En la recomposición geopolítica del mundo actual, con la correspondiente redistribución de espacios territoriales y continentales, entran en juego las actuales potencias imperialistas, tal como las caracterizó Lenin en su texto clásico sobre el imperialismo en su fase superior: la distribución de territorios, mercados y dominios del poder financiero y bancario. Una de las tendencias más visibles es el repliegue del poder estadounidense hacia sus áreas iniciales de expansión, acompañado de su infraestructura política, cultural, naval y militar.
Este enfoque remite a la llamada Doctrina Monroe (1823), que sirvió de soporte a procesos históricos como el despojo de territorios a México, la separación de Panamá de Colombia, la intervención en República Dominicana y la imposición de regímenes autoritarios favorables a intereses empresariales ligados a sectores como el petróleo, la minería, la producción bananera y otros recursos estratégicos.
La Doctrina Monroe estableció que América debía quedar bajo la influencia exclusiva de Estados Unidos, excluyendo a otras potencias de lo que se consideraba su área vital. De este modo, la región al sur del río Grande quedó configurada como una zona de influencia subordinada dentro del proyecto geopolítico estadounidense.
Con la nueva doctrina de seguridad impulsada por Donald Trump, se busca un giro regresivo que pretende reinstalar lógicas propias de la diplomacia de las cañoneras y de la imposición directa del poder en la región, particularmente en el Caribe y el Pacífico.
Desde esta perspectiva, se advierte que documentos recientes del Departamento de Estado desconocen el contexto global actual y buscan frenar la presencia de China en América Latina, pese a las capacidades de ese país en campos como la tecnología, la logística, la ciencia y el desarrollo de infraestructura vial, portuaria y de transporte masivo.
Pretender aislar la región mediante decisiones administrativas o demostraciones de poder militar resulta insuficiente frente a las dinámicas reales del sistema internacional, caracterizado por una creciente multipolaridad.
Asimismo, las políticas orientadas a presionar a los países latinoamericanos mediante deportaciones masivas, sanciones económicas, aranceles elevados o amenazas de intervención generan tensiones sociales y políticas que agravan los conflictos existentes en la región.
Desde esta lectura, el gobierno de Trump ha contribuido a intensificar las contradicciones sociales y a fortalecer diversas formas de resistencia popular en América Latina, en un contexto marcado por profundas desigualdades estructurales.
En las naciones de la región se configura así un nuevo escenario de disputas sociales y políticas que plantea desafíos importantes para los sectores de izquierda, en términos de organización, articulación y construcción de modelos alternativos de acción política.
Estos desafíos se vuelven más visibles ante la reconfiguración cultural y política de corrientes de derecha que retoman elementos de ideologías autoritarias del siglo XX. En este escenario, la izquierda enfrenta el reto de fortalecer su vínculo con los sectores populares, promover procesos de formación política y reactivar su papel histórico en la defensa de derechos y en la construcción de nuevas subjetividades sociales.
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