Por estos días, el conflicto entre Irán e Israel parece un asunto distante. Sin embargo, en Colombia ya se está pagando y caro en cada estación de servicio. No con titulares de guerra, sino con el precio de la gasolina.
El encarecimiento del petróleo, impulsado por la inestabilidad en Medio Oriente, golpea directamente los precios internos. Y aquí aparece una de las grandes paradojas del país: aunque Colombia produce petróleo, paga la gasolina a precios internacionales. Es decir, una crisis a miles de kilómetros termina reflejándose en el tablero de cualquier bomba de servicio en Cartagena, Bogotá o Medellín.
Pero más allá del impacto económico, hay un debate político que merece ser cuestionado. El presidente Gustavo Petro ha insistido en una idea polémica: que la gasolina es un bien consumido principalmente por los sectores más ricos del país. Bajo esa lógica, el alza en los precios no afectaría de manera significativa a la mayoría de los colombianos. El problema es que esa afirmación no resiste la realidad.
En Colombia, la gasolina no es un lujo exclusivo de élites. Es el motor de una economía informal y popular que depende del transporte diario para sobrevivir. Mototaxistas, conductores de plataformas, pequeños transportadores, repartidores y hasta familias de clase media baja que usan vehículo para trabajar o movilizarse están directamente expuestos al precio del combustible.
Pero incluso quienes no tienen carro propio pagan las consecuencias. Cuando sube la gasolina, sube el transporte público y el costo de llevar alimentos a las ciudades. Es un efecto en cadena que no distingue estratos. La gasolina, en realidad, es un costo transversal. Reducir este fenómeno a una discusión de “ricos vs. pobres” no solo simplifica el problema, sino que invisibiliza a millones de colombianos que dependen indirectamente del combustible.
Es cierto que los hogares de mayores ingresos consumen más gasolina en términos absolutos, pero el impacto relativo —el golpe al bolsillo— suele ser mucho más fuerte en los sectores vulnerables. En este contexto, el alza del combustible, impulsada por factores globales como el conflicto entre Irán e Israel, debería abrir un debate más serio y menos ideologizado. No se trata de negar la necesidad de ajustes fiscales ni de ignorar los problemas estructurales del subsidio a la gasolina; se trata de reconocer que las decisiones sobre precios tienen consecuencias reales y desiguales.
Porque mientras la discusión se queda en el discurso, la realidad avanza por otro lado: cada aumento en la gasolina se traduce en menos margen para quienes viven del día a día. Y en un país donde buena parte de la economía depende del rebusque, ese impacto no es menor. La guerra en Medio Oriente no distingue fronteras, pero el precio de la gasolina tampoco distingue clases tanto como algunos quisieran creer. Pensar lo contrario no solo es un error de diagnóstico: es un riesgo político y social. Al final, el tanque no pregunta por estrato; solo marca cuánto cuesta llenarlo.
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