¿Con qué autoridad moral piden a jueces y fiscales que no se pongan al servicio del mejor postor?

La confianza está echada a perder en este país donde las mafias, tanto legales como ilegales, han influido dramáticamente en las decisiones de la vida nacional

Por: Leandro Felipe Solarte Nates
noviembre 23, 2018
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¿Con qué autoridad moral piden a jueces y fiscales que no se pongan al servicio del mejor postor?
Foto: Freepik

Recientes sucesos en que se ha visto comprometido el fiscal general, Néstor Martínez Neira, ayudan a confirmar esta percepción y a que reine la desconfianza en la sociedad, ante la vinculación de las élites de grandes grupos económicos con las instituciones puestas a su servicio, gracias a fichas colocadas en altos cargos del Estado.

Así lo insinúan recientes sucesos relacionados con el Fiscal General de la Nación, agravados por las muertes misteriosas del ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, envenenado con cianuro, y las revelaciones en Noticias Uno de audios grabados por Jorge Pizano en 2015 sobre sospechas por multimillonarios sobornos en los que resultaron vinculados Odebrecht y Corficolombiana, la constructora de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en la adjudicación de contratos para la construcción de la Ruta del Sol y otras megaobras que hoy están paralizadas afectando la movilidad y competitividad de este desconectado país.

Según los audios, en 2015, el ingeniero Pizano advirtió a Néstor Martínez Neira, entonces abogado estrella de Luis Carlos Sarmiento Angulo, (uno de los tres empresarios más ricos del país, dueño del grupo financiero AVAL, El Tiempo, Porvenir, Corficolombiana, etc) sobre movimientos financieros irregulares en contratos relacionados con la construcción de la Ruta del Sol, en la que eran socios con el grupo brasileño Odebrecht (mayoritario) y los Solarte (minoritarios).

Martínez en tono jocoso y hasta utilizando madrazos, quedó de avisarles a sus jefes Sarmiento (padre e hijo)pero por los sucesos posteriores parece que sí esto sucedió, se hicieron los de la oreja mocha y actuaron como cómplices pasivos, pues públicamente sólo se dieron por enterados dos años después, como lo declaró Luis Carlos Sarmiento, hijo, en entrevista que en su periódico El Tiempo, le hizo la obsecuente María Isabel Rueda, cuando en los Estados Unidos y Brasil, explotó el escándalo de la cadena de sobornos que urdió Odebrecht para que les adjudicaran autopistas y otras megaobras, en numerosos países del continente comprometiendo con coimas a la clase dirigente, desde presidentes de varias repúblicas y ministros, algunos de los cuales ya están condenados y detenidos y también a candidatos a sucederlos, (en Colombia mencionaron a Santos y su contendiente Zuluaga, pero a la investigación le aplicaron la canción. “échale tierrita y tápalo… tápalo”).

En repetidas ocasiones varios congresistas como el senador Jorge Robledo le han pedido al Fiscal Martínez Neira que se declare impedido para investigar lo relacionado con Odebrecht y Corficolombiana y otros negocios en los que están comprometidos sus antiguos patrones Sarmiento; pero este no ha tenido en cuenta las sugerencias y cuando la situación ha estado tensa con bombos y platillos y gran despliegue de los medios ha ‘destapado’ escándalos que desvían la atención de la opinión pública, como sucedió con el caso Santrich, que está en suspenso por la no aparición de las pruebas y otros por el estilo y otros relacionados con los bienes de las Farc y sus testaferros.

Bastante daño le hicieron a la imagen de la Fiscalía antecesores como Osorio, manipulando y ocultando investigaciones y Otálora, al destapar ‘investigaciones’, que después no prosperaron por carecer de pruebas suficientes, cuando más era cuestionado por no actuar contra su anterior defendido Palacino, el cerebro de la defraudación de Saludcoop, para que el actual Fiscal Martínez Neira, reviva la situación gracias a sus pasados vínculos con uno de los tres grupos empresariales más poderosos del país implicados en los sobornos que sus socios de Odebrecht agenciaron como efectiva política de contratación.

Ya las altas cortes se habían visto perjudicadas en su imagen cuando se destaparon las tutelas compradas por grandes empresarios a magistrados corruptos como Pretelt, además del próspero negocio montado por los cabecillas del cártel de la toga.

¿Con qué autoridad moral van a pedirles a los jueces y fiscales que no se pongan al servicio del mejor postor?

¿Con qué cara el ministro Carrasquilla le pide a la clase media sacrificarse con el IVA generalizado, cuando hace negocios como los de los bonos de agua y abre empresas en Panamá para facilitar la evasión de impuestos?

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