Diez días después del terremoto del 10 de agosto en Cali estamos entrando en otro momento. La emergencia no ha terminado pero empieza a cambiar de agenda; de la búsqueda y el rescate vamos pasando a las evaluaciones, los albergues, las demoliciones, las reparaciones, las ayudas y los seguros. Poco a poco aparece una palabra que tendremos que discutir con mucho cuidado: reconstrucción.
El terremoto fue un fenómeno geológico de enorme magnitud, pero el desastre que encontramos sobre el territorio no puede explicarse solamente por la fuerza con que se movió la tierra. Una cosa es el sismo y otra la manera como una sociedad, históricamente construida, recibe ese movimiento.
Los recorridos de estos días muestran una ciudad extraña y dolida. Edificios muy afectados al lado de otros con daños menores, conjuntos residenciales evacuados mientras construcciones cercanas permanecen habitables. Hay afectaciones importantes en sectores del sur y la comuna 19, pero también situaciones preocupantes en el norte, el centro y las zonas de ladera.
Ya existen elementos técnicos para comenzar a comprender esa geografía desigual; desde hace más de dos décadas los estudios de microzonificación sísmica habían advertido diferencias importantes en el comportamiento de los suelos de Cali. Esta semana una investigación de la Universidad Javeriana Cali volvió a llamar la atención sobre la comuna 19 y la interacción entre las características del suelo, el antiguo abanico aluvial del río Cañaveralejo, la época de construcción y los sistemas estructurales de las edificaciones.
La pregunta resulta inevitable: ¿cuánto sabíamos de nuestra vulnerabilidad antes del terremoto y qué hicimos con ese conocimiento? Cali tenía estudios, mapas, normas e información sobre sus suelos y condiciones sísmicas. Lo ocurrido comienza a mostrar que el problema no era solamente conocer el riesgo, sino lograr que ese conocimiento incidiera sobre la planificación, la regulación urbana, las prácticas constructivas y las decisiones sobre el territorio.
Habrá que revisar normas urbanísticas, licencias y procesos constructivos, pero también políticas de vivienda, formas de financiación, propiedad horizontal, aseguramiento y valorización del suelo. No para señalar anticipadamente responsables, sino para establecer responsabilidades, corregir irregularidades y garantizar derechos.
El posterremoto puede convertirse así en un enorme laboratorio territorial. Por eso habrá que estudiar algo más que los edificios averiados, necesitamos superponer varios mapas: daños y colapsos, condiciones de los suelos, edad y tipología de las construcciones, modificaciones realizadas durante décadas y condiciones sociales y económicas de quienes las habitan. Cuando esos mapas se encuentren, posiblemente aparecerá una historia de Cali que normalmente permanece escondida detrás de sus fachadas y podremos comprender por qué unas resistieron y otras no. Ese conocimiento no puede quedar disperso entre instituciones, universidades, constructoras y aseguradoras, debe convertirse en información pública para orientar la reconstrucción.
Pero un mapa de edificios averiados todavía no es un mapa del desastre. Detrás de cada punto hay hogares, personas que no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas, familias que perdieron pertenencias, pequeños comerciantes sin establecimiento, trabajadores que dejaron de recibir ingresos, adultos mayores desplazados de sus entornos y niños y jóvenes cuyas rutinas fueron interrumpidas. Todas esas situaciones requieren una respuesta integrada desde una perspectiva de los derechos y servicios sociales integrados.
También hay miedo, cansancio e incertidumbre. La atención psicosocial no puede reducirse a una intervención durante la emergencia, tendremos que acompañar duelos, desplazamientos, pérdida de vínculos territoriales y reorganizaciones familiares durante bastante tiempo.
Reconstruir tampoco significa lo mismo para una familia con ahorros, seguros y capacidad de crédito que para otra que perdió su única vivienda, continúa pagando una deuda y vio disminuir sus ingresos. Habrá que observar quiénes terminan asumiendo los costos de la tragedia, qué ocurre con los créditos, arrendamientos, pequeños negocios, empleo y viviendas no aseguradas. El daño físico puede convertirse en endeudamiento, desplazamiento y pérdida patrimonial. Aquí puede comenzar un segundo desastre, menos espectacular que el primero: el empobrecimiento posterior al terremoto.
Reconstruir, entonces, no puede significar simplemente volver a levantar lo que se cayó. La experiencia de Popayán, Tierradentro y el Eje Cafetero debería servirnos para entender que después de los desastres aparecen recursos públicos y privados, decisiones excepcionales sobre vivienda, infraestructura y suelo y, con ellas, múltiples intereses económicos.
Los recursos que empiezan a anunciarse son necesarios y bienvenidos. Precisamente por eso necesitamos instituciones públicas fuertes, participación y organización comunitaria, información abierta y control ciudadano. Un fondo territorial de reconstrucción podría ayudar a diferenciar responsabilidades nacionales, departamentales, distritales, privadas y aseguradoras. Pero debería estar acompañado por un sistema público de información territorial.
Necesitamos saber qué ocurrió en cada sector, cuáles edificaciones fueron evaluadas, cuáles deben reforzarse o demolerse, dónde están las mayores vulnerabilidades, cuánto dinero está llegando, quién lo administra y qué decisiones urbanísticas se están tomando. También habrá que ampliar la mirada sobre las aguas, los suelos, los árboles, los animales, las cuencas y las redes de servicios afectadas. El territorio no es simplemente una plataforma disponible para volver a edificar, es una trama de vida.
La solidaridad de estos primeros días ha sido extraordinaria. Ahora necesitamos que esa energía ciudadana se transforme en capacidad pública, conocimiento compartido y participación en las decisiones que vienen.
Reconstruir será necesario. Reconstruir las mismas vulnerabilidades sería imperdonable.
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