Opinión

Asesinatos de líderes sociales: ¿por qué?

Informe de ONU prende alarmas, se está reviviendo el paramilitarismo, y no solo se trata de crímenes, sino actos dirigidos a evitar la reivindicación de derechos violados a la fuerza

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Marzo 19, 2019
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Asesinatos de líderes sociales: ¿por qué?
A este panorama aterrador de violencia se suma el ambiente político de profunda división

Es absolutamente incomprensible que Colombia, su sociedad y sobre todo el gobierno, muestren indiferencia frente a el asesinato permanente de líderes sociales. Parecería que este país ha llegado al extremo de aceptar la violencia contra quienes defienden los derechos de los más pobres de esta sociedad, como parte del panorama nacional. Nadie, realmente se inmuta frente a los análisis absurdos que se hacen sobre los asesinatos de quienes velan por la vida y seguridad de los ciudadanos. Ni siquiera cuando las autoridades nacionales se atreven a atribuirlos a peleas de faldas. Se necesita realmente ser muy insensible e irresponsable para afirmar semejantes barbaridades. El país ha debido reaccionar fuertemente y no lo hizo. Pero no, no pasa nada. El gobierno Duque bajo el manto del expresidente Uribe ya lleva prácticamente 8 meses y esta gravísima y dolorosa situación lejos de resolverse se agrava, y no hay la más mínima señal de que esta realidad trasnoche a los miembros de esta Administración.

Pero para el mundo esta sí es una verdadera tragedia. Como lo recogen los medios, “El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregó este jueves su informe anual en el que expuso un oscuro panorama para la situación de Colombia.” De acuerdo al informe de la ONU, “en el 2017 hubo un incremento de la violencia en Colombia y se mantienen otros desafíos como la lucha contra la impunidad, la corrupción y la necesidad de reducir la brecha de desigualdad, específicamente en las zonas rurales del país”

Lo que se necesitaba saber empieza a quedar claro: son los defensores de derechos humanos las víctimasLa ONU asegura que “en el 2018 fueron asesinados 110 defensores, de los cuales el 27 por ciento eran mujeres de pueblos indígenas”. Además otros datos parciales de otras fuentes anotan que también se trata de defensores del derecho a la tierra de quienes vuelven a los predios que les quitaron de manera violenta.

 

¿Será que ahora que la ONU pone el grito en el cielo
y afirma que los homicidios crecieron en la mitad de los municipios del país,
el gobierno dejará de marginar este doloroso debate?

 

¿Será que ahora que la ONU pone el grito en el cielo y afirma que los homicidios crecieron en la mitad de los municipios del país, el gobierno dejará de marginar este doloroso debate? Si no aborda esta situación, es a la sociedad civil a quien le corresponderá exigir acciones concretas porque no solo se trata de crímenes, sino de actos dirigidos a evitar la reivindicación de derechos violados a la fuerza. De esta forma, se busca satisfacer a quienes se han adueñado de la tierra y de la posibilidad del desarrollo real de amplios sectores del país. Y después se preguntan por qué nada cambia en Colombia en términos de la concentración del ingreso, del capital y de la tierra.

Lo que está sucediendo en Colombia es que está reviviendo con fuerza el paramilitarismo, cuyos vínculos con sectores poderosos del establecimiento colombiano es evidente. Como evidentes son las consecuencias que pueden esperarse; el despojo de tierras, las violaciones masivas y públicas de mujeres para forzar desplazamiento de familias enteras. Es decir, revivir la guerra. Sobre estos crímenes, la ONU dice que “si bien no representan el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones, que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho”.

El informe de la ONU afirma que “el 66 por ciento de los asesinatos de líderes sociales está relacionado con las denuncias u oposición que mantuvieron frente a acciones criminales […] y el apoyo al acuerdo de paz”. Más aún, “el 40 por ciento de casos fueron posiblemente antiguos miembros de grupos paramilitares, el 18 por ciento no estaba afiliado a ningún grupo armado, el 8 por ciento eran integrantes del ELN, el 4 por ciento del EPL, el 5 por ciento eran miembros de la Fuerza Pública, y el 8 por ciento fueron antiguos miembros de las Farc que no se acogieron al acuerdo” Y aun así, ¿siguen insistiendo que fue por un conflicto de faldas?

A este panorama aterrador se suma el ambiente político generado por el gobierno del Centro Democrático, que nos regresó cinco años atrás a la profunda división de este país. Con este ambiente, solo provoca sentarse a llorar o mejor denunciar y plantear la respuesta obvia a la pregunta de ¿por qué? Quienes se han beneficiado de la guerra la quieren continuar, así de simple

 

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