Es necesario en estos días reflexionar sobre la gobernabilidad de Santiago de Cali, especialmente cuando la administración distrital recibe bajas calificaciones en los sondeos de opinión. Es comprensible que los sectores que eligieron al alcalde Alejandro Eder ponderen sobre su gestión y busquen argumentos para defenderla. También es legítimo que los sectores políticos opositores o independientes cuestionen las decisiones gubernamentales, exijan rendición de cuentas y denuncien deficiencias. Sin embargo, lo que no conviene a la ciudad es que este debate se vea atrapado en prejuicios, estigmas y estereotipos, impidiéndonos avanzar de manera constructiva y democrática. ¿Cómo superar esta tendencia? A continuación, se presentan tres aspectos claves para la reflexión ciudadana.
En primer lugar, debemos reconocer que estamos inmersos en una dinámica preelectoral que influye en el clima político del país. La retórica polarizada define los términos del debate previo a la conformación de coaliciones nacionales y a la definición de candidaturas. Esto, a su vez, impacta la gestión y comunicación de los asuntos públicos en Cali, el principal centro urbano del suroccidente colombiano. En este contexto, es crucial que el debate sobre la ciudad encuentre canales institucionales y ciudadanos adecuados para evitar que la confrontación derive en prácticas de violencia social. La clase política, sin distinción ideológica, los liderazgos de opinión y los medios de comunicación, tienen una responsabilidad especial en este sentido.
En segundo lugar, la amplificación del conflicto político a través de las redes sociales ha transformado la comunicación pública. En una ciudad como Cali, los problemas de siempre se sienten y se expresan con mayor intensidad, formando opiniones colectivas de manera contundente. Este nuevo contexto comunicacional podría fortalecer la democracia y la gobernanza cívica, pero si no se gestiona con responsabilidad, se convierte en un terreno fértil para rumores, noticias falsas y el deterioro del diálogo público. Es urgente evitar que la confianza ciudadana se erosione en un ambiente de desinformación y confrontación. En este aspecto, las organizaciones ciudadanas y sociales juegan un papel crucial al exigir transparencia y claridad en las agendas gubernamentales, al tiempo que promuevan mediaciones para el trato respetuoso de los conflictos, insistiendo en el respeto a las diferencias y la convivencia en la ciudad.
Existen en el corto plazo decisiones claves para el futuro de Cali que requieren claridad y concertación democrática
Por otro lado, es importante analizar en concreto la agenda del gobierno actual y su estilo de gestión, especialmente en un momento en que las encuestas reflejan una brecha entre la percepción ciudadana y la acción gubernamental. Existen en el corto plazo decisiones claves para el futuro de Cali que requieren claridad y concertación democrática. Entre ellas, la renovación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que impactará la adaptación al cambio climático, el manejo de zonas de riesgo, la planificación ambiental, la cobertura de espacios públicos, la orientación de vivienda y hábitat, la renovación urbana y los usos del suelo. Asimismo, es de reconocer que la actual alcaldía debe mejorar su capacidad para atender problemas sociales inmediatos, pues en lo que va corrido del gobierno asuntos como el transporte escolar, la atención a poblaciones en situación de calle, la gestión de comedores comunitarios, la recuperación del transporte masivo, el control del tráfico sin recurrir a la violencia, la regularización de asentamientos informales y la promoción de vivienda social, han dejado preocupaciones ciudadanas, especialmente en los sectores populares. También es indispensable mejorar la transparencia en la contratación pública, dado que han surgido inquietudes sobre el manejo de recursos en instancias como la Secretaría de Educación y Metrocali; particularmente hoy los ojos están puestos en relación con el empréstito recientemente avalado por el Concejo Distrital mediante acuerdo. Es vital garantizar que estas inversiones beneficien equitativamente a la ciudad y cuenten con mecanismos de gestión claros y responsables.
En ese horizonte, no es útil para la ciudad ni para el gobierno insistir en la retórica de que los problemas actuales son solo consecuencia de administraciones pasadas, ni responsabilizar a poblaciones desplazadas o migrantes de las dificultades urbanas. Tampoco es válido desestimar las protestas ciudadanas tachándolas de intentos de desestabilización, cuando en realidad reflejan demandas legítimas por servicios eficientes y proyectos cumplidos. Todos los sectores sociales de Cali debemos reconocer nuestros intereses y prejuicios, para acoplarlos al interés común y para superar relaciones estereotipadas, pero es fundamental que el gobierno distrital, en particular, haga un ejercicio de autocrítica y examine sus propias percepciones sobre la ciudadanía y sus demandas. Solo así será posible construir una gobernanza más inclusiva y efectiva para la ciudad, que se atempere a la promesa de reconciliación promovida por el alcalde en tiempos de campaña.
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