Carta abierta al Gobernador de Antioquia
Señor
LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ
Gobernador de Antioquia
Recuerdo que en el 2016, iniciando su periodo de gobierno, junto con otros compañeros lideré una movilización campesina en defensa de la educación rural, donde cientos de campesinas y campesinos de diferentes comunidades, de 90 municipios no certificados, nos desplazamos hasta la gobernación para exigir el derecho a una educación pertinente e inclusiva para nuestros territorios. Hubo momentos en los que dudé si estaríamos obrando bien, dado que ustedes apenas iniciaban su gobierno y necesitaban tiempo para acomodarse y empezar a gestionar adecuadamente. Sin embargo, en cuanto el secretario de educación empezó a incumplir los acuerdos que había firmado con quienes conformamos la mesa de concertación, despejé cualquier duda que pudiese tener; y más aún me ratifiqué en mi postura cuando el señor Néstor David Restrepo Bonet decidió ignorar el conocimiento, la experiencia y la trayectoria acumulada de las instituciones educativas que durante más de 30 años habían llevado educación a la ruralidad, para en su lugar contratar la cobertura educativa, única y exclusivamente, con confesiones religiosas, medida que por su naturaleza excluyente viola los principios constitucionales de justicia social y equidad.
Esta determinación de la Gobernación y de la Secretaría de Educación lo único que hizo fue demostrar que, desafortunadamente, en Colombia nuestros dirigentes políticos aún gobiernan con la biblia en la mano y no con la constitución; que nuestro sistema educativo aún continúa bajo las sombras del Concordato pactado durante la Regeneración; y que las arcas del erario continúan abiertas para el saqueo por parte de mezquinos funcionarios incubados en sacristías.
Para mi nada de lo anterior resultó una novedad, fue simplemente la confirmación de una realidad que siempre he tenido clara, de la misma manera que el hoy proyecto detonante de la gobernación “Antioquia Libre de Analfabetismo” deja al descubierto que muchos programas de gobierno están enmarcados en discursos populistas, con la única finalidad de mostrar crecimiento en índices de cobertura y desembolsar recursos a diestra y siniestra, sin importar en lo más mínimo la calidad y pertinencia de los procesos.
Como si los antioqueños no hubiéramos tenido ya suficiente con soportar ver a diario los 80 monumentos al despilfarro que se construyeron en la anterior Administración bajo el lema de “Antioquia la más Educada”, ahora la actual Administración erige un panteón de letras muertas llamado “Antioquia Libre de Analfabetismo”, que no es más que una ofensa a la inteligencia de los campesinos y campesinas, y una falta de respeto a la dignidad de los docentes del departamento en tanto desconoce, por un lado, las verdaderas necesidades y dinámicas de las comunidades y sus habitantes, y por otro, aprovecha la precarización laboral en que el sistema tiene a los docentes del país, para ofrecerles a los profes contratos como alfabetizadores con salarios irrisorios, que además tienen que rogar para que les sean cancelados. Pero ¿qué otra cosa se puede esperar de programas educativos diseñados desde la comodidad de un escritorio, por tecnócratas que no saben de educación y que no conocen del departamento sino lo que han visto en los mapas y en las láminas del álbum de chocolatinas?
Basta con revisar el desarrollo del programa en mención, desde el proceso de Licitación Pública N° 8134 de 2018 hasta la ejecución, en curso, del Contrato 4600008150, suscrito entre la Gobernación de Antioquia y Fundación S.O.S, que tiene como objeto “Operar el programa flexible de alfabetización mediante el ciclo I del modelo educativo " A crecer para la vida" para la atención de jóvenes en extraedad y adultos en municipios no certificados del departamento de Antioquia”, para encontrar una larga cantidad de elementos que argumentan lo que escribo, no obstante, la información sobre el proceso de convocatoria, contratación y desarrollo del proyecto se encuentra disponible para toda la ciudadanía en SECOP, por lo que yo en líneas siguientes enunciaré tan sólo cinco aspectos fundamentales (producto de mi cercanía y propia experiencia con el programa) que me motivan a escribir cuanto pienso, y que considero debe ser objeto de su revisión e intervención:
- El contrato para la ejecución del programa de alfabetización, se adjudica a un operador que carece de la debida solvencia económica que se requiere para cubrir los gastos de operación. De otra manera, no se explica que a la fecha muchos de los profes que fueron contratados (nadie sabe con certeza cuántos) no han recibido un solo pago por sus servicios y ni siquiera el reconocimiento de una fotocopia o un pasaje para el desplazamiento a sus veredas de trabajo.
- Si bien las supervisoras de la Gobernación y las dinamizadoras del programa en las regiones, han estado atentas y prestas para orientar, gestionar y apoyar tanto los procesos en campo como las inquietudes de los alfabetizadores, no deja de ser una falta de respeto que el equipo directivo y administrativo de la fundación S.O.S no responda los teléfonos a quienes se suponen son sus colaboradores, a tal punto que ya se empieza a dudar de la existencia de tales personajes, que más bien parecen seres del más allá. ¿Será que este misterio que aún está por resolver tiene relación con el 666 que aparece en el número telefónico de los contratos que firmaron con los profes? Lo que sí está comprobado es que dicho número telefónico no existe.
- Lo que también aparece como algo incierto es el planeta de procedencia de estos personajes, pues si bien dicho contrato se adjudica a un operador del departamento de Córdoba, en algunos documentos aparece que Funsos S.O.S se encuentra domiciliada en Montería y en otros en Lorica. Sin embargo, lejos de la curiosidad e intriga que causa que se adjudique el contrato a una empresa de uno de los departamentos más "enmermelados" e infectados por la corrupción, lo realmente llamativo es que se otorgue la operación del programa a una institución que desconoce el territorio, las realidades y particularidades de cada una de las comunidades del departamento.
- El punto anterior conduce a afirmar que el proyecto para el cual se subscribe el contrato entre la Gobernación de Antioquia y la Fundación S.O.S, carece de un serio y previo diagnóstico, muestra de ello es que muchas personas de diferentes comunidades no pudieron acceder al programa de alfabetización, especialmente los habitantes de aquellas poblaciones cuyas relaciones económicas y sociales están determinadas por las lógicas de la producción cafetera, dado que el periodo propuesto para la ejecución del programa coincidió con el de la cosecha cafetera, que valga decir, es la época del año que muchos campesinos y campesinas esperan como su única fuente de ingresos para garantizar el sustento de sus familias durante todo el año siguiente.
- El contrato en mención, celebrado el 29 de junio de 2018 fija como plazo de ejecución el 29 de diciembre de 2018, seis meses contados a partir de la fecha de la firma, de los cuales tres meses y medio transcurrieron en la realización de trámites administrativos y tan sólo se destinó dos meses y medio para el trabajo académico con la población beneficiada. Pregunto, tal cual lo había hecho en la solicitud de aplazamiento enviada meses atrás ¿realmente interesa la calidad de los programas, cuando se destina la mayor parte del tiempo a asuntos de orden técnico, logístico y contractual que al trabajo directo con la población?
En esta dirección, porque conozco ampliamente el departamento de Antioquia, sus diferentes territorios, las necesidades de sus habitantes y las dinámicas económicas sociales y culturales, y porque he seguido con detenimiento todo el proceso de contratación fue que el pasado 17 de octubre, mediante solicitud radicada en la gobernación, con copia a usted y al secretario de educación, solicité a la Dirección Departamental de Alfabetización se considerara la posibilidad de aplazar el inicio del programa para el primer semestre del 2019. Debo confesarle que el haber recibido una repuesta poco favorable a mi solicitud no me tomó por sorpresa, dado que si algo he aprendido es, precisamente, que a nuestros gobernantes lo único que les interesa de los ciudadanos es su voto y nos sus opiniones e ideas, menos sus necesidades.
Lo que si me indignó profundamente, es que hace un par de días (26 de diciembre), justo cuando los docentes han cumplido con la ejecución de las actividades para las que fueron contratados (dado que se presionaron para concluir el 29 de diciembre, a como diera lugar) y cuando el operador ha sentido la masiva presión de los profesores que reclaman el pago de sus honorarios, se publica en la página del SECOP una prórroga al contrato, hasta el próximo 15 de marzo de 2018. Esto me causa indignación por dos aspectos fundamentales: primero, esta prórroga contradice totalmente los argumentos con los que habían negado mi solicitud de aplazamiento. Segundo, el que se niegue una petición hecha por un ciudadano que se preocupa por las necesidades y desarrollo de las comunidades y, por el contrario, se conceda cuando es pedida por sectores privados, movidos únicamente por conveniencia propia, no es más que una descarada muestra de la falta de voluntad política para responder a las necesidades de las comunidades y de abundancia de la misma para favorecer los mezquinos intereses de los sectores particulares.
Por último, señor gobernador, siento que la forma como se ha ejecutado el programa, y en especial el trato que los profesores hemos recibido del contratista, es un irrespeto a nuestra profesión, así como a nuestra dignidad y a la de las comunidades con que hemos trabajado, por eso, al escribir esta carta estoy dando por terminado el contrato por prestación de servicios firmado con Funsos S.O.S. Si se precisa de una justificación más concreta y técnica, se puede fundamentar en el incumplimiento, por parte del contratante, de las condiciones establecidas en el contrato. Es más, tomen mis honorarios y todo cuanto se me adeuda, por conceptos de transporte y otros gastos, como una donación de mi parte para la educación de Antioquia, que bien puede destinarse para que el señor Secretario de Educación visite algunas comunidades del departamento, y conozca de manera directa los territorios y las necesidades de sus habitantes, y así tener la posibilidad que desde el próximo año se puedan construir programas educativos contextualizados y pertinentes, que verdaderamente correspondan a las necesidades e intereses de nuestras comunidades.
Atentamente,
Fabio Alberto Lopera Pérez.
