El pueblo de Gramalote, Norte de Santander, dejó de existir el 17 de diciembre de 2010 por cuenta de un efecto de la combinación de lluvias y movimientos de tierra, es decir, a la ola invernal que azotó el país se le sumó una falla geológica, el cerro de la Cruz, al deslizarse, casi que literalmente se tragó el municipio donde vivían entre 3.500 y 6.000 personas.
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El presidente Juan Manuel Santos sobrevoló la zona y prometió la reconstrucción del poblado en otro lugar. Del sitio solo quedó en pie una de las dos torres de la iglesia, mientras el resto del casco urbano desapareció bajo el agua. En la memoria y en las narraciones de la gente está el rugido de la tierra y la idea de iniciar una nueva vida en otro lado.
A raíz de esta tragedia y como, las lluvias también afectaron de manera inclemente municipios del sur del Atlántico, se creó el Fondo de Adaptación. La entidad tendría capital autónomo justamente para liderar la reconstrucción y reubicación de pueblos y víctimas de la ola invernal, a la cabeza de la institución se nombró a la barranquillera Cecilia Álvarez.
En el caso de Gramalote la situación era urgente. Se trataba de lograr un reasentamiento para evitar que la catástrofe se repitiera. En mayo de 2011 empezaron los estudios para identificar el lugar de la mudanza, la investigación fue contratada por la exministra del gobierno Santos, Beatriz Uribe.
A pesar de la necesidad de materializar la reubicación, y el compromiso del expresidente Santos, los esfuerzos no correspondieron al desafío. Primó, por el contrario, la lentitud y el mal gasto de recursos.
Seis años después de la catástrofe, el 20 de diciembre de 2016, Santos regresó a entregar un poco de lo prometido, el correspondiente al 65%. Dentro de las construcciones finalizadas se incluyó la nueva plaza de mercado, 260 viviendas, el Centro Administrativo Municipal (CAM) y las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales; no obstante, la mayor parte de las viviendas no estaba lista. Al proyecto que debía construir 984 casas (612 de interés social para propietarios y 372 de interés prioritario para arrendatarios, para beneficiar a los más de 4.000 afectados, aproximadamente) aún le faltaba mucho por hacer.
Pasó más de una década hasta que José Manuel Restrepo, el último ministro de Hacienda de Duque, y Raquel Garavito, entonces gerente del Fondo de Adaptación, tomaran las riendas del asunto. En consecuencia, en 2021 se abrió la licitación de obra pública FA-LP-I-S-006-2021 cuyo objeto fue: Construcción, terminación y entrega de las viviendas faltantes, del nuevo casco urbano del municipio de Gramalote en Norte Santander. El ganador de la licitación fue el Contratista U.T Nuevo Gramalote y de interventor apareció Restrepo y Uribe SAS. El presupuesto destinado fue cercano a los $ 600 mil millones.
Después de más de una década, la frustración era mayúscula, sin olvidar la pérdida de recursos presupuestados en el reasentamiento. Decenas de contratistas incumplieron mientras otros trabajaron con sobre costos. Con el panorama anterior, la Contraloría decidió poner la lupa en el caso.
Para el ente de Control se trataba no solo de identificar a los responsables y lograr una reintegración del dinero, sino de asegurar una salida a la gente de Gramalote que llevaba más de diez años esperando.
La tarea de la Contraloría, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, produjo resultados
La entrega de todas las viviendas de nuevo Gramalote tomó 14 años y para llegar a buen término fue clave el rol de la Contraloría, la veeduría y la comunidad.
En 2020, del proyecto de reconstrucción de las casas de Gramalote, de las 988 viviendas prometidas un total de 128 hogares estaba sin finalizar y con problemas. Por los inconvenientes, el Fondo de Adaptación decidió levantar un proceso por incumplimiento al contratista, Unión Temporal Nuevo Gramalote; y al representante legal de la Unión, Ricardo León Carvajal Franklin, se le informó de la situación.

En 2020 la Contraloría estaba presente en la reconstrucción de Gramalote. Y para evitar que un proceso tan avanzado quedara incompleto. Se abrió una nueva licitación, aunque se declaró desierta durante varios meses.
El seleccionado para el conjunto de casas fue Consorcio Viviendas Gramalote. El presupuesto asignado fue de $ 16.970.521.605 pesos. Los obreros comenzaron a trabajar el 9 de diciembre de 2022. En diez meses todo debería estar listo; sin embargo, llegaron los improvistos, mediante una suspensión y cuatro prórrogas.
La Contraloría mediante su provincial Vicky Xiomara Moros Peñaranda, estaba pendiente de materializar el contrato con Viviendas Gramalote. Gracias a 49 diálogos y múltiples jornadas de trabajo en el territorio logró llevar el proyecto a buen término.
Gracias a esa vocación de diálogo y al denodado trabajo como amigables componedores, la Contraloría ha salvado varias construcciones en riesgo de abandono. De la anterior pueden dar fe casos reconocidos como estadio 20 de Enero, el Instituto Débora Arango, el colegio San Felipe Neri , o el puente Juanchito, entre otros.
Al fin, el 10 de octubre de 2024, el director del Fondo de Adaptación, Carlos Carrillo Arenas, formalizó la entrega del 100% del proyecto reubicación de Gramalote, que tuvo una inversión final de $ 20.381.573.313. La espera de cerca de catorce años se acabó y la comunidad pudo pasar la página.