Carta abierta a Santiago Montenegro, presidente de ASOFONDOS

"Tal como Ud., considero que estos temas de interés nacional deben ser debatidos en espacios conocidos por la opinión pública con la seriedad que merecen"

Por: María del Rosario Vázquez Piñeros
marzo 07, 2017
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Carta abierta a Santiago Montenegro, presidente de ASOFONDOS
Foto: Archivo larepublica.com

Estimado Dr. Montenegro:

Leí atentamente las precisiones que Ud. propone en el portal Las2orillas, concernientes a la columna que publiqué, en El Espectador.com: “La estafa de los fondos privados de pensiones”, el día 28 de febrero del 2016, frente a las cuales tengo las siguientes observaciones:

  1. En ninguna parte afirmé que a todos los cotizantes de pensión les convenga uno u otro régimen: el público o el privado. Lo que sostuve es que a muchos les habría convenido quedarse en el régimen público. Pero que, debido al engaño de algunos asesores de los Fondos Privados, dejaron el régimen de prima media y se trasladaron al de Ahorro Individual.
  2. En segundo lugar, no considero injusto que el Estado subsidie derechos sociales, aunque comparto la idea de que los más ricos no requieren de subsidios. Y además considero que los montos máximos de pensión, en Colpensiones, deben ser revisados, en aras al bien común. Sin embargo, en este punto vale la pena citar a la Dra. Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Seguridad Social, cuando afirmó lo siguiente: “culpan al régimen de prima media de los altos costos del sistema cuando el ochenta por ciento de los que ahí están ganan uno o dos salarios mínimos y han cotizado para lograr su pensión”. Cfr. “Procuraduría pide no debilitar el régimen público de pensiones”, El Tiempo, 22 de abril del 2015.
  3. En mi columna no me refiero a los adultos mayores pertenecientes a los sectores más ricos de Colombia, que no son los que devengan un salario de dos, tres, o cuatro millones de pesos. Éstos siguen siendo ciudadanos de una reducida y esquilmada clase media, encargada de llevar un importante peso fiscal en la tributación del país, para suplir lo que los más pobres no pueden pagar; y muchos ricos quieren eludir, a través de normas fiscales que los favorezcan o de evasiones.
  4. Me parece importante su aclaración acerca de que el Fondo Privado subsidia a personas que no cumplen con el capital suficiente para la financiación de su pensión, pero que sí alcanzan 1.150 semanas cotizadas y cumplen con la edad mínima. Esto, por cuanto yo había afirmado que en los Fondos Privados no se recibía ningún subsidio adicional. Sin embargo, sí especifiqué que por lo menos un cotizante en el régimen privado, accedería a una pensión equivalente a un salario mínimo. Se cae de su peso que si este usuario cotizaba con un salario mínimo, su pensión tendría que ser subsidiada.
  5. De acuerdo a la Ley 100, tal como Ud. dice, las pensiones en Colombia son vitalicias. Sin embargo, quiero aclarar que la afirmación que hice en mi columna está basada en el testimonio de una de mis fuentes: más exactamente un abogado experto en pensiones, el Dr. Franklyn Montenegro Sandino. Cuando una persona afiliada a un Fondo Privado no completa el capital pero sí las 1.150 semanas, se recurre a la figura de la pensión mínima de garantía por vejez, donde según el Art. 65 de la Ley 100 de 1993, tendrá derecho a que el Gobierno Nacional (y no el Fondo Privado al que la persona está afiliada), le subsidie el dinero que haga falta para que pueda obtener dicha pensión. Dice el Dr. Montenegro: “si un asegurado, hombre de 62 años, que tenga por ejemplo $ 50 millones en su cuenta de ahorros individual (sumándole aportes obligatorios, aportes voluntarios, rendimientos y bono); y a su vez haya superado las 1.150 semanas, el Gobierno Nacional –es decir todos los colombianos– le aporta a la AFP la módica suma de $ 140.000.000 millones para financiar la pensión de dicho cotizante, con el fin de que con ello alcance el capital necesario para su pensión, que actualmente está en cerca de $ 190.000.000 millones de pesos”.
  6. En este orden de ideas, me sorprende la reciente solicitud que Ud. hizo, el lunes 6 de marzo del 2017, de eliminar los subsidios de la Prima Media; mientras que nada dice de los subsidios que el Gobierno sí otorga a los Fondos Privados para cubrir la mesada pensional de algunos de sus afiliados, como es concretamente el caso descrito en el párrafo anterior. Con tal propuesta llegaríamos al colmo de la paradoja: un Estado que elimina su régimen de subsidio, el de Colpensiones; pero que sí subsidia a afiliados de los Fondos Privados. Cfr. “La reforma pensional: más allá de subir o quitar subsidios…”, La República, 6 de marzo del 2017.
  7. Por otra parte, el abogado Franklyn Montenegro cuenta cómo se han dado situaciones en que una persona afiliada a un Fondo Privado, que va a recibir la pensión mínima de garantía por vejez (así ésta sea financiada con un subsidio del Estado), se le ha exigido que firme un contrato con una aseguradora, para así garantizar la pensión vitalicia. Mi fuente asevera que representó legalmente a dos clientes que presentaban la situación descrita. Por lo tanto, invito a ASOFONDOS a que investigue estas irregularidades, primero para saber si se trata de situaciones minoritarias o si por el contrario, se han generalizado. Pero sobre todo, con el fin de que se solucionen sin que las personas tengan que acudir a instancias judiciales.
  8. En cuanto a la conveniencia de los Fondos Privados para quienes no alcanzan los requisitos mínimos para pensionarse y que, por lo tanto, requieren de la devolución de saldos o de la indemnización sustitutiva, es importante tener en cuenta lo siguiente: en el régimen de prima media los ahorros del cotizante no están sujetos al cambio en los precios o a la rentabilidad de las inversiones; cosa que sí ocurre en el régimen privado, donde, por lo tanto, es mayor el riesgo asumido, puesto que en una coyuntura pueden subir (como Ud. dice que actualmente ocurre), o también pueden bajar… Creo que esta aclaración, también es importante.
  9. Por otra parte, a diferencia de los sectores más pudientes, sabemos que son pocos los colombianos que alcanzan una capacidad de ahorro suficiente para su vejez. Desde luego, la mayor proporción de los integrantes de la clase media colombiana no se encuentran en el rango de los que sí lo logran. Y, como señaló la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda: “el ochenta por ciento de los que ahí están (en Colpensiones) ganan uno o dos salarios mínimos”. Por lo tanto, el subsidio del régimen público no es para el beneficio de los más ricos, como Ud. afirma. El subsidio lo necesitan especialmente los salarios más bajos y la reducida clase media.
  10. Desde luego, si se parte del supuesto de que dichos sectores no lograrán completar sus semanas de cotización como resultado del desempleo y la informalidad, la solución a este problema social no creo que sea la cotización en Fondos Privados. La solución está en políticas que se concreten en una legislación que ataque realmente y a fondo la corrupción y que proteja los derechos sociales; y en aquellas medidas encaminadas a promover desarrollo, empleo y equidad. Lo que a su vez requiere de iniciativas que estimulen el consumo y el empleo, cosa que en Colombia no sucede como debería ocurrir, como resultado de: a) la corrupción (puesto número 90, entre 176, con estimación de pérdidas de alrededor de 50 billones de pesos al año. Cfr. “La cruzada para que no se sigan robando el país con corrupción”, El Tiempo, 26 de febrero del 2017; b) la desigualdad (Colombia es reconocida como uno de los países más desiguales del mundo, por cuanto: “Sólo 3 personas concentran la riqueza equivalente a los más de 20 millones de colombianos que se encuentran en la base de la pirámide”. Cfr. Inti Mesías Barrera, “Colombia es uno de los países más desiguales del mundo”,Las2Orillas, 5 de abril del 2016. Y en 2014, en Colombia, según el presidente Santos, el 1% (aclaremos: sector constituido por los verdaderamente ricos del país) concentraba el 40% de la riqueza. Cfr. “ ‘El 1% concentra el 40% de la riqueza nacional’ ”, Portafolio, 17 de diciembre de 2014); c) los impuestos regresivos (la reciente reforma tributaria es regresiva, puesto que se apoya más en las contribuciones de los pobres y la clase media, que en las de los más acomodados. Cfr. “Colombia, en vilo por reforma tributaria”, El Tiempo.com, 11 de octubre del 2016; “La reforma tributaria sí es regresiva”, Revista Dinero, 15 de diciembre del 2016); d) y las altas tasas de interés del sistema financiero colombiano (que hasta el año pasado ocupaban un segundo lugar, después de Brasil, en América Latina. Cfr. “Colombia, el segundo país con las tasas más altas en América Latina”, Semana, 18 de marzo del 2016).
  11. Ud. menciona que en los Fondos Privados de pensiones “los rendimientos que se obtienen por las inversiones son exclusivamente propiedad de los afiliados”. Es importante subrayar esta aclaración. El problema es que fueron los mismos asesores de los fondos privados los que ofrecieron a los usuarios una gran rentabilidad para sus ahorros; lo que supuestamente les proporcionaría una pensión mucho más alta en comparación con la que recibirían con el régimen subsidiado; y si no, no habrían hecho el traslado al Fondo Privado. Pero cuando estos usuarios fueron a reclamar su pensión resultó que no recibieron las ganancias ofrecidas; y, por lo tanto, su pensión quedó muy por debajo de lo que habrían recibido en Colpensiones. Sin ir más lejos, pongo en conocimiento de Ud. una petición que circula en Avvaz.org., en la que se solicita información clara, pública y transparente a los Fondos Privados de Pensiones, para que revelen a cuánto ascienden los “Gastos Admisibles” en fondos obligatorios.
  12. Como Ud. menciona, lo que ASOFONDOS y la ANIF han propuesto no es la privatización de Colpensiones sino su liquidación. En todo caso, sí habría que reconocer que los efectos en la práctica son afines: es decir, la cotización única y exclusiva en el Régimen de Ahorro Individual, como ocurre con el modelo chileno, donde el sistema público se eliminó, lo cual es motivo de descontento social en dicho país. Y para prever dicho descontento y aún mayor deterioro social en Colombia, cito la preocupación de la delegada de la Procuraduría, Diana Margarita Ojeda, quien manifestó que le inquietaban “las insistentes propuestas de algunos sectores para que se debilite el régimen de prima media y la idea de hacer una reforma para beneficiar a los fondos privados”. Cfr. “Procuraduría pide no debilitar el régimen público de pensiones”, El Tiempo, 22 de abril del 2015. (La cursiva es mía).
  13. Ud. menciona que en los Fondos Privados hay transparencia y en Colpensiones no. Lo que sabemos los colombianos es que corrupción hay tanto en el sector público como en el privado. Como es claro, esto se debe corregir, en ambos casos.
  14. Me solicita al final de su carta que me retracte de la afirmación sobre las estafas cometidas por los Fondos Privados de Pensiones. Pero no puedo hacer eso, porque sería contrario a la verdad. Y porque ignorar a las víctimas, constituye una revictimización. Lo mismo que suponer que ellas cambiaron de régimen pensional a sabiendas del perjuicio que les ocasionaba, constituye una ofensa a su inteligencia; es prejuzgar a estas personas como masivamente irresponsables frente a la legítima defensa de proteger el único ingreso estable al que tienen derecho y que les queda para subsistir en su vejez. Si se vincularon a una AFP en contra de lo que realmente les convenía, fue por el engaño de aquellos asesores que los indujeron; y si no pudieron devolverse a tiempo, en el lapso establecido por la ley, fue gracias al silencio que ha imperado hasta ahora sobre este tema, y por lo tanto, porque no sabían que habían sido engañadas.
  15. En consecuencia, me encuentro ante el deber moral de reiterar el tema central de mi columna en El Espectador: son muchos los colombianos que fueron engañados por asesores de los Fondos Privados de Pensiones y que, por tal razón, perdieron los beneficios que tenían en el régimen de prima media. Y añado: no les dieron la información clara y precisa, con los pros y los contras, las ventajas y desventajas de uno u otro sistema pensional. Y cuando les dieron información, fue insuficiente y, o falsa. Y me consta al menos un caso de falsificación de firma. Algunas víctimas no demandan porque lo ven engorroso y no tienen el dinero suficiente para pagar los abogados; es decir, no pueden hacerlo por falta de recursos, aquellos mismos a quienes Ud. señala como los ricos de este país. A esto se suma que lamentablemente, en Colombia, miles de ciudadanos ignoran sus derechos y no conocen el camino para reclamarlos. Muchos con gran esfuerzo en tiempo y dinero, pagan sumas que oscilan entre los diez y los veinte millones de pesos para entablar las demandas. Hay quienes ganan las demandas después de dos instancias; y hay quienes pierden por consideraciones de tipo técnico-jurídico… ¡a pesar de su condición de víctimas! Lo que significa que al final, no logran recuperar su derecho. Estas personas quedan terriblemente afectadas al conocer la realidad de este engaño, pues suelen enterarse poco tiempo antes de llegar a la edad de pensión, cuando empiezan a efectuar los trámites respectivos.

Esta es la tragedia absurda que están viviendo muchos colombianos. De tal manera que las víctimas sí existen, son personas de carne y hueso; y las demandas, los abogados de las víctimas y los fallos, no son producto de mi imaginación. De hecho, me permito mencionar la sentencia del 9 de septiembre de 2008, expediente 31989, de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, en la que se ordena el cambio de régimen para el demandante, es decir, su retorno a Colpensiones, debido al engaño de que fue objeto. Y debo aclarar que el engaño, cuando implica detrimento patrimonial, se llama estafa. En dicha sentencia se ordena a la Administradora “el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses”.

Para terminar, agradezco el ofrecimiento de ASOFONDOS de disipar las dudas e inquietudes que sobre el particular tengo, al igual que tantos ciudadanos. Porque precisamente las que más me apremian están relacionadas con el tema central de la columna que publiqué en El Espectador. Y que enumero a  continuación:

¿Van los Fondos Privados a reconocer lo obvio, es decir, que una persona con información suficiente y veraz no abandona un sistema de pensiones por otro, cuando ese traslado lo perjudica gravemente?

  1. ¿Van los Fondos Privados a reconocer que hubo asesores de dichos fondos que engañaron a los cotizantes para que abandonaran el sistema público de pensiones y se trasladaran al privado?
  2. ¿Van los Fondos Privados a reconocer la condición de víctimas inocentes de estos adultos mayores?
  3. Y entonces, dichos fondos, al aceptar esta verdad ya insoslayable, ¿van a asumir tal responsabilidad y, en aras de la justicia, propiciar el inmediato retorno de dichas víctimas a Colpensiones?
  4. ¿Van los abogados de los Fondos Privados de Pensiones a seguir impidiendo la recuperación de los derechos de estas víctimas –a través del rechazo a los derechos de petición, obligando a los afectados a acudir a engorrosas y costosas demandas judiciales de hasta dos instancias, y a veces hasta al recurso extraordinario de casación; al tiempo que lesionan los intereses de la nación al congestionar el ya sobresaturado sistema judicial colombiano–, solo por defender los intereses particulares de dichos Fondos, mientras los victimarios siguen impunes?
  5. Y por último, la más importante: ¿cuál va a ser la posición institucional de ASOFONDOS frente a esta problemática?

Tal como Ud., considero que estos temas de interés nacional deben ser debatidos en espacios conocidos por la opinión pública con la seriedad que merecen. Por lo tanto, invito a participar con espíritu democrático a toda la ciudadanía; al portal  y al Dr. Libardo Sarmiento Anzola, pionero en la denuncia de esta problemática, con su artículo de 2013, “Pensiones: la gran estafa”; a los medios de comunicación y demás corporaciones; políticos y líderes sociales de distinta proveniencia ideológica y concepción socioeconómica; y demás expertos jurídicos y financieros. Y muy especialmente a las víctimas que quieren manifestar su inconformidad por la situación que están viviendo, como algunas de ellas me han manifestado, y empiezan a hacerlo en el siguiente link.

Estoy segura de que ASOFONDOS y Ud. como persona con las más altas calidades académicas y profesionales, con el ánimo de contribución a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, continuarán aportando al debate sobre el modelo pensional en el país; y, muy especialmente, investigarán y atenderán la problemática de las víctimas a las que me he referido, para que finalmente se tomen las disposiciones necesarias con el fin de resarcir a los afectados en aras de la verdad, la justicia y el respeto a la dignidad de estas personas.

Cordialmente,

María del Rosario Vázquez Piñeros

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