A pocos días de la Navidad, mientras el Congreso avanzaba a media marcha y la agenda pública parecía dominada por otros frentes, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes volvió a sesionar con el quorum para tomar decisiones. Este miércoles 17 de diciembre de 2025, tras varias semanas sin lograr siquiera reunir el número de integrantes necesarios, ese organismo decidió archivar 17 procesos que cursaban contra el presidente Gustavo Petro. La decisión no solo alivió, al menos de manera parcial, la presión judicial sobre el jefe de Estado, sino que reavivó las críticas por la lentitud crónica con la que se mueven más de cien expedientes que permanecen estancados en esa célula legislativa.
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La Comisión de Acusaciones, presidida actualmente por la representante Gloria Arizabaleta, es el juez natural del presidente de la República y de otros altos funcionarios aforados. En sus despachos reposan denuncias de todo tipo, muchas de ellas impulsadas por ciudadanos, otras por dirigentes políticos, y algunas relacionadas con los asuntos más sensibles del actual gobierno. A corte de agosto de 2024, el inventario oficial sumaba 114 procesos activos contra Gustavo Petro, una cifra que da cuenta del nivel de congestión y del desgaste institucional que rodea a la Comisión. Aunque desde entonces se han producido algunos archivos, el grueso de las investigaciones sigue sin avances sustanciales.
La sesión del 17 de diciembre fue convocada para darle continuidad a una plenaria iniciada el 3 de diciembre y quedó consignada en el acta número 70. Desde las siete de la mañana, los representantes comenzaron a discutir un paquete de expedientes que, según coincidieron varios integrantes, correspondían en su mayoría a denuncias de menor calado y con debilidades probatorias evidentes. Al final de la jornada, la Comisión aprobó el archivo de 17 procesos contra el presidente Petro, además de cerrar otros 13 casos relacionados con distintos aforados, para un total de 30 expedientes depurados en una sola mañana.
Entre los procesos archivados contra el mandatario se encontraban investigaciones con posible incidencia penal y una de carácter disciplinario, identificadas con los radicados 6739, 6927, 6881, 6646, 6178, 6741, 6936, 6540, 6434, 6508, 6602, 6432, 6464, 6359, 6925 y 7000. Las razones para el cierre fueron diversas, pero tenían un hilo común: la ausencia de hechos claros, la falta de pruebas o incluso el desconocimiento de los propios denunciantes sobre las conductas que decían cuestionar.
Uno de los expedientes se originó en la supuesta omisión del entonces senador Petro de renunciar a su curul para aspirar a la Presidencia en 2022. Otro apuntaba a un presunto favorecimiento al llamado cartel de las tutelas. También se archivaron denuncias por publicaciones del presidente en la red social X que, según algunos ciudadanos, interferían en las funciones de la fiscal general de la Nación; por una supuesta injerencia política en la Alcaldía Mayor de Bogotá; y por hechos tan disímiles como un reclamo contra la empresa Servientrega por una encomienda no entregada, atribuido de manera indirecta al jefe de Estado.
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La lista incluyó, además, procesos relacionados con el accidente del helicóptero MI-17 ocurrido en abril de 2024, en el que murieron nueve militares; denuncias genéricas por rebelión, sedición y otros delitos asociados al conflicto armado; y quejas por alocuciones presidenciales críticas contra medios de comunicación como SEMANA, El Tiempo y El País. En varios casos, la Comisión concluyó que los correos electrónicos de los denunciantes no describían circunstancias de modo, tiempo y lugar, o que las personas citadas a ampliar sus quejas admitieron no conocer los hechos que motivaron la denuncia.
Los expedientes archivados estaban en manos de representantes de distintos partidos, tanto cercanos al gobierno como opositores. En la lista de investigadores figuraban congresistas como Carlos Cuenca, Daniel Restrepo, Karyme Cotes, Juan Carlos Wills, Jorge Alejandro Ocampo, Jorge Eliécer Tamayo, la propia Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo, Wadith Manzur y Olga Lucía Velásquez, entre otros. Algunas investigaciones eran adelantadas por triunviratos y otras por un solo representante. De los 19 procesos contra Petro que se discutieron ese día, dos, a cargo del representante Manzur, no fueron archivados y continuarán su trámite.
Pese al alivio que significó para el presidente el cierre de estas carpetas, la jornada dejó un sabor amargo entre varios miembros de la Comisión. Algunos cuestionaron que durante semanas no se hubiera podido sesionar por falta de quórum, pero que este apareciera justo cuando el orden del día incluía un bloque amplio de procesos contra el mandatario. También hubo reparos porque, mientras las investigaciones más complejas —como las relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente o las solicitudes de exámenes toxicológicos— siguen sin avances visibles, la Comisión resolvió en pocas horas cerrar 17 procesos de una sola vez.
La sesión tuvo que levantarse hacia las diez de la mañana, no solo por el agotamiento del orden del día, sino porque la presidenta de la Comisión debía atender otra diligencia: la ampliación de una denuncia presentada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, por liderar un allanamiento a su mansión en el Atlántico, diligencia que se presentó el pasado 11 de noviembre con personal de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia y Adolescencia. El cierre anticipado reforzó la sensación de que, aunque se dio un paso para descongestionar la Comisión, el problema estructural permanece intacto.
La oposición reaccionó con dureza. Representantes como Hernán Cadavid y Katherine Miranda dejaron constancias escritas explicando su no asistencia y advirtiendo que, a su juicio, la Comisión estaba siendo instrumentalizada para favorecer al presidente. Señalaron que se priorizaron expedientes recientes, mientras otros más antiguos y de mayor relevancia siguen esperando turno.
En el trasfondo de esta controversia está el enorme cúmulo de procesos que aún reposan en los archivos. Más de un centenar de denuncias contra Gustavo Petro permanecen prácticamente dormidas, muchas de ellas relacionadas con la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esa inactividad ha llevado incluso a que sectores políticos y ciudadanos promuevan denuncias contra los propios integrantes de la Comisión, alegando omisión en el cumplimiento de sus funciones, un escenario que podría terminar bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia.
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