastos del Tribunal Arbitral y su Secretaría, y USD 21.825 por tarifas administrativas del CIRD.
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Para Luis Turizo, presidente de El Cóndor, este dictamen es un salvavidas. En la pasada asamblea de accionistas de marzo 27 de 2026, el directivo indicó que la empresa cerró el 2025 con pérdidas de $ 267.545 millones, causadas en parte por el freno del gobierno a este proyecto vial, lo que redujo significativamente el nivel de actividad operativa de la compañía. Con esta victoria, la constructora no solo recupera su inversión tras tres años de peleas legales, sino que deja en evidencia la crisis desatada en el sector con la medida tomada por el presidente Petro de congelar los peajes, y que, según la Contraloría, en agosto de 2024 le podría costar a Colombia más de $ 1 billón.
Segundo fallo a favor de InfraRed Capital Partners
Este es el segundo fallo en poco más de dos años que el Estado pierde contra InfraRed Capital Partners en el CIRD. A finales de 2024, el mismo tribunal condenó a la ANI a pagar $ 1.3 billones a la concesionaria Sociedad Perimetral Oriental de Bogotá (conformada por la firma israelí Shikin & Binui e InfraRed Capital Partners) por los perjuicios causados por la terminación anticipada del contrato, dejando en evidencia fallas estructurales en la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura en el país. La obra, concebida para conectar Cundinamarca con los Llanos Orientales sin pasar por Bogotá, se paralizó debido a que el contratista encontró 72 manantiales de agua no identificados en los estudios iniciales de la ANI, lo que impidió la construcción de tramos clave.
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