Estos días de conflictividad social —en los que la indignación y el desespero se expresan las mayorías en calles, carreteras y redes sociales— han puesto en evidencia la verdadera realidad de Colombia: hay cantidades inmensas de ciudadanos empujados sin remordimiento alguno hacia la pobreza y la miseria, todo con tal de mantener la confianza inversionista y las groseras ganancias del empresariado amigo del uribismo. Se ven a sus voceros (los de los gremios) en noticieros, informativos y hasta programas de variedades de radio, televisión e internet llamando ahora sí a la búsqueda de consensos y de solidaridad (con ellos, los gremios) por parte de la comunidad hambrienta y desesperada que protesta.
La cosa, descrita así, no debería pasar de una irritante anécdota protagonizada por los voceros de la institucionalidad gremial. El problema con estos llamados a la solidaridad y a los acuerdos es que estos se hacen junto con la manipulación oportunista de las llamadas encuestas de opinión, a partir de la alteración de la verdad, por medio de piezas de propaganda oficial, hechas y difundidas por los medios amigos del uribismo, en los que la justificada indignación y la constitucional protesta de la ciudadanía termina siendo señalada como la culpable de todos los males de la nación.
La estrategia de tergiversación de la realidad social que padecen la mayoría de los colombianos siempre ha tenido como finalidad la construcción de un relato social, artificialmente consensuado, en el que lo realmente importante, es mantener una normalidad, así sea la mal llamada nueva normalidad de la peste, en la que a toda costa se debe resguardar, ya no la integridad física de la sociedad en su conjunto, sino la integridad del mercado, especialmente el sector comercio de la economía, para lo cual, el sacrificio mayor, incluso el de la vida misma, debe ser puesto por el ciudadano común, confiado depositario de las libertades de movilizarse, pero sobre todo de comprar, así no tenga con qué.
Dentro de esta lógica del mercado, situaciones de dislocación de la nueva normalidad de consumo, tales como la protesta social y las interrupciones de la movilidad, ponen en serios aprietos a poderosos sectores de la economía, que ven cómo su grosero incremento de ganancias, se ve interrumpido por la acción aleve, según ellos y algunas ellas, de vándalos desadaptados, que se rehúsan a mal vivir en el mundo de ensoñación consumista al debe, que gobierno y medios les venden y les imponen a través de las redes masivas de información.
Ya en este punto, en el que las mayorías de viejos y nuevos pobres se han dado cuenta de la verdadera realidad económica, en la que la prosperidad es patrimonio exclusivo de unos pocos y la miseria es socializada entre las grandes mayorías, es en el que, de manera desesperada, la elite corporativista que gobierna Colombia, acude a la reconstrucción de su relato de búsqueda de consensos y de solidaridad, no necesariamente en búsqueda de más y mejores oportunidades y garantías de bienestar para todos, sino de más y mejores garantías de mantener el esquema en el que unos pocos siguen siendo beneficiarios de todas las gabelas del estado, a costa de la salud, la educación, el empleo y el buen vivir del resto de la sociedad.
Ante la imposibilidad de seguir con el metarrelato del enemigo nacional del castrochavismo, o de un todo poderoso Gustavo Petro, como maestro titiritero del mal, tanto gremios como su gobierno, se han dado a la tarea de la construcción de otra narrativa en la que, el nuevo enemigo termine siendo la protesta social, que socava las libertades del individuo y atenta contra el bienestar general, un enemigo de múltiples cabezas, pero que se pueden personalizar en los vándalos de primera y segunda línea, ahora declarados objetivos de alto valor para las FF. MM. y las autodefensas ciudadanas.
Si bien es cierto que a la hora de escribir estas notas ya se vienen dando, así sea a marchas forzadas, los primeros pasos para el esperado encuentro entre el gobierno nacional y las distintas expresiones de la protesta social, la desconfianza que siente la mayoría de los colombianos hacia la institucionalidad gremial y estatal, así como la intransigencia de sectores de la ultraderecha en el poder, no han permitido que se avance en la ruta de una negociación, en la que las justas reclamaciones de millones, acompasen el desaforado deseo de ganancias de unos pocos.
Este desencuentro no es cosa diferente que la expresión pública de una vieja contradicción social, no solo presente en Colombia, sino en muchas otras latitudes, en la que se enfrenta el romanticismo social alrededor de lo realmente comunitario y el individualismo extremo, devenido en la justificación del fascismo como mecanismo para mantener los privilegios de una minoría. Tal cual.
