Texto escrito por: Carlos Arturo Cadavid
A las 7:34 am con magnitud de 7.4 y epicentro al sur del Departamento del Chocó) en la población San José del Palmar, al occidente de Colombia sobre la costa del océano Pacífico, se presentó un terremoto que afectó las ciudades y poblaciones del Sur Occidente del país, con incontables pérdidas humanas aún y daños materiales en cientos de edificaciones que se desplomaron tras tan largo y fuerte sismo.
Lamentablemente la tierra se mueve desde siempre, y casi siempre se derrumba lo que fue mal construido, o lo que dejaron construir mal: ahí están las causas de fondo de las víctimas y los daños.
Ante todo, toda la solidaridad de AIH con las víctimas, subrayando la necesidad de la atención de emergencia y del alojamiento para todos, cimientos de una reconstrucción segura con la participación de los habitantes y de sus organizaciones.
La Alianza Internacional de Habitantes se une con fuerza y afecto al pueblo colombiano, golpeado duramente por el terremoto del 10/08/2026, el segundo en poco tiempo que sacude a Nuestra América, después del que golpeó doblemente a la República Bolivariana de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 con magnitudes de 7,2 y 7,5. dejó más de 6.500 fallecidos y devastó amplias zonas en la costa Caribe frente a la región de La Guaira.
Balance de las afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios.
Según el último reporte nacional número 45 publicado por el gobierno de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD, 25/08/2026), las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 en el suroccidente colombiano, comprende los siguientes datos, entre víctimas fatales y daños en viviendas e infraestructura de servicios, cifras en aumento a medida que avanzan los censos (Estas cifras están en constante actualización debido a las revisiones técnicas adelantadas aún por los grupos de expertos y las propias comunidades):
Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en Colombia antes del sismo:
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025, “la cantidad de personas que habitaban en el país era de 53 millones 368 mil y el total de hogares estimado ascendía a 18 millones 952 mil, lo que significa un promedio de 2,82 personas por hogar.”
El déficit nacional total de vivienda en el país (en cantidad y calidad), según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) es de 4.800.000 viviendas, antes del siniestro sísmico, cifra conservadora a la cual habrá que sumarle el déficit directo causado por el terremoto, unas 500.000 unidades habitacionales. Dentro de esta cifra para el año 2025 se encontró una carencia total de vivienda física para 1.800.000 familias. Veamos:
En el país, el 40,8% de los hogares habitaba en una vivienda arrendada o subarrendada, tendencia que se ha mantenido durante el último lustro y que es una de las causas que explica en parte la baja del déficit de vivienda nueva en algunas regiones. En 2025 en Risaralda (Pereira) la ocupación en arriendo era del 47.8%, en el Quindío (Armenia) del 47.1%, en el Valle (Cali) del 46.3% y en Caldas (Manizales) del 42.1%.
Tenemos algunas preguntas: ¿cómo se atenderá el déficit anterior cuando las prioridades solo serán para las familias que hayan sufrido directamente la destrucción de sus casas y apartamentos, como propietarios en firme o con obligaciones hipotecarias y financieras vigentes e inquilinos sin propiedad conocida? ¿Qué pasará con los damnificados poseedores de buena fe y ocupantes de hecho y con los habitantes sin techo, si tendrán una oportunidad de acceder a una vivienda digna y asequible?
Dos ejemplos de déficit habitacional que aumenta el desalojo forzoso:
En la ciudad de Pereira, que en 2025 tenía un déficit de vivienda de 5.000 unidades, unas 35.263 viviendas resultaron afectadas, de las cuales unas 9.200 presentan daño severo con deterioro estructural a causa directa del movimiento telúrico; sin embargo, según los estudios de 2023 sobre riesgo sísmico en caso de un terremoto con una magnitud muy similar a la ocurrida el pasado 10 de agosto, se afectarían en forma severa, moderada y leve cerca del 31% de las edificaciones (lo que en realidad ocurrió).
En Cali, se afectaron unas 50.000 viviendas, entre las cuales hay unas 18.000 con daños severos, lo cual aumenta considerablemente el déficit cuantitativo, mientras que la carencia cualitativa es extremadamente numerosa, es decir, el resto, pero sin tener presente los porcentajes deficitarios antes al sismo.
Cabe señalar que solo hasta los años 2010 en adelante comenzaron en Colombia a actualizarse las normas de sismo resistencia, con años de atraso respecto a los llamados de los especialistas y a las normas internacionales. Específicamente en Pereira y Cali, hoy en el centro de la tragedia, apenas desde el 2022 y 2023 se están aprobando los mapas de riesgo sísmico y la actualización de los códigos urbanísticos. Probablemente, la falta de cumplimiento de estas normas por muchos años ha incrementado el daño y las víctimas.
De hecho, esta tragedia de la naturaleza significa un desalojo masivo por causas de fuerza mayor, exacerbada por la obsolescencia de las normas de sismo resistencia en las edificaciones, sobre todo las construidas en las décadas de 1980, 1990 y 2000, entre las cuales se encuentra un alto nivel de vivienda social tipo urbanización o unidad residencial, que colapsaron y teniendo en cuenta que los mapas de riesgo sísmico obligatorios en cada ciudad son recientes (Cali 2022 y Pereira 2023).
Recursos insuficientes para la recuperación y la reconstrucción:
El propio gremio que reúne a los constructores en Colombia, CAMACOL, a través de su presidente Guillermo Herrera, manifestó que el denominado programa Mi Casa Milagro, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, no será suficiente para la recuperación y reconstrucción de las viviendas y que será indispensable una reconsideración total de los subsidios para incluir a los hogares de clase media en función del daño sufrido y la capacidad de pago, crédito con respaldo oficial e incentivos para las compañías constructoras. Señaló además que el mismo decreto de emergencia económica dictado por el gobierno nacional “reconoce que la política convencional ordinaria de vivienda va a ser insuficiente para atender el sismo”.
El sector financiero y la empresa privada anunció y empezó a recaudar, por su lado, millonarias donaciones superiores hoy a más de un billón de pesos (US $ 311.800.000) canalizadas por algunas de sus fundaciones sin ánimo de lucro y prometió créditos para soluciones de vivienda con tasas de interés del 8% (el IPC o inflación estaría en 8% al final del año), la refinanciación de los créditos hipotecarios y tres meses de gracia o suspensión de las amortizaciones para el sector de los adjudicatarios (alivio ya existente en la legislación para casos de desempleo y fuerza mayor). Sin embargo, algunas entidades contemplan el reconocimiento de los seguros por siniestro sin deducibles, como lo anunció el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y las compañías aseguradoras que han recibido a la fecha “36.415 reclamaciones por la tragedia y estiman siniestros por $1,2 billones”.
“Más allá de las donaciones económicas, las empresas han puesto a disposición alimentos, infraestructura, transporte, conectividad y logística, elementos fundamentales para atender la emergencia y preparar la etapa de reconstrucción”, informó la prensa nacional, y abogan por “garantizar que estos recursos lleguen efectivamente a las comunidades damnificadas y sean utilizados de manera transparente, coordinada y de acuerdo con las necesidades reales de cada territorio”.
En contraste, debemos tener en cuenta que, en los 12 meses de enero de 2025 a enero de 2026, los bancos en Colombia registraron utilidades de más de 1.2 billones de pesos (US $ 374.160.000) y que el sector financiero tuvo en el anterior gobierno las mayores utilidades de su historia, aplicando unas tasas de interés especulativo desde el 29% hasta el 45% en promedio, por los servicios que cobran, en una economía cuya inflación no ha pasado del 6% anual.
Igualmente, debemos tener presente que con un billón de pesos se pueden financiar solamente 6.346 unidades de vivienda de interés prioritario con valor cada una de $ 157.581.450 (US$ 49.213) en obra negra y materiales de calidad mínima legal, designadas para estratos 1 y 2 o ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Podemos deducir que se mantendrá en el tiempo y en aumento la discriminación del derecho a la vivienda digna por factores sociales y económicos, es decir, se achicará más este derecho fundamental para el grueso de la población.
Otras preguntas para resolver:
¿Cuáles familias podrán regresar a sus casas y cuáles permanecer en albergues temporales mientras avanzan las evaluaciones y las reparaciones, las demoliciones y los procesos de construcción y asignación de una nueva solución de vivienda?
¿Cuántos recursos se requieren para que en cuatro años como sugieren los gremios y el propio gobierno se necesitan para sufragar semejante déficit habitacional acumulado?
¿Se institucionalizará de nuevo y de manera extensa la mala calidad y achicamiento de la vivienda digna en Colombia con soluciones de emergencia de entre 28 y 36 metros cuadrados?
¿Se incluye en las proyecciones el alto costo alcanzado por los arriendos y la especulación inmobiliaria fijada al precio creciente del suelo antes y después del sismo en la región afectada?
¿La tragedia puede convertirse en una nueva, milagrosa e imprevista fuente de enriquecimiento para un puñado de empresas contratistas, sectores inmobiliarios y la banca nacional e internacional, por el volumen de las pérdidas superiores a los 30 billones de pesos, unos $ 10.000 millones de dólares?
Una creciente solidaridad ilimitada en todo el país con las víctimas del terremoto
Por encima de cualquier consideración, ha sido la propia comunidad organizada e individualmente la que acudió de inmediato en socorro de familiares, vecinos y desconocidos afectados por la tragedia y rescató innumerables víctimas de entre los escombros e igualmente adoptó sistemas de apoyo y solidaridad alimentaria, de abrigo y protección de la población adulta mayor y la niñez, destacándose brigadas de jóvenes acuciosos e incansables. En todo el país se presentó y sigue presentándose una gran movilización de solidaridad con las víctimas del terremoto, de personas, organizaciones sociales, privadas, públicas sin precedentes, que aplaudimos y respaldamos.
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