Los presidentes de altas cortes y la Fiscalía recibieron con sorpresa y preocupación la noticia sobre un nuevo recorte, esta vez por $695.000 millones, en el presupuesto asignado a la Rama Judicial para 2026. Se trata de una drástica reducción que se suma a otra por $4,4 billones dispuesto por el Gobierno a mediados de año.
Reunidos en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial los dignatarios de la Corte y la Fiscalía se reunieron con funcionarios del Ministerio de Hacienda para hacerles ver que los recortes sucesivos, que reducen sensiblemente su solicitud inicial de recursos por $16 billones, impacta negativamente el pago de sentencias y la provisión de cargos para la jurisdicción Agraria y Rural, entre otras obligaciones urgentes.
Más allá de lo que podría ser una controversia de carácter fiscal, el recorte coincide en tiempo con la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro de convertirse en juez de la reforma agraria y de disponer incluso de expropiaciones de tierras por vía administrativa.
Como lo reveló Las2Orillas, Juan Felipe Harman Ortiz, director de la Agencia Nacional de Tierras, presentó hace tres meses ante la Corte Constitucional una demanda que ataca parcialmente diez artículos del decreto ley 902 de 2017 relacionado con una reforma rural integral en materia de acceso a la formalización de tierras.
Según Harman, como aún no están actuando los jueces especializados agrarios se están demorando demasiado los trámites de asignación de tierras en desmedro de los derechos fundamentales de los campesinos. Y en esas condiciones, el gobierno debe quedar facultado para decidir al respecto.
La demanda quedó en manos, en calidad de ponente, del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño. El 18 de septiembre el mismo magistrado produjo un acto mediante el cual él mismo propuso hace ajustes a la demanda para hacerla viable.
Ahora, con el nuevo recorte la designación de los jueces agrarios se demorará mucho más tiempo y durante los nueve meses largos que le quedan a la administración Petro el gobierno podrá prácticamente seguir disponiendo de las tierras destinadas a su proyecto de reforma agraria, basado en los Acuerdos de Paz de La Habana con las Farc.
La jurisdicción agraria no será la única afectada por el recorte ordenado desde la Casa de Nariño. También podrían sufrir trastornos servicios de la Judicatura, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Aunque sin entrar en especificidades sobre las consecuencias políticas y administrativas de la situación, la poda presupuestal fue objeto de una primera reunión que convocó al viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano; la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho del ministro, Diego Carrero y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
El presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que este recorte es muy delicado porque compromete además la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales y de fortalecer a la Rama, como estaba previsto.
“Empezamos un diálogo firme, respetuoso y cordial que esperamos pueda rendir frutos para generar mesas técnicas de trabajo, que posibiliten incrementar el presupuesto para el año 2026 y puedan realizarse ajustes que nos permitan más recursos para la administración de justicia”, añadió.
La Comisión Interinstitucional destacó el ambiente cordial en el que se desarrolló la reunión, espacio en el que se abordaron de manera técnica y propositiva las alternativas para reducir los efectos del recorte en la administración de justicia.
En principio el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se comprometió a ofrecer una pronta respuesta sobre la situación del decreto para incrementar la bonificación judicial en un 5,85%, como se acordó en la mesa de negociación del sector justicia, celebrada en el mes de junio de 2025.
También a gestionar un encuentro ministro de Justicia y del Derecho para analizar los criterios de distribución de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), otro de los afectados.
Mientras decrecen los recursos y se dilata la entrada en vigor de la jurisdicción agraria, la Agencia Nacional de Tierras sigue negociando predios por vía de convenios administrativos, en medio de múltiples denuncias sobre la inutilidad e improductividad de miles de hectáreas que están siendo entregadas a campesinos e indígenas en varias regiones del país.
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