La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asumió en marzo de este año a su cuarto presidente durante la administración de Gustavo Petro. Óscar Javier Torres Yarzagaray remplazó a Francisco Ospina Ramírez quién llevaba un año en el cargo, con el objetivo de fortalecer la supervisión de las concesiones viales y avanzar en proyectos estratégicos para la conectividad del país.
Sin embargo, esta inestabilidad directiva afecta la gestión de proyectos que superan los $80 billones en valor. La situación más crítica es la magnitud de los litigios: las demandas interpuestas por los concesionarios superan los $10,5 billones. El presidente Torres enfrenta un total de 33 proyectos con algún tipo de litigio o demanda en tribunales de arbitramento. A septiembre 25, la ANI lidiaba con 44 tribunales arbitrales y ocho proyectos en riesgo de liquidación. De los 33 litigios, 24 son procesos internacionales y 19 son nacionales.
Los peajes, principal causa de las demandas millonarias
La principal razón detrás de estas demandas es el manejo de los peajes. Ocho de los procesos se originaron directamente por el decreto presidencial de enero de 2023 que congeló los aumentos anuales de las tarifas. Esta medida generó un desequilibrio económico en los contratos de concesión, afectando casos como la Concesión Vías del Nus con Mincivil de Franklin Greindiger como mayor accionista y la Concesión Ruta al Mar (Antioquia-Bolívar) a cargo de Luz María Correa de Construcciones El Cóndor. Otras demandas relacionas con peajes incluyen la introducción de tarifas especiales en los peajes, como en Autopistas del Caribe de los Amín de KMA Construcciones y la concesión IP Autovía Córdoba-Sucre; obstáculos para la instalación de nuevos peajes como en la vía 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó operada principalmente por la Ruta del Cacao de John Laing Group, Cintra Infraestructuras del grupo español Ferrovial; y demandas por sobrecostos derivados de alteraciones del orden público, como el peaje Turbaco a cargo de Autopistas del Caribe.
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Además de los peajes, diversas concesiones han demandado a la ANI argumentando la aparición de obras no contempladas, como los 80 acuíferos en la Perimetral de Oriente de Bogotá; retrasos ambientales como en la vía Mulaló-Loboguerrero de Prodevimar y Epiandes ambas filiales de Corficolombiana del Grupo Sarmiento; emergencias climáticas que impactaron los proyectos; un menor recaudo de ingresos por disminución del tránsito vehicular durante eventos como la pandemia de Covid-19, argumentado por proyectos como Santa Marta-Riohacha-Paraguachón operado por grupo norteamericano Blackrock y la Concesión Autopistas de la Sabana (en los departamentos de Córdoba y Sucre) operado por KMA Constructores y sus socios ; incumplimiento contractual del Estado, específicamente en el retrasado de la ejecución de obras a su cargo, lo que provocó un desequilibrio financiero.
El siguiente listado indica los proyectos con mayores demandas:
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